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La solución es que el TCP se manifieste, según el abogado Rojas

La defensa de suboficial Gil se querella contra tribunal militar

Un presidente y dos vocales militares son acusados ante la Fiscalía de dictar resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes.

La defensa de suboficial Gil se querella contra tribunal militar

Freddy Barragán / Página Siete. Madre del suboficial Sucojayo en huelga en la plaza Avaroa.

Sergio Mendoza  / La Paz
La defensa del suboficial Johnny Félix Gil Leniz presentó el lunes una querella contra el presidente y  dos vocales de la Sala de Apelaciones y Consultas del Tribunal Supremo de Justicia Militar (TSJM), por las acciones "ilegales” que estancan el proceso del militar que cumple detención preventiva en el Estado Mayor.
  "Los delitos por los que nos querellamos son: por dictar resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, por incumplimiento de deberes y por incumplimiento  a resoluciones en acciones de libertad y amparo constitucional”, informó César Rojas, abogado del militar de baja graduación  encarcelado.  
Gil fue arrestado en el Estado Mayor del Ejército  el 15 de mayo  por protagonizar movilizaciones en abril de 2014 y exigir la descolonización de las Fuerzas Armadas. Fue acusado por los  ilícitos de rebelión, sedición y motín, con penas entre los dos y 10 años de presidio.
    
El 9 de junio de este año un juez del Tribunal Permanente de Justicia Militar ordenó su detención con la resolución 005: "Por resistencia y desobediencia en forma evidente ante la Autoridad Militar, por contar con Sumario Informativo Militar por Deserción (no contar con un trabajo fijo) y principalmente por existir suficientes indicios de culpabilidad en la comisión de los ilícitos por los que se le acusa”.
 
Entonces la defensa pidió la cesación a la detención preventiva, figura no considerada en el CPPM, por lo que la justicia ordinaria suplió este vacío jurídico con el Código de Procedimiento Penal (CPP), a través de su artículo 234 "peligro de fuga”.   
 
La defensa  desvirtuó estos riesgos procesales y aseguró que Gil tiene un trabajo fijo en el mismo Ejército, ya que pasó a la letra "E” de "disponibilidad” a través de un memorándum. Además  que acreditó un domicilio fijo y tener una familia.
   En una primera oportunidad el juez del Tribunal  Militar no  valoró las pruebas presentadas para desvirtuar los riesgos procesales. El caso pasó a la Sala de Apelaciones y Consultas del TSJM, donde se ratificó la detención preventiva sin valorar las pruebas con la resolución 011.
La defensa presentó dos acciones de libertad, ambas les fueron concedidas por dos jueces de sentencia que instaron a la Sala de Apelaciones y Consultas del TSJM a emitir nuevas resoluciones.
La última fue la resolución 015, en la que se aceptó que los riesgos procesales del artículo 234 del CPP fueron desvirtuados. Sin embargo, se incluyó el artículo 233 y 235 para sostener que Gil puede "obstaculizar” las investigaciones, por lo que se declaró improcedente la acción de libertad. Lo relatado puede repetirse, según Rojas, por lo que la "solución”, según él, es que el Tribunal Constitucional Plurinacional emita una resolución para que se libere al suboficial Gil.
Este medio intentó ayer conocer la versión del TSJM, pero no fue posible.

 Tras siete días de huelga, hay tres bajas

Hoy se cumplen  ocho días de huelga de hambre que mantienen los familiares de los suboficiales con detención preventiva  Freddy Sucojayo, Franklin Colque y Johnny Gil.
Los dos primeros se encuentran en la Primera Brigada Aérea de la ciudad de El Alto  y el segundo en el Estado Mayor del Ejército, en Miraflores.
 Hasta ayer, en el séptimo día, de las cuatro personas (familiares de Gil) que iniciaron la huelga, sólo su madre Roberta Leinz, de 67 años, permanecía en las carpas instaladas en la plaza Abaroa, frente al Ministerio de Defensa.
 Los otros tres: Jesús Suárez, de 52 años; Humberto Zamora, de 65; y Amelia Mendoza (esposa de Gil), de 42; se marcharon a sus casas para recuperar fuerzas y regresar.
En los días siguientes se sumaron más personas. Actualmente son nueve que están en huelga y piden la libertad de los tres suboficiales.

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