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Dos grupos afines al Gobierno buscan regularlas

Expertos: Al normar las redes sociales se criminalizará a usuarios y traerá censura

Ciudadanos comenzaron a debatir sobre la posible regulación de estos espacios. “Es necesario potenciar los equipos de la Policía y la Fiscalía para atender delitos de orden informático”, dicen los expertos.

Expertos: Al normar las redes sociales se criminalizará a usuarios y traerá censura

Carla Hannover / Página Siete.Ciudadanos participan del foro debate ¿Se deben regular las redes sociales en Bolivia?.

Carla Hannover  / La Paz 

Varios temores han surgido  en la población desde que se habló de regular las redes sociales digitales en Bolivia.
 
Expertos consultados por Página Siete, sobre esta posibilidad, coinciden en que una regulación de estos espacios "recargará la justicia, traerá la censura previa y hasta criminalizaría el accionar de los usuarios cuando estos practiquen su derecho a la libre expresión”.

Se  han anunciado al menos dos   iniciativas con miras a  regular las redes sociales digitales por grupos o autoridades afines al partido de Gobierno. Esto,  luego de conocer los resultados del referendo constitucional del pasado 21 de febrero. 
 
La primera fue anunciada por representantes de las seis federaciones del trópico de Cochabamba y, una segunda, por  el  diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS)  Víctor Borda, quien  explicó que con este proyecto  se busca sancionar el anonimato y otros delitos como la deshonra,  la difamación y la trata y tráfico de personas que se genera en  estos espacios.    
 
"Las redes sociales (digitales)  se han convertido en instrumento de hechos delictivos (...) Hay gente anónima  que crea redes para difamar a cualquier ciudadano,  vulnerando los principios constitucionales”, explicó Borda, quien los próximos días dará a conocer su  proyecto de ley.
 
El legislador explicó que el espíritu de esta norma "busca prevenir el mal uso de las cuentas en redes sociales” y en ese sentido se establecerían algunos tipos penales de delitos, que a su parecer, surgen en estos espacios. 
 
Este panorama ha llamado la atención de expertos bolivianos y de gente que vive en el exterior, que trabajan con este tema  y  que consideran que regular las redes sociales sería una tarea "por demás complicada para el Estado”.
 
El anonimato "es un derecho”
 
Para Javier Pallero, analista argentino  de políticas públicas en Access Now, una organización internacional que defiende los derechos de los usuarios de internet, la propuesta del diputado Borda es muy "apresurada y general”. "Buscan prohibir el anonimato y ese es un problema, dado que   cada persona que abra un perfil anónimo o con seudónimo en redes sociales va a estar incurriendo en  un delito. Esto  implica que el  Estado va a tener que perseguir a cada  persona con cuentas de este tipo”.
 
En septiembre 2015, la Autoridad de Telecomunicación y Transporte (ATT)  registró más de cuatro millones de conexiones a internet, a través de tecnología 2.5G-5G. "La mayor parte de estas conexiones están en áreas urbanas de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba”, complementó la boliviana Mariana Leytón, estudiante doctoral en la Escuela de Comunicación de American University  (EEUU), enfocada en la intersección entre medios, tecnología y democracia.  
 
De esos cuatro millones  "el 90% de la población  en el eje urbano-central  usa su teléfono inteligente para comunicarse a través de redes sociales”, dijo. Por lo que intentar controlar estos espacios "sería una tarea que demandaría del Estado una fuerte inversión”, indicó Pallero. 
 
Anonimato y la libre expresión

El especialista argentino explicó  que prohibir el anonimato atentaría contra la libre expresión. "El anonimato puede ser muy importante para la libertad de expresión porque permite la opinión de los disidentes políticos, el trabajo de los informantes periodísticos y protege las actividades de grupos en situación de vulnerabilidad o peligro”.
 
Por ello, si la preocupación es dar con gente que incurra en delitos como la trata y tráfico, la estafa, la difamación o calumnias vía redes sociales digitales, Pallero recomienda acudir a la investigación forense; los pedidos de informes a las mismas compañías como Facebook   y otras técnicas de investigación  válidas dentro del marco de un proceso judicial.
 
Tanto Pallero como Leytón coinciden en que la actual coyuntura política y su repercusión en redes sociales como Facebook o Twitter  ha incidido en  que  las autoridades busquen   regular los contenidos que se circulan en estos espacios.   
 
En un reciente foro debate  realizado  en La Paz sobre la posible regulación de redes sociales, Enrique Pomar, funcionario del ministerio de Comunicación,  opinaba a título personal, que  Facebook había perdido el sentido con el que había sido creado. 
 
"Lamentablemente, por una serie de factores, se ha convertido en un espacio de odio, de racismo y donde se vulnera los derechos de las personas... Hay grupos  en los que ponen   información como el supuesto caso de una funcionaria que trabaja en el Gobierno y ponen información que  no esta corroborada, y que se viraliza. Esto, sin hablar de los ataques al Presidente y al Vicepresidente”.
 
Ante esa observación, Pallero señaló que hay legislación internacional como el pacto de San José de Costa Rica,  tratado que firmó Bolivia, "que dice que los funcionarios públicos tienen  la obligación de tolerar más la difamación e inclusive las injurias y calumnias porque son parte de la crítica que el pueblo le hace a los gobernantes y eso es un derecho superior incluso  al derecho al honor que pueda tener un funcionario público”.
 
Punto de vista
Mariana Leytón
Experta en tecnología y democracia 
 
 "Se debería  invertir  en  capacitar a la Policía y Fiscalía ”
 
Para analizar si sería necesario que los Estados regulen las redes sociales, miremos las ideas propuestas por el diputado Víctor Borda y pensemos si estos temas deberían ser tocados por el Estado de alguna manera.

¿A qué se refiere Borda con "una violación de datos”? Si un Estado quiere proteger el uso de los datos personales de una persona mediante una norma, debe definir qué son datos personales y cuáles son las condiciones para usarlos.  El consentimiento de una persona sobre sus  datos personales, por ejemplo, debe ser reconocido como base para poder utilizar servicios como Facebook o Whatsapp. 
 
Un segundo tema que propone Borda es el de penar la afectación de la honra en redes sociales. Hay que tomar en cuenta que la difamación está ya penada por ley, y que si de esto se trata, el Gobierno haría mejor en invertir recursos para capacitar a la Policía y a la Fiscalía, así como para concienciar a la ciudadanía, sobre cómo seguir procesos de difamación  en internet. 
 
De hecho, el Gobierno, a través de un equipo técnico de la Primera Vicepresidencia de la Cámara de Senadores, en colaboración con la Fundación REDES, ya está trabajando en un proceso que incorpora un diagnóstico sobre qué formas de violencia digital existen en el país, una capacitación institucional en el tema de enfrentar la violencia digital y recomendaciones, protocolos y estándares de prevención, atención y erradicación de la violencia digital”. En lugar de presentar propuestas aceleradas, el Gobierno podría promover este tipo de iniciativas.
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