Entre 2017 y 2018, el banco estatal sufrió al menos tres desfalcos, dos en La Paz y uno en Santa Cruz; el peor de todos fue el protagonizado por Juan Pari Mamani.

Expertos del sector señalan que si bien hubo interés de las operadoras, la reglamentación de la Ley 767 impidió a las empresas cobrar el pago de beneficios.

Los conflictos sociales, las marchas y bloqueos luego de las elecciones causaron escasez y desabastecimiento de varios productos.