Una bomba de tiempo llamada San Salvador

La tregua hace aguas y la violencia persiste en este país que tiene más de 80.000 pandilleros. Los partidos mantienen un duro discurso, pero a su vez se disputan su base social.
domingo, 17 de abril de 2016 · 00:00
San Salvador / IPS, José Ignacio De Alba y Fernando Santillán

El video circuló los primero días de abril. Tres hombres uniformados y con el rostro cubierto, que aseguran ser agentes de la Policía Nacional Civil de El Salvador, leen un comunicado "junto con el grupo de exterminio libertad o muerte”, en el que advierten que "todo tipo de opinión o comentario a favor de estos pandilleros terroristas serán tomados como enemigos”.

"No a la tregua. No al diálogo con estos parásitos”, remata el mensaje que los supuestos policías mandan a la comunidad internacional, a los defensores de derechos humanos, a las iglesias y al arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, quien días antes había pedido al Gobierno no excederse en el uso de la fuerza con los pandilleros.
 
"Le pedimos que se abstenga de opinar y continuar estas decisiones. Queremos que recuerde cómo Monseñor (Óscar) Romero se hizo mártir de la patria,  no queremos que Monseñor quiera convertirse en mártir de las pandillas”, afirma.
 
La referencia al emblemático obispo católico que el 24 de marzo de 1980 fue asesinado mientras oficiaba una misa en la capilla de un hospital, removió la memoria.
 
Óscar Romero –beatificado en 2015- es venerado en este país. El día anterior a su asesinato  había hecho un llamado al Ejército para cesar la represión contra el pueblo que se convulsionaba con el inicio de una Guerra Civil que dejó más de 75.000 muertos y desaparecidos en 12 años. "Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios”, dijo entonces el cura.

Una guerra 
 
Cuatro décadas después, El Salvador libra otra guerra, no oficial. Según estimaciones oficiales, en El Salvador hay más de 80.000 pandilleros. Los grupos políticos mantienen un duro discurso contra las pandillas, pero bajo la mesa todos se disputan su base social.
 
Este año inició con un promedio diario de 23 homicidios, casi todos de hombres jóvenes. En la primera semana de abril, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) lanzó una alerta sobre el aumento de solicitantes de asilo en México y aseguró que el número de desplazados por la violencia en América Central "ha alcanzado niveles que no se veían desde los conflictos armados que sacudieron la región en los años 80”.
 
El partido que formaron las guerrillas tras los acuerdos de paz aquel 1992, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), lleva siete años en el poder y los pandilleros que controlan la ciudad lo acusan de tener escuadrones de exterminio contra la población civil.

La tregua que no fue
 
La historia es conocida y ha sido documentada ampliamente por el diario digital El Faro: en 2012, el obispo Fabio Colindres y el excomandante guerrillero Raúl Mijangos  visitaron en las cárceles a los líderes de las dos pandillas que había en El Salvador –la Mara Salvatrucha (MS) y Barrio 18–, para impulsar un proceso de pacificación entre pandillas.
 
Ellos aceptaron con la condición de que serían trasladados a penales de mínima seguridad, cerca de sus familias, y se iniciaría un proceso de integración social a través de proyectos impulsados desde el Estado.
 
Durante los meses siguientes las tasas de homicidio disminuyeron. Pero el programa de reinserción nunca llegó.
 
El partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (Arena) acusó al gobierno de Mauricio Funes (2009-2014) de pactar con criminales y entregarles el control de los centros penitenciarios. El Ejecutivo fue presionado por sus propios aliados y por Estados Unidos, que condicionó recursos para proyectos de reinserción.
 
Tres años después, el único resultado de la "tregua” entre pandillas fue la fractura de Barrio 18, que se dividió en dos pandillas: la 18 sureña y la 18 R (revolucionaria),  que se formó con los pandilleros que se negaron a un trato con la MS.
 
En marzo, sin embargo, el Faro difundió un video, grabado durante la campaña presidencial, que muestra a Ernesto Muyshondt, entonces vicepresidente de Arena y un duro crítico de la tregua, negociando con los líderes de las pandillas, a los que ofreció terminar con el régimen de máxima seguridad de la cárcel de Zacatecoluca, donde están presos sus líderes históricos, si su candidato, Norman Quijano, ganaba la elección. Paradójicamente, la campaña de Quijano ofrecía "un país libre de maras”.

Terroristas y escuadrones de exterminio
 
A finales del 2014. La tregua hacía aguas. "Participamos en una mesa donde estaba el Gobierno, las empresas privadas, la gente del FMLN y Arena. Presentamos una carta pastoral al Gobierno para que mantuviera los acuerdos, pero nomás salimos y empezaron a moverlos a los penales”, dice Giovanni Marroquín,  integrante de la Iniciativa Pastoral por la Vida y la Paz (IPAZ), una organización ecuménica que nació en 2012 y que inicialmente incluyó a la Iglesia Católica.
 
"En el sector de las campaneras asesinaron a tres muchachos, los policías empezaron a jugar al tiro con ellos enfrente de toda la colonia. Eso indignó a las pandillas y se fueron contra las familias de los policías. Mataron a la mamá del primer policía, de la delegación de Zacatecoluca”, cuenta.
 
En julio de 2015, los revolucionarios, ya separados de la 18 original, provocaron un paro nacional de transporte público y emplazaron a todos dueños y choferes de las rutas de no salir a dar el servicio por tres días. Lo consiguieron. 
 
Con base en la Ley contra Delitos de Terrorismo, vigente desde 2006, el gobierno de izquierda de Salvador Sánchez Cerén declaró terroristas no solo a los pandilleros, sino a quienes tengan contacto con ellos.
 
Según los defensores de derechos humanos y las propias pandillas, comenzaron a operar escuadrones de exterminio. En la versión oficial, los pandilleros han muerto en enfrentamientos con la Policía. Pero no hay investigaciones que lo comprueben.
 
Pero el estigma de las pandillas es tan fuerte (y sus excesos), que a la mayor parte de los salvadoreños le importa muy poco lo que les pase.

Confidencial

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