Expertos alertan sobre el riesgo de procesos legales por paralización del Repositorio

La inactividad de la entidad evita que las editoriales puedan publicar nuevos ejemplares y deja al patrimonio intelectual en el limbo.
viernes, 11 de septiembre de 2020 · 00:04

Página Siete  / La Paz

Entre las principales consecuencias del desmembramiento del Ministerio de Culturas y Turismo el pasado junio se encuentra los más de 90 días de inactividad en el Repositorio Nacional. Una paralización que no sólo afecta a las nuevas publicaciones, sino que también pone en “riesgo” al patrimonio documental del país, lo que puede incluso acarrear en procesos legales por incumplimiento de deberes. 

Así lo advirtieron los expertos invitados al conversatorio Depósito Legal: los riesgos que atraviesa el patrimonio intelectual, organizado la pasada semana por el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB) dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (Fcbcb). 

“Estamos en una situación muy difícil e incómoda para la cultura boliviana porque hay el temor de que el patrimonio documental que se encuentra en el repositorio es un res nullius (cosa de nadie). El Ministerio de Educación, al que el Gobierno le confió diversas tareas del extinto Ministerio de Culturas, no ha hecho su tarea”, sostuvo Mariano Baptista, miembro del directorio de la Fcbcb. 

Postura similar expuso el abogado Francisco Bueno —hasta hace unos días director de Derechos de Autor y Derechos Conexos del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi)— para quien el Ministerio de Educación podría ser pasible de un proceso legal por incumplimiento de deberes al estar  produciendo un daño económico al Estado,  en vista de que hay entidades estatales cuyo principal giro económico es el de la publicación y comercialización de obras. 

“El mismo Estado está atentando contra la memoria del Estado”, expresó el abogado. “Tenemos un daño evidente a los derechos morales y patrimoniales del autor a largo plazo porque evidentemente no se va a poder difundir las obras por lo menos las impresas (o no debieran), atentando contra el derecho moral de difusión que tiene cada artista por culpa del Estado. Y luego tenemos un daño a largo plazo a los derechos patrimoniales. Si estoy sacando un libro sin depósito legal lastimosamente es ilegal”. 

Por su parte, Rossana Barragán, quien en noviembre asumirá la dirección del ABNB, insistió en que la actual situación afecta “a toda la cadena de producción” del patrimonio documental.  

“Esto supone la eliminación no de un solo lugar, de un edificio, de una oficina, de uno o cuatro ítems, sino de la alimentación de todas las bibliotecas. Implica cortar la posibilidad de la lectura, de escuchar discos, de compartirlos, de tener los periódicos. Implica cortar de alguna manera todo el proceso de educación”, sostuvo Barragán.

El depósito legal tiene el objetivo de asegurar el registro y resguardo del patrimonio documental producido en Bolivia, que incluye todos los documentos, ya sean textos, gráficos, sonoros, audiovisuales, electrónicos e imágenes en movimiento. 
 

 

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