La Procuraduría General hizo su rendición de cuentas

El Estado afronta 4 arbitrajes por 1.870 millones de dólares

Las empresas que demandaron al país son Guaracachi America y Rurelec, Quibórax, Abertis Infraestructura y la británica Pan American Energy.
martes, 17 de diciembre de 2013 · 23:59
Lidia Mamani  / La Paz
El Estado sostiene cuatro procesos  de arbitraje internacional por la nacionalización de empresas con capitales extranjeros. La compensación  que demandan los socios de  esas compañías expropiadas suma  1.870 millones de dólares.
En la rendición de cuentas 2013 de la Procuraduría General del Estado (PGE)  se informó que dos de los procesos fueron interpuestos en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y los otros dos en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
  De acuerdo con la explicación del procurador Hugo Montero, los cuatro procesos que están en curso son de Guaracachi America Inc. y Rurelec; Quibórax & Non Metallic Minerals; Abertis Infraestructuras y Pan American Energy LLC (PAE) (ver infografía).
En el proceso con Guaracachi America Inc. y Rurelec, la compañía británica  demanda una indemnización de 142 millones de dólares por la nacionalización de sus acciones en la Empresa Guaracachi SA (EGSA), llevada a cabo  mediante el Decreto Supremo 493 del 1 de mayo de 2010.
  La subprocuradora Elizabeth Arismendy informó ayer que Bolivia está a la espera del laudo arbitral o fallo de ese proceso.
    Quibórax Non Metalic Minerals pide 146 millones de dólares.
  Abertis Infraestructuras SA de España busca una compensación de 86 millones de dólares por la expropiación de Servicios de Aeropuertos Bolivianos (SABSA).
"La empresa presentó una demanda reformulada y  se tiene que responder a ella el 14 de marzo de 2014”, informó Arismendy.
Finalmente, está Pan American Energy (PAE), cuyas acciones en la petrolera Chaco  fueron nacionalizadas el 23 de enero de 2009. Reclama el pago de 1.496 millones de dólares.
"La Procuraduría está haciendo los esfuerzos para precautelar los intereses del Estado, ya que las demandas que hacen son millonarias; en el caso PAE, es de 1.496 millones de dólares, que es una cifra descabellada”, dijo.

 Además, la Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado asume la defensa del país en otros cuatro casos: dos  con notificación de controversia , Iberbolivia y Red Eléctrica Internacional, y dos con notificación de arbitraje, de las empresas South American Silver Limited y Air BP Bolivia.
 Las boletas
El subprocurador César Romano también informó que la Procuraduría logró recuperar más de 83 millones de  bolivianos por el cobro de boletas de garantía, ante la falta de cumplimiento de contratos, principalmente en obras de construcción de carreteras.
"Las pólizas nadie las cobraba. Ahora se recuperaron esos recursos y están en arcas del Estado, para que nuevamente sean reinvertidas”, aseguró el subprocurador Romano.  
 

Exaccionistas de Chaco suspenden proceso arbitral para dialogar

 

Pan American Energy (PAE), exaccionista mayoritaria de la petrolera Chaco, suspendió temporalmente el proceso arbitral que mantiene con el Estado y ambas partes buscan un acercamiento para llegar a un acuerdo, informó ayer la Procuraduría General del Estado (PGE).
"Nos hemos reunido tantas veces que  hemos logrado que nuevamente PAE se reúna con nosotros y suspenda el proceso; PAE aceptó  que se hable sin amenazas, no sabemos si por tres, cuatro o seis meses, dependiendo de cómo vayamos en el diálogo”, afirmó ayer la subprocuradora Elizabeth Arismendy, luego de la rendición de cuentas de la PGE para 2013.
   En octubre de este año PAE, de capitales británicos, ratificó un arbitraje contra el país por una indemnización de 1.496 millones de dólares  por la nacionalización de su paquete accionario en la empresa petrolera Chaco; el monto incluye daños y perjuicios.
Remarcó que PAE tenía acciones en Amoco Bolivia,  que fueron nacionalizadas en 2009; la empresa interpuso una demanda  ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Sin embargo, Arismendy cuestionó que el caso haya sido presentado ante el CIADI, debido a que Bolivia en  2007 denunció el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, con lo cual dejó de formar parte del CIADI.
Actualmente el proceso está sujeto al calendario procesal; el Estado debe presentar el memorial de objeciones y contestación a la demanda hasta abril de 2014, aunque el arbitraje fue suspendido durante seis meses.

 "Hasta abril tendríamos que presentar un memorial, pero está sujeto a un acuerdo de partes; estamos en la perspectiva de pedir  postergaciones, porque con PAE estamos en reuniones de acercamiento para un  arreglo”, dijo el procurador Hugo Montero.

Jindal impulsa demanda por boleta de aval en París

La empresa Jindal Steel Bolivia (JSB) impulsa un arbitraje internacional comercial en la Cámara de Comercio Internacional, en París. La demanda fue interpuesta por la ejecución de su boleta de garantía.
"El juicio de arbitraje de la Jindal está en curso, pero no es la Procuraduría la que lo está llevando a cabo, porque la demanda no ha sido al Estado ni al Presidente (Evo Morales), sino contra el presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún (en ese entonces, Ricardo Cardona)”, confirmó ayer la subprocuradora Elizabeth Arismendy.
Explicó que la Procuraduría General del Estado (PGE) se hace cargo de un arbitraje cuando se demanda al Estado.
Aseguró que la PGE asesora al Ministerio de Minería sobre qué debe hacer en este tipo de demanda. Actualmente ya se tiene un calendario procesal y se espera que se lleve a cabo   el arbitraje.
"(El arbitraje) no es por expropiación, es por la aplicación (ejecución) de las boletas de garantía de 18 millones de dólares”, dijo.
La Jindal Steel and Power (JSP) se adjudicó en 2007  la explotación del 50% del hierro del cerro Mutún y durante los primeros  10 años debía invertir 2.100 millones de dólares.
En julio de 2012, la empresa india Jindal clausuró las negociaciones con el Gobierno y determinó romper el contrato del proyecto del Mutún, después de varios meses de intentos de diálogo y de desencuentros entre  partes.
Actualmente, el Ejecutivo busca negociar con empresas chinas para que explote  el 50% del área; la otra mitad es explotada por la estatal ESM.

 

 


   

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