Según el anteproyecto de ley que regula estos procesos

Arbitrajes sobre inversiones deberán dirimirse en Bolivia

La conciliación o el arbitraje en controversias sobre inversiones se resolverán en el país y los árbitros que designen las partes deberán ser bolivianos.
miércoles, 29 de octubre de 2014 · 21:34
Página Siete/ La Paz
Las controversias sobre inversiones  que surjan entre empresas y el Estado  estarán sometidas a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas, según establece el anteproyecto de Ley de Conciliación y Arbitraje.


El documento, al que tuvo acceso Página Siete, incluye una serie de innovaciones y una vez que se lo remita y apruebe  en la Asamblea Legislativa reemplazará a la actual Ley 1770, que regula los arbitrajes.
El artículo 133 del anteproyecto remarca  que  "la conciliación o el arbitraje serán nacionales; tendrán  como sede el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia”.
Además, estipula que, para el cumplimiento de diligencias de producción o reproducción de prueba, la  o el conciliador o el tribunal arbitral podrá disponer la celebración de audiencias fuera del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.
Según la norma diseñada, las reglas en materia de inversiones  se aplicarán  a las controversias de una relación contractual o extracontractual cuando el Estado sea parte de dichas controversias y éstas surjan o estén relacionadas con una inversión extranjera o una inversión mixta definidas en la  Ley de Promoción de lnversiones. También cuando surjan  entre el nivel central del Estado con las Entidades Territoriales Autónomas con respecto a la inversión estatal productiva.
Asimismo cuando se presenten diferencias   entre el nivel central del Estado con un inversionista privado boliviano o extranjero o a  consecuencia de la  interpretación, aplicación y ejecución de decisiones, actividades y normas en los siguientes casos: a. Entre socios de la empresa estatal mixta; b. Entre socios de la empresa mixta y c. Entre socios de la empresa estatal intergubernamental.
El alcance se extiende a estas  controversias:   a. Al interior de las empresas estatales, estatales mixtas, mixtas y estatales intergubernamentales y b. Entre empresas estatales, estatales mixtas, mixtas y estatales intergubernamentales.
De los árbitros
El anteproyecto de ley  específica que el tribunal arbitral para analizar cuestiones relativas a inversiones estará compuesto por tres árbitros bolivianos.
Cada parte en conflicto puede  designar a un árbitro.
El tercer árbitro deberá ejercer las funciones de presidente del tribunal arbitral y será elegido  por los dos árbitros nombrados  por las partes.
A falta de acuerdo, la selección estará a cargo de   una denominada autoridad nominadora a pedido de las partes.
Página Siete reveló ayer los alcances de la futura norma que, en uno de sus principales preceptos, dispone que la propiedad de los recursos naturales no podrá ser sometida a la conciliación o el arbitraje. Tampoco los títulos otorgados sobre reservas fiscales y menos los tributos y regalías.  

Punto de vista

Ronald MartÏn
  Experto en arbitraje
"Las previsiones son racionales”

Todos los Estados, en el marco de su derecho soberano a legislar, tienen el derecho indiscutible de determinar qué cuestiones pueden ser sometidas a conciliación y arbitraje y qué cuestiones no pueden ser sometidas a estos métodos.
En este marco, la actual Ley de Arbitraje y Conciliación 1770  ya determina límites al ámbito de aplicación de dicha ley y, en consecuencia, no resulta extraño que la nueva ley también lo haga.
El artículo 4 del anteproyecto copia en gran medida lo establecido en el artículo 6 de la actual Ley 1770, al que se le adicionaron algunas otras previsiones, que al parecer son racionales, como la referida a la propiedad de los recursos naturales, que  es del Estado, o cuestiones con respecto a las reservas fiscales.  
Lo que sí llama la atención es la limitación que se impone a los contratos administrativos. Ésta es una cuestión que merece evaluación, pues el Estado es el principal contratante en el país. Eso significa que si los comerciantes o empresarios contratan con el Estado, ellos no tendrán la opción de acudir a la vía arbitral, lo que restará eficacia a la ley.

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