El Ministerio Público profundiza la investigación del caso

Fiscal: Testaferro recibía coimas para red de corrupción en YPFB

Uno de los implicados, Marco Antonio Arguedas, está acusado de recibir un depósito de 34.000 dólares, según confirmó la UIF.
jueves, 18 de diciembre de 2014 · 22:37
Página Siete  / La Paz
Marco Antonio Arguedas era el que recibía el dinero de las coimas que entregaban las empresas para adjudicarse contratos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), dijo el fiscal que atiende el caso, Leopoldo Ramos.
Arguedas está prófugo y el Ministerio Público lo busca.
"En el caso de Arguedas, era la persona en la que depositaban el dinero, una especie de comisión de los funcionarios de Yacimientos, era el testaferro”, reveló Ramos.
Dijo  que  el presidente de YPFB, Carlos Villegas, dio ese dato.
"Lo que hicimos fue solicitar, a través del Ministerio de Transparencia y  a la Unidad de Investigaciones  Financieras (UIF), el movimiento particularmente de una cuenta de Marco Antonio Arguedas. En una reunión del 27 de agosto, me informaron que depositaron dinero a favor de él. La UIF nos envió una información que señala, con claridad, que hubo depósitos por un poco más de 34.000 dólares y también retiros”, dijo Villegas el martes.
Arguedas fue acusado de formar parte de la red de corrupción que operaba dentro de la petrolera estatal.
Hasta el momento, fueron detenidas seis personas.  Ever Terán exjefe de la Unidad de Comunicación de la casa matriz, y Selva Camacho, quien trabajaba en YPFB Chaco, en  Santa Cruz, son dos de los que recibieron medidas cautelares.
 Terán tiene detención domiciliaria y  Camacho recibió prisión preventiva en Palmasola, Santa Cruz. Además, fueron detenidas otras cuatro personas.
El fiscal agregó que la Policía aún no ha logrado aprehender a  Arguedas ni a Ana Belén Camacho, hermana de Selva Camacho.
 
Ampliación
El fiscal Ramos afirmó que otras 10 personas fueron citadas a prestar  declaraciones.
Cuatro de ellas, Gerson Camacho, Alba Chirinos, Julia Gutiérrez  y una  empleada de  menor rango, trabajan en YPFB.
  Las seis personas particulares restantes tendrían nexos con las cinco empresas  que se favorecían con contratos de YPFB.
Mónica Irusta, abogada de Ever Terán,   solicitó la declaración de Gerson Camacho, quien era el que firmaba los contratos y no así su defendido. Sin embargo, desestimó iniciar una acusación contra esta persona.
 Sobre Chirinos, Villegas dijo que fue quien "digitó este contrato de 484 mil dólares” para que YPFB Transportes firmara a favor de la empresa Bravo.
 Por esta razón, sostuvo  que se presentó  la denuncia por los delitos de uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, incumplimiento de deberes, asociación  delictuosa y cohecho pasivo y activo.
 Selva Camacho denunció al presidente de YPFB por acoso sexual, pero éste lo negó y presentó otra querella por difamación.

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