Los acuerdos tienen un plazo de 25 años y otros son indefinidos

Gobierno: Hay 100 cooperativas de élite con contratos millonarios

El ministro César Navarro dijo    que las empresas privadas se llevan entre el 70% y 85% de la utilidad neta; los cuentapropistas reciben entre el 15% y 30%.
miércoles, 09 de abril de 2014 · 22:18
Lidia Mamani / La Paz
El Gobierno identificó ayer al menos a unas 100 cooperativas mineras de "élite” que firmaron contratos "millonarios” con empresas privadas,  que se benefician con el 70% y el 85% de las ganancias.
 Ese centenar de sociedades representa al 10% del total de cooperativas registradas, unas 1.642.
 Hasta el martes las autoridades afirmaban que hay 42 convenios ilegales firmados entre cuentapropistas y compañías privadas, de los cuales 35 fueron registrados en el Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas, y otras seis en la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
"En Bolivia hay   1.642 cooperativas mineras registradas, algunas de las cuales firmaron contratos millonarios incluso desde 1992 con un decreto supremo  de (el expresidente) Jaime Paz Zamora, que respalda esta enajenación de los recursos naturales. Son unas 100 cooperativas que firmaron con diferentes empresas privadas, no representan ni el 10%, y por lo tanto hay una élite que firmó estos convenios en desmedro de las cooperativas y en beneficio de la inversión privada”, informó ayer el  ministro de Minería, César Navarro.
 


 Según la autoridad, siete cooperativas establecieron contratos con la Empresa Minera Manquiri, para que opere en  toda la cadena minera por  25 años; esos acuerdos concluirán en 2021.
Por ejemplo, en 2012, en la redistribución de ganancias efectuada por Manquiri, por los desmontes y pallacos de las faldas del Cerro Rico de Potosí, se destinaron cinco millones de dólares a la Comibol -esto representa el 2,5% del valor neto de la venta del mineral- y a las cooperativas,  3,5 millones de dólares.

"Manquiri tiene aproximadamente un valor neto de ventas de cerca de 200 millones de dólares y si restamos los costos de operación y realización, lo que representa el 63%,  tendríamos una utilidad neta o ganancia líquida del 35% o unos 66 millones de dólares. Es decir, la empresa se lleva el grueso de las ganancias, la cooperativa se queda con una ganancia mínima, pero el perjudicado es el Estado ”, observó.
Otros  contratos de operación entre cuentapropistas y empresas privadas están registrados   en Sergeotecmin y  la mayoría son de explotación aurífera.
 La cooperativa minera aurífera Guanay Ltda. -titular del área minera-  firmó con la empresa Rexma SRL (sucursal Bolivia) y le otorgó el "derecho irrestricto” para operar en toda la cadena productiva.
"La cooperativa es titular y la privada tiene toda la facultad de realizar la actividad productiva en esa concesión; la forma de distribución (de ganancias) es de 85% para la privada y el 15% para la cooperativa”, explicó.
La intervención
El martes 8 por la tarde, autoridades del Ministerio de Minería,  en coordinación con representantes de la Fiscalía y de la Procuraduría General del Estado, intervinieron y precintaron las instalaciones de Comibol, con el propósito de investigar y establecer responsabilidades por  los 42 contratos  (ver la infografía), debido a que se sospecha que  causaron daños  al Estado.
Navarro dijo que, a raíz de ese trabajo, se identificaron  seis contratos lesivos al Estado  en Comibol y otros 35 en Sergeotecmin.
Además, se harán auditorías que permitirán establecer   la responsabilidad por la firma de estos convenios, en su mayoría en La Paz y Potosí.

Piden intervenir  Senarecom y Sergeotecmin

La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) demandó ayer la intervención del Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin) y del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), para que sean investigados por la justicia.
El dirigente del sector, Miguel Pérez, dijo que estas dos reparticiones públicas conocen sobre la suscripción  de contratos y el control de minerales  en el país.
"No sólo  quisiéramos que se intervengan algunas oficinas de Comibol, sino que estamos pidiendo también  que tanto Sergeotecmin como Senarecom sean investigadas, porque tienen tuición directa con la participación de estos contratos y particularmente con el control de los minerales”, consideró.
Agregó  que los asuntos legales en las estatales no fueron manejados de forma transparente, por lo que piden sanciones para los que estén involucrados en esos contratos tachados de ilegales.
El lunes 7, el presidente Evo Morales afirmó  que quienes firmaron  contratos con empresas privadas, para la  explotación de las minas otorgadas en concesión a los cooperativistas, cometieron el delito de  traición a la patria, por lo que deben ser procesados.

Pérez sugirió que los 42 contratos denunciados por el Gobierno sean paralizados, debido al daño económico que han causado al Estado.

 "No se  puede anular esos contratos”

La Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin)  afirmó ayer que el Gobierno no puede anular los 42 contratos firmados entre las cooperativas y las empresas privadas, debido a que están enmarcados  en el Código Minero o Ley 1777 en vigencia.
"Los contratos están firmados, no pueden ser anulados porque están enmarcados en el Código Minero, aprobado en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada”, sostuvo el asesor jurídico de Fencomin, Jaime Zambrana, reportó ANF.
Dijo que aun  se pueden suscribir contratos de riesgo compartido entre cooperativistas mineros y empresas extranjeras.
Según los datos del Ministerio de Minería, las 42 cooperativas mineras, en su mayoría auríferas con concesiones en el norte de La Paz, suscribieron convenios con diferentes empresas privadas desde  1997, por un plazo máximo de 40 años y en algunos casos de duración indefinida.
  El ministro de Minería, César Navarro, informó ayer que hay contratos de millones desde 1992, pero -según los datos de esa cartera de Estado- los registros muestran que más de una decena se firmaron entre 2006 y 2014.
 Los contratos que no gozan de "amparo legal”, según el Gobierno, fueron denunciados ante la protesta de los mineros cooperativistas por la modificación de 25 artículos del proyecto de Ley de Minería y Metalurgia en la Cámara de Diputados. El sector  sostendrá hoy una reunión con el presidente Evo Morales.

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