ASFI detectó 22 empresas que captaban dinero de forma ilegal

Las empresas realizaban intermediación financiera sin autorización de la ASFI, al estilo Roghel. Se interpusieron querellas en varios de los casos.
domingo, 11 de septiembre de 2016 · 00:00
Página Siete / La Paz

El año pasado,  la  Autoridad de Supervisión Financiera (ASFI) detectó e inició la investigación de  22 empresas sospechosas de realizar actividades de intermediación financiera ilegal. Recibían depósitos de la gente al margen de la ley y regulación y otorgaban préstamos.   
Una vez identificadas, las firmas, ubicadas en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz y Quillacollo, fueron sujetas de una investigación.

"En virtud a las facultades conferidas en  la Ley 393, con el objeto de determinar la existencia de actividad de intermediación financiera sin autorización, se realizaron diligencias de verificación preliminar a entidades que, se presume, realizan estas actividades”, señala la ASFI en su Memoria Anual 2015.
 
Se citan algunos  casos de La Paz y El Alto, en los que se obtuvieron elementos suficientes de actividades ilegales, por lo que se iniciaron procesos penales y civiles en contra de los responsables de las entidades.
 
La ASFI informó que  se patrocinaron 75 procesos judiciales, de los cuales 20 correspondieron a procesos penales y  55 a  civiles.
 
En mayo, la ASFI realizó una visita a  PROSAF-JHIRE, firma que   captaba recursos de sus clientes bajo la modalidad de cuotas de inicio, cuotas acumuladas (ahorro), ahorro voluntario y ofrecía  intereses producto de los préstamos internos  de los grupos  mancomunados. 
 
Además constató que la empresa recibió recursos de terceros mediante contratos de préstamo, los cuales se presumen fueron  destinados para la otorgación de créditos.
 
 Concluida la investigación, se presentó una querella ante el  Ministerio Público que determinó la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva para  12 implicados en el caso.
 
En otra inspección, realizada a   la empresa Jiltawi S.R.L, se advirtió que la misma otorgaba créditos de tipo individual. 
 
Según la ASFI, se estableció que los préstamos otorgados  no se encontraban respaldados únicamente por el capital aportado, sino con la captación de recursos de terceros. 
 
"Esta captación se encontraba registrada contablemente en la cuenta de pasivo préstamos a corto plazo y en las cuentas por pagar, cuentas por pagar  y cuentas por pagar.
 
Se presentó una querella penal en contra del representante legal de la empresa y   el Ministerio Público  ordenó la  aprehensión de tres personas que fueron imputadas por el  delito de intermediación financiera ilegal. 
 
En la audiencia de medidas cautelares de 2 de octubre de 2015, se dispuso su  detención preventiva  por haber riesgo de fuga y obstaculización.

El Fondo de Inversión y Apoyo a la Microempresa (FIAME S.R.L),  que operaba en El Alto y La Paz,  daba créditos. Se presentó  querella  en contra de su representante legal y se iniciaron las diligencias para allanar sus oficinas en diciembre de 2015.
 
En agosto de este año, la ASFI advirtió a la población que la empresa o esquema de negocios Pay Diamond Global Clube no cuenta con autorización de funcionamiento  para realizar actividades de captación de depósitos.

 Actividades financieras no autorizadas  observadas por la Ley 393 

La Ley de Servicios Financieros  prohíbe a los particulares y empresas realizar actividades bancarias sin autorización de  la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
 
"Ninguna persona, natural o jurídica, podrá realizar  actividades propias de las entidades financieras sin previa autorización de constitución y  funcionamiento otorgada por la ASFI, con excepción del cambio de moneda”, indica la norma en su artículo 486.
 
La ley autoriza a la ASFI a realizar inspecciones a las empresas o entidades sospechosas de realizar estas actividades y podrá revisar las documentación y libros contables.
 
 De confirmarse la realización de actividades financieras no autorizadas, la ASFI  puede ser   parte querellante de procesos penales o civiles en contra de los implicados en el ilícito.
 
 El caso Roghel puso en la mira a otras compañías

Las atractivas tasas de interés  de 10% mensual que ofrecía la empresa Roghel Bolivia a quienes les confiaban su dinero, puso en la mira de la  ex Superintendencia de Bancos -hoy ASFI- produjo una profunda investigación de este tipo de firmas.

 Tras una investigación y demanda penal iniciada por la reguladora en 2008, finalmente y luego de varios años de proceso, el dueño de esta firma, Windsor Goitia, y su esposa Karel Olmos fueron sentenciados a 14 años de cárcel en enero de 2013.
 
 La firma estafó a más de 15.000 personas y se calcula que el daño económico provocado fue de unos 40 millones de dólares.
 
Bajo la modalidad de una estafa piramidal, la empresa captaba  interesados en colocar su dinero a cambio de elevados rendimientos, del 10% mensual. Si los clientes traían a otras personas recibían una comisión. 
 
 Los primeros recibían el interés con la plata que depositaban los nuevos clientes. Goitia, en su momento, señaló que invertía la plata fuera del país y en negocios que le daban una elevada rentabilidad, lo que no se pudo demostrar en el proceso.
 
Roghel también ofrecía programas de crédito para adquirir casas,  maquinaria y vehículos.
 
El interesado entregaba a  la firma  entre el 30% y 45% del  costo total del bien y en un periodo de 180 a 240 días los recibía, según se explica en  el libro de la ASFI Estafas Piramidales.
 
 En el caso de otra empresa que operaba de manera similar, la justicia sentenció a cuatro años de prisión al dueño de LV Pharma, Luis Omar Vargas, por haber estafado un millón de dólares a 1.300 personas en La Paz. Esta persona trabajó con Goitia y luego conformó su propio negocio, captaba dinero con la oferta de tasas de interés de 8 y 10%.
 
Otra firma, Orion Asesores en Inversiones, también fue investigada. Se estima que captó 2,5 millones de dólares y dejó 800 afectados. Sus propietarios se fugaron a Estados Unidos.
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