Bolivia pide anulación del laudo que obliga a pagar $us 48,6 millones a Quiborax

Hoy iniciaron los alegatos orales en Washington por este caso que se remite a 2004, cuando el gobierno de Carlos Mesa decidió revertir las concesiones que la empresa Quiborax tenía en el Salar de Uyuni.
lunes, 18 de diciembre de 2017 · 18:25

Página Siete Digital / La Paz

El equipo de defensa legal internacional de Bolivia, encabezada por la Procuraduría General del Estado, pidió hoy al Comité de Anulación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión (CIADI) la anulación del laudo arbitral por el cual el Estado debe pagar 48,6 millones de dólares a la empresa Quiborax, del empresario trasandino Alan Fosk,  como compensación a la reversión de sus concesiones en el Salar de Uyuni en 2004.

Hoy iniciaron los alegatos orales en Washington por este caso en el que Bolivia planteó un procedimiento de anulación del fallo dictado por el CIADI el 16 de septiembre de 2015.

De acuerdo con un boletín de prensa de la Procuraduría, Bolivia pidió la anulación luego de una exhaustiva revisión y análisis del proceso arbitral y del fallo en particular, en el que se confirmó “serias vulneraciones al debido proceso, extralimitación manifiesta de las facultades por el Tribunal que emitió el laudo y falta de motivación de las razones que fundaron el mismo”.

“Las vulneraciones al debido proceso, llevaron a la emisión de un Laudo arbitral en el que una pequeña transferencia de dinero tuvo un rendimiento ¡superior a 12.000 por ciento! Esto refleja una evidente distorsión del sistema de protección de inversiones, la formalización del abuso del derecho y el establecimiento de la inseguridad jurídica como regla de actuación”, señaló el procurador Pablo Menacho durante la defensa.

La delegación de Bolivia está conformada por el Procurador; el ministro de Minería, Cesar Navarro; el subprocurador de defensa y representación legal del Estado, Ernesto Rossell; y el director general de derecho internacional del Ministerio de Justicia, Franz Zubieta.

Durante la gestión del expresidente Carlos Mesa se  revirtieron las concesiones que tenía Quiborax junto a Non Metallic en el Salar de Uyuni, por lo que la compañía inició un proceso de arbitraje contra el Estado en el CIADI.

Quiborax operaba  yacimientos en el Salar de Uyuni, a través de Non Metallic Minerals, una empresa boliviana de la cual Alan Fosk era dueño en un 51%.  Esta sociedad contaba con depósitos de bórax (insumo para agropecuaria)  desde 2001, cuando   compró las siete minas ricas en bórax a Río Grande del Sur.

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