Gobierno plantea que alcaldías controlen venta de ropa usada

El proyecto modifica la Ley de Autonomías y asigna a municipios una nueva competencia. El Decreto 28761 prohibió la venta de ropa usada y planteó la reconversión.
viernes, 14 de abril de 2017 · 00:02
Página Siete/ La Paz

Tras fracasar en el  intento de reconversión productiva  de los vendedores de ropa usada, ahora el Gobierno propone que sean las alcaldías las que se hagan cargo del control de la venta de este tipo de prendería en el país.  

El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, informó  ayer que el Ejecutivo  remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el proyecto de ley que otorga a los municipios la potestad de controlar y sancionar la comercialización de mercancía usada.

"Este proyecto de ley modifica la Ley de Autonomías y asigna la competencia a los municipios  de todo el país  la obligatoriedad de establecer mecanismos de control y sanción de la comercialización de mercancías usadas”, explicó la autoridad.

Argumentó  que el Estado controla el ingreso de mercancías usadas al país en las fronteras mediante la Aduana, pero que existen "espacios que no son controlados” y entra el contrabando de mercaderías usadas y se las comercializa de manera abierta.

Además no había, en la Ley de Autonomías, una instancia, llamada por ley, a controlar esta comercialización que tanto "daño le hace a la pequeña, mediana y gran producción nacional”, complementó. 

El Estado, según el proyecto de ley, se encargará de  "regular la comercialización de mercancías usadas; promover y desarrollar programas de educación y comunicación relacionadas a la comercialización de mercancías usadas, y administrar la información de decomiso y disposición de mercancías usadas”.

Pero los municipios tendrán entre sus responsabilidades  el "implementar los mecanismos de control para el comercio de las mercancías usadas en su jurisdicción; realizar el control y decomiso de mercancías usadas prohibidas de comercialización; controlar que la autorización otorgada para la realización de actividades económicas en su jurisdicción no sea utilizada para la comercialización de mercancías usadas prohibidas”.

Además, deberán  "ejecutar la disposición o destrucción de las mercancías decomisadas, generar y remitir información del decomiso y disposición de mercancías usadas a las instancias competentes del nivel central del Estado, y sancionar el incumplimiento a la prohibición establecida en la ley”.

Las  mismas atribuciones las tendrán los gobiernos autónomos indígena-originario-campesinos del territorio nacional.

Como labor del Estado, el Vicepresidente garantizó  que se reforzará el control del ingreso de la mercadería usada en las fronteras mediante la dotación de mejor y una mayor cantidad de infraestructura, con la instalación de más puestos militares, con el apoyo de mecanismos de movilización y de formación de grupos comando, uso de teléfonos satelitales, de aviones y de drones, entre otras medidas.

 Destacó el  proyecto de ley como  producto del trabajo desarrollado durante dos años por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype).

Prohibición y reconversión

El Decreto Supremo 28761, en vigencia desde el 21 de junio de 2006, prohíbe la importación de ropa usada y plantea la reconversión productiva para todas las personas que se dedican a la comercialización.

El plazo para que se deje de vender este tipo de prendas en territorio nacional era  el 1 de marzo de 2008, pero  fue ampliado hasta el 1 de abril de 2009 con el Decreto Supremo  29521.

Sin embargo, el negocio persiste y florece en varias ciudades del país, incluso en tiendas de venta céntricos.  La  prendería se importa por fardos desde Estados Unidos y pese a que la Aduana realiza decomisos en forma períodica, la oferta persiste.  

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