Vendedores de ropa usada se oponen a controles ediles

El sector convocó a una marcha el lunes desde El Alto hasta La Paz en rechazo a un proyecto de ley que pasa los controles a alcaldías.
jueves, 20 de abril de 2017 · 00:00
Página Siete/ La Paz

Los vendedores de ropa usada iniciarán movilizaciones el viernes a nivel nacional en contra de un proyecto de ley impulsado por el Gobierno que deja en manos de los gobiernos municipales el control de la venta de estas prendas en las ciudades.

La representante del sector, Elizabeth Verastegui, informó que un ampliado realizado el martes determinó rechazar la futura norma porque atenta contra las fuentes de trabajo de 250.000 personas que se dedican a la actividad.  

También se decidió convocar a los vendedores de ropa usada de todo el país a sumarse a una movilización el lunes que partirá desde el polifuncional de El Alto hasta el centro de La Paz en rechazo al proyecto de ley

"Somos  250.000 personas que dependemos de la ropa usada  y fuimos sorprendidos con el anuncio del proyecto de ley, nadie nos consultó y por eso pedimos que el presidente, Evo Morales, paralice el proyecto y convoque a mesas de trabajo”, dijo.

Añadió que ahora las alcaldías de cualquier ciudad, tendrán la potestad de quitar la mercadería que se comercializa.

 Incluso señaló que el sector esta dispuesto a pasar a la formalidad, pero debe realizarse una categorización en función al tamaño de capital. "Hay pequeños capitales, desde 500 bolivianos hasta 3.000 dólares.  El Gobierno debe realizar una  investigación  profunda de quiénes son los grandes capitalistas y que empiecen a  tributar los que deben hacerlo”, precisó.

Según Verastegui el sector desconoce cuántos son los grandes capitalistas de la ropa usada que existen en el país, pero  hace 10 años habían unas veinte personas.

"Hoy en día ya no hay grandes capitalistas, pero sí mayores importadores, sigue entrando ropa usada al país, por eso el control debe ser de parte de la Aduana y Gobierno en frontera”, recalcó.

Las compras por fardos se realiza en Oruro y las vendedoras desconocen cómo ingresa.

La dirigente aseguró que mucha gente se dedica a la venta de prendería a medio uso para subsistir y apoyar a quienes  tienen sueldos bajos.

Aclaró que la ropa nacional de fábrica también se vende, pero el problema es que la industria en el país  no es competitiva.

La semana pasada, el Gobierno informó   que el Ejecutivo  remitió al Legislativo  un  proyecto de ley que otorga a los municipios la potestad de controlar y sancionar la comercialización de mercancía usada.

El Decreto Supremo 28761, en vigencia desde el 21 de junio de 2006, prohíbe la importación de ropa usada y plantea la reconversión productiva para todas las personas dedicadas a su venta.

El plazo para que se deje de vender este tipo de prendas en territorio nacional era el 1 de marzo de 2008, pero  fue ampliado hasta el 1 de abril de 2009 con el Decreto Supremo 29521.

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