Nostas cuestiona trato diferenciado del Gobierno entre empresas privadas y públicas

El presidente de los empresarios privados lamentó esta situación.
sábado, 29 de abril de 2017 · 13:11

ANF

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) a través de su presidente, Ronald Nostas, reclamó que, para definir el incremento salarial, el Gobierno considere variables como la sostenibilidad y la productividad, cuando se trata de empresas públicas; mientras que en el caso de las privadas, lo decida en negociaciones bilaterales con la Central Obrera Boliviana (COB), con criterios más políticos que técnicos.

"Nos preocupa mucho que, en el ámbito laboral, las medidas más drásticas se apliquen contra el sector privado nacional, mientras que en el caso de las estatales, se consideren variables de racionalidad y protección, como las que define el Decreto 2348, lo que implica un trato desigual, injusto e inadecuado”, aseveró.

Nostas dijo que este trato diferenciado desde el Gobierno contradice incluso a la propia Constitución Política del Estado, que en su artículo 306 señala que la economía plural se basa en principios de igualdad, equilibrio y justicia.

Consideró que las excepciones anunciadas por el Gobierno y la intención de deslindar responsabilidades sobre las consecuencias del incremento salarial, en 10,7% al salario mínimo nacional y en 7% al haber básico, muestran que "el análisis careció de un sustento técnico y una visión de desarrollo productivo de mediano y largo plazo”.

El máximo ejecutivo de los empresarios dijo que este incremento salarial sin sustento técnico económico, así como el trato diferenciado desde el Gobierno "pone en serio peligro el empleo de miles de bolivianos y la capacidad de crecimiento y estabilidad de la mayoría de las empresas en Bolivia”.

Ronald Nostas recordó además que todas las advertencias que el sector hizo en los últimos años, respecto a la orientación de la política salarial, se han evidenciado en cifras, "pero sobre todo en la cotidianidad de las personas que hoy trabajan en el sector informal, sin protección y sin derechos ni siquiera de acceder a los incrementos decididos anualmente”, dijo

Al respecto explicó que los datos oficiales del propio Gobierno muestran claramente que la tasa de informalidad laboral supera el 60% y la de trabajo no asalariado está por encima del 50%.

"Sabemos que esto responde en gran medida a la política salarial que opta por incrementos que no toman en cuenta la productividad y la capacidad para sostenerlos y a la política de ajustar al sector formal cuando existe un creciente sector informal, lo que deriva en una precarización de las condiciones de empleo”, manifestó.

Recalcó que los empresarios nunca se opusieron a los incrementos salariales porque se entiende que se debe reponer la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores; pero que estarán en contra de aumentos que afecten la estabilidad de las fuentes de empleo y la sostenibilidad de las empresas, y que no consideren la necesidad de disminuir la creciente informalidad y precariedad laboral.

El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, sostuvo que el decreto supremo de incremento salarial presentará excepciones en el pago del beneficio para empresas estatales que no estén en condiciones de hacerlo.

"Hay empresas públicas que no van a aplicar el incremento (salarial) precisamente por la situación en que se encuentran, por ejemplo Huanuni, entonces hay ese tipo de excepciones”, manifestó Rada.

La autoridad indicó que en el sector privado al igual que en el sector público hay condiciones para pagar el incremento salarial, pero se tomarán en cuenta las excepciones, que no precisó si se aplicará de igual forma en el sector privado.

 

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