Fiscalía apelará arresto de Achá en su casa y denuncia anomalías

El fiscal Rudy Terrazas responsabilizó al Ministerio de Justicia y Transparencia de la decisión del juez de dar al expresidente de YPFB detención domiciliaria.
viernes, 23 de junio de 2017 · 00:21
Lidia Mamani /La Paz

El Ministerio Público apelará  la detención domiciliaria que le concedió el juez Hugo Huacani al expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, porque identificó algunas  irregularidades  y responsabilizó al  Gobierno de influir en la decisión judicial.

  La Fiscalía también anunció que   las investigaciones sobre el caso taladros continuarán y que se asumirán acciones contra otros involucrados como la exgerente de Contrataciones de YPFB, Paola Oporto.   "Como Ministerio Público consideramos que esas actuaciones no deben ser valederas y vamos a apelar la decisión de la autoridad jurisdiccional, los fiscales están trabajando en ello. Asimismo vamos a continuar con las investigaciones”, informó  ayer el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco.

Luego de una audiencia de más de ocho horas, el jueves por la madrugada,  Achá recibió    detención domiciliaria. Fue imputado  por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica por  irregularidades en el proceso de adjudicación de la empresa italiana Drillmec para la adquisición de tres equipos de perforación. 

Durante la audiencia de medidas cautelares, la Fiscalía solicitó  su detención preventiva en la cárcel  de San Pedro. Sin embargo, el  juez Huacani, del Juzgado de Instrucción en lo Penal determinó las medidas sustitutivas  con vigilancia del fiscal y del investigador, quienes en cualquier momento se presentarán para verificar su cumplimiento.

Para Blanco, la autoridad jurisdiccional dictó de manera incongruente una resolución que no tenía fundamento.

El fiscal Rudy Terrazas, parte de la Comisión Investigadora, calificó como  nefasta la resolución del juez y cuestionó que se hubiese pedido  a Achá que presente un nuevo domicilio en la ciudad de La Paz, cuando durante  la audiencia esa parte fue observada. 

"Lo  más paradójico  de esta resolución es  que se le da detención domiciliaria  y que acredite un nuevo domicilio en La Paz.  Eso  es responsabilidad del Ministerio de Justicia y Transparencia toda vez que los abogados que han intervenido han pedido que disponga la detención domiciliaria   y no preventiva como el juez había manifestado”, precisó Terrazas.

  Reveló que cuando el juez señaló cuarto intermedio para que dicte resolución "extrañamente el imputado Guillermo  Achá, su abogado y esposa se quedaron en el ambiente de a lado y los  auxiliares y notificadores (del juez), salieron del despacho.  Ustedes son testigos, a puertas cerradas es donde el juez ha preparado y realizado esta resolución”. 

Sobre la participación de Oporto, quién fue citada por la defensa de Achá, el fiscal Blanco complementó  que   continuarán con las investigaciones y que en el transcurso de algunas horas asumirán acciones.

Al respecto, el abogado de la ex gerente de Contrataciones, Róger    Valverde, anticipó que su defendida no tuvo participación en los hechos. "Hemos presentado todas las pruebas de descargo. Ella no ha tenido ninguna participación en los hechos y se presentaron todas las pruebas que están en el cuaderno. A nosotros no nos compete implicar a nadie o decir si alguien tiene o no responsabilidades, no es nuestra estrategia”, remarcó.

 La  única audiencia que tiene Oporto es la  apertura de documentos y computadoras que fueron secuestrados por el Ministerio Público, pero la  misma se suspendió para el 27 de julio, debido a que no se notificó a todas las partes. La Fiscalía, paralelamente,  tramita la declaración de rebeldía para tres prófugos,  dos funcionarios de YPFB en Santa Cruz y una tercera persona que estuvo en reuniones como representante de Drillmec.

El 18 de abril, el Gobierno denunció ante la Fiscalía General del Estado a 16 personas debido a irregularidades detectadas en la contratación de la empresa  Drillmec para la provisión de tres taladros a YPFB por 148 millones de dólares, monto que al final no se pagó.

Ortiz cuestiona la reducción de delitos 

El  senador de Unidad Demócrata, Óscar Ortiz, cuestionó  que al expresidente de YPFB, Guillermo Achá, se lo haya beneficiado con la detención domiciliaria y la rebaja de delitos de parte del Ministerio Público.

  "Al señor Guillermo Achá (expresidente de YPFB) se lo fue beneficiando. Primero en la Fiscalía le rebajan de cinco a tres delitos. Luego el Ministerio de Justicia pareciera más bien que está de abogado y defensor de Achá, que del pueblo boliviano. Finalmente, el juez (Hugo Huacani) se queda a solas con Achá y ahí se muestra cómo la justicia no tiene la misma vara para todos”, criticó el legislador.

 Mencionó que en anteriores audiencias se dispuso la detención preventiva de siete funcionarios de la estatal petrolera, con quienes se procedió "con dureza”.

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