Proyecto de ley de empresas sociales se encuentra paralizado

Advirtieron que la normativa atenta contra la propiedad privada.
domingo, 4 de junio de 2017 · 00:00
Página Siete / La Paz
 
El proyecto de ley 218/17 de  creación de empresas sociales se encuentra actualmente paralizado, a pesar de haber sido aprobado en la Cámara de Diputados.
 
La norma propone que los  obreros se hagan cargo de empresas que están en quiebra y las conviertan en una compañía  social con el objetivo de  reactivar la producción y absorber la mano de obra. 
 
El pasado 15 de mayo el documento  se remitió a la Asamblea Legislativa, sin embargo, a pesar de haber sido aprobado por la Cámara de Diputados, su tratamiento fue suspendido debido a las observaciones de los empresarios privados.  
 
El  objetivo, según el  proyecto de ley  es reactivar la producción, reorganizar y absorber la mano de obra, que incursione  en el mismo mercado que la empresa que dio origen o similar,  en defensa de sus fuentes de trabajo.
 
Además define que una empresa social es la que está constituida  por los trabajadores activos de una compañía privada cuando está en  proceso de quiebra, concurso o liquidación, conforme a lo previsto en el Código de Comercio.
 
También procederá su constitución cuando los procesos de quiebra, concurso o liquidación   hubiesen concluido, y  cuando se cierre  o se dé el abandono injustificado de una empresa privada.
 
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, advirtió que la norma atenta contra la propiedad privada y tiene  carácter "confiscatorio”.

La CEPB se reunió  con el presidente del Senado, Luis Alberto González, y le    presentó   10 observaciones  al  proyecto. 
 
Según la entidad, además de su carácter confiscatorio, el proyecto de ley no considera los derechos de otros acreedores que pudiera tener una empresa que esté en proceso de quiebra, liquidación, cerrada o abandonada de forma injustificada, pero tampoco toma en cuenta los derechos del  empresario propietario, ya que presupone su culpa y su responsabilidad completa en cualquiera de estas situaciones. 
 
Para el sector, es desproporcionado que un retraso en el pago de sueldos de tres meses pueda ser sancionada con la expropiación del patrimonio.  

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