Piden apartar del cargo a Achá mientras dure el caso taladros

El delegado por Santa Cruz ante el Directorio de YPFB aseguró que el ejecutivo de la estatal petrolera dio un informe sobre el contrato que carece de veracidad.
martes, 6 de junio de 2017 · 02:00
Lidia Mamani / La Paz

La Gobernación de Santa Cruz exigió que  el presidente de YPFB, Guillermo Achá, sea  alejado de su cargo, mientras se desarrolle  la investigación sobre el caso taladros. Cuestionó que la autoridad haya brindado  un informe que carece de veracidad.

"La posición de la Gobernación de  Santa Cruz es exigir que (Guillermo) Achá sea alejado del cargo mientras se aclare el tema y puedan actuar en el marco objetivo de una investigación”, demandó el delegado de la Gobernación de Santa Cruz ante el directorio de YPFB, Víctor Hugo Áñez.

En conferencia de prensa aseguró que en marzo pasado, el ejecutivo de la estatal petrolera presentó ante el Directorio un informe que carece de veracidad.

"Ante los últimos acontecimientos de medidas preventivas para algunos funcionarios, vemos con  preocupación porque como Directorio, el señor Achá nos presentó un informe en  abril, en el que establece que el proceso de contratación con la empresa Drillmec se había llevado dentro de las normas y que no había ninguna situación irregular y eso es preocupante porque no se le dio el contexto real al Directorio”, explicó.

Según Áñez, los otros representantes  regionales  ante el Directorio coinciden con Santa Cruz:  si no hay objetividad en el procedimiento, ni transparencia, no  puede haber  la  confianza necesaria para que Achá  siga al mando de la estatal petrolera.

Por su parte el senador Óscar Ortiz, quien denunció el caso, exigió al Ministerio Público convocar al presidente de la estatal petrolera,  más si se toma  en cuenta que los funcionarios que fueron enviados a la cárcel afirmaron que sólo son mandos medios y que cumplían órdenes.

"Tienen que convocar al presidente ejecutivo y a otras autoridades de la estatal petrolera que son los superiores de los que están detenidos y tienen que verificarse esas sindicaciones directas que se hicieron”, dijo el legislador.

Añadió que en el proceso que sigue la Fiscalía, debe incluirse al  conjunto de los responsables y no sólo los mandos medios. " Parecería ser una acción  premeditada y de mala fe el hecho de que se haya ordenado preparar documentos y firmar con el fin de tratar de salvar responsabilidades”, sostuvo.

La semana pasada, durante la audiencia de medidas cautelares contra cinco funcionarios de YPFB, la defensa legal  de  los imputados aseguró  que éstos  sólo cumplieron las órdenes de los mandos superiores de la estatal petrolera.

 "Los administrativos  de YPFB sólo acataron las disposiciones del mando superior, como la gerente legal corporativo, Cinthia Novillo Salinas; el jefe de Unidad Jurídica, Fabián Rogelio Avilés; y Paola Oporto”, expuso el abogado de Gizel Siles,  Mario Villafán.

La detención

La jueza cuarto   Anticorrupción y Lucha Contra la Violencia, Melina Lima, dispuso el viernes la detención preventiva de los cinco exfuncionarios de YPFB  involucrados en la presunta contratación irregular  de  Drillmec para la provisión de tres perforadoras.

 En la audiencia de medidas cautelares, el  Ministerio Público evidenció la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias por parte de cinco miembros del Comité de Licitación de la estatal.

La jueza Lima dispuso la detención preventiva en el penal de Palmasola del director interino de Operaciones de Perforación, Bigmarck Serrano Parada y el gerente de Perforación Corporativa, David Pérez Alba, además de los abogados de la Unidad Jurídica de YPFB, Félix Bustos Martin, Gizel Siles Roca  y  Julio Kjari Nina que fue trasladado al penal de San Pedro.

El Gobierno denunció en abril ante la Fiscalía General  a 16 personas por irregularidades en la contratación de la firma italiana Drillmec para la provisión de tres taladros a YPFB  por 148 millones de dólares.
 
Afirman  que Oporto avaló compra a base de  informes legales

 

La suspendida gerente de Contrataciones de YPFB, Paola Andrea Oporto, fue quien dio la orden de compra de tres taladros a la empresa italiana Drillmec por un valor de  148,8 millones de dólares, basada en los informes técnico-legales, informó su abogado Róger Valverde. 

 La exfuncionaria declaró ayer ante el fiscal Anticorrupción Ramiro Jarandilla, en calidad de investigada; sin embargo, salió del lugar sin tener contacto con los periodistas, reportó ANF.

"En base a los informes (…)  hay diferentes unidades, legal, administrativa y la técnica de perforaciones que emitieron sus informes”, respondió Valverde ante la consulta de si Oporto dio curso al proceso de contratación de los taladros.  

Añadió que  su defendida fue convocada a declarar en calidad de sindicada, pero no imputada y  tras cumplir con esa obligación se fue a su casa.

 En paralelo, los cinco detenidos de YPFB, imputados por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, fueron trasladados de las celdas judiciales a las cárceles de Palmasola en Santa Cruz y San Pedro de La Paz.

  Valverde remarcó  que su defendida  sólo cumplió con el reglamento interno de YPFB  para dar curso a los procesos de contratación. "Ella ha cumplido con lo que establece el reglamento interno, en base a los informes, es lo que ella ha actuado (…). Se sigue investigando y creo que dentro de esta investigación se va a llegar a establecer qué realmente ha sucedido”, aseguró.

Consultado si Oporto tenía la facultad de rechazar o aprobar los informes técnico, legal o administrativo que recomendaban la contratación de Drillmec, así como las enmiendas al Documento Base de Contratación (DBC) del proceso de adjudicación, Valverde dijo que su defendida no tenía esa atribución. "Consideramos que todas las actuaciones realizadas están en el marco legal. Nos hemos presentado las veces que nos han convocado y no creo que se produzca eso (la aprehensión)”, agregó.

La defensa de los abogados de YPFB, Gizel Siles y Julio Kjari, argumentó que Oporto tenía la potestad de aprobar o rechazar el proceso de contratación, porque estaba por encima de las comisiones técnica, legal o administrativa. 


 

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