Legislador propone regular el monopolio empresarial en el país

Si bien la CPE establece prohibiciones sobre la práctica del monopolio, no existe una ley específica que lo regule, señala el diputado Óscar Urquizo de UD.
miércoles, 7 de junio de 2017 · 02:00
 Página Siete / La Paz

A través de una denuncia por omisión de funciones de la Asamblea Legislativa ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se propone que el Estado regule el monopolio empresarial   en Bolivia.

El diputado de Unidad Demócrata (UD) Óscar Urquizo presentó  ante esa instancia  una acción  de inconstitucionalidad contra la Asamblea por no legislar sobre el monopolio, pese a que la nueva Constitución, vigente desde hace más de ocho años, tiene como mandato aprobar normas antimonopolio.

"Los monopolios y oligopolios privados que existen en el país en diferentes ámbitos de la actividad industrial y comercial cuentan con  inversiones transnacionales, que se imponen en la dinámica de los mercados nacionales a costa de la sobrevivencia de medianas y pequeñas empresas que no tienen la menor opción de competir en equidad de condiciones frente a estos gigantes de poder y de dinero, que además abusan de sus posiciones y producen prácticas anticompetitivas en perjuicio de sus competidores y de los usuarios y consumidores”, argumentó el legislador con base a lo que establece  el artículo 312 de la Constitución.

   En ese contexto, citó que si bien en el artículo 314 de la CPE se establece para los operadores privados en los mercados de bienes y servicios dos tipos de prohibiciones: conformar monopolios y oligopolios, y celebrar asociaciones o acuerdos que pretendan el control y la exclusividad de los mercados, no precisa  cuáles son las sanciones cuando se infringen estas prohibiciones.

Es por eso que  urge  una ley de desarrollo que determine la aplicación de estas prohibiciones (en qué casos existe monopolio y oligopolio, qué contenidos tipifican una asociación o acuerdo de control y exclusividad) y que establezca con claridad  las sanciones y medidas preventivas.

El legislador observó que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP)  cuando recibe denuncias contra una o más empresas por violaciones del artículo 314,  las rechaza con el argumento de que los monopolios, oligopolios y las asociaciones y acuerdos destinados al control y exclusividad de los mercados no constituyen prácticas anticompetitivas reguladas por el Decreto Supremo 29519.

Según Urquizo, una  legislación específica  debía ser aprobada por la Asamblea, pero hasta la fecha no se tiene ninguna normativa, tomando en cuenta  que  la sentencia constitucional 0139/2013 del 6 de febrero de 2013  tipifica y configura la inconstitucionalidad por omisión de la Asamblea con relación al artículo 314 de la Constitución.

La  Carta Magna establece dos mandatos para la Asamblea:  la primera, aprobar leyes,   y segundo, que se las ponga  en vigencia  durante los  primeros cinco años de mandato.
 
Las  disposiciones
  • Sanción En enero de 2016,  la Autoridad de Fiscalización y control Social de Empresas (AEMP) emitió la Resolución administrativa 168/2015 en la que   informó sobre la sanción a la Cervecería  Boliviana Nacional (CBN)  con una multa de 11,2 millones de dólares por "conducta anticompetitiva” que perjudicó a la Cervecería Amazónica y su producto Bahía, en Cobija.
  • Norma El Decreto Supremo 29519, única norma vigente sobre regulación de mercados, es incompleto, parcial e insuficiente. Éste está limitado a prácticas anticompetitivas y no incluye un régimen jurídico de antimonopolio y antiasociaciones/antiacuerdos de control y exclusividad de mercados, cuestionó el diputado opositor Óscar Urquizo.

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