Denuncian que 13 nacionalizadas todavía operan como privadas

Entre las firmas observadas se encuentran ENTEL y las subsidiarias de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), YPFB Chaco y YPFB Transporte.
viernes, 19 de octubre de 2018 · 00:01

Manuel Filomeno / La Paz

Al menos 13 empresas estatales operan como sociedades anónimas privadas, según la denuncia del senador (UD) Óscar Ortiz, a pesar de haber sido nacionalizadas, en algunos casos, hace 10 años.

Entre estas empresas se encuentran las subsidiarias de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Chaco y YPFB Transporte.

“Hay empresas que han sido nacionalizadas hace 10 años, como Chaco, YPFB Transportes, y siguen funcionando como privadas; por lo tanto, son empresas que prácticamente llevan una década nacionalizadas y no se adecúan a la figura del sector público”, señaló el legislador.

Ortiz explicó que según una investigación preliminar al menos 13 empresas nacionalizadas por el gobierno de Evo Morales siguen funcionando como sociedades anónimas, bajo el Código de Comercio, cuando la Ley 466 de diciembre de 2013 establece claramente que las mismas deben asumir la tipología de empresas estatales mixtas.

Las empresas estatales, que continúan como compañías privadas, son las ya mencionadas YPFB Chaco SA, YPFB Transporte SA, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL S.A.), Compañía Eléctrica Central Bulo Bulo SA, Empresa Eléctrica Corani SA, Empresa Eléctrica Guaracachi SA, Empresa Eléctrica Valle Hermoso SA, Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (ELFEC SA).

Además, están la Distribuidora de Electricidad La Paz SA (Delapaz), la Compañía Administradora de Empresas Bolivia S.A. (CADEB), la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro S.A. (ELFEO), la Empresa de Servicios EDESER SA (Edeser) y la Transportadora de Electricidad S.A. (TDE SA).

Empresas públicas

“Aunque se aprobó la Ley de Empresas Públicas hace cinco años, que mandaba a estas empresas a convertirse en empresas estatales mixtas, el Ministerio de la Presidencia no ha sacado los lineamientos para que se haga este trámite y, por lo tanto, se escudan en estas falencias para seguir funcionando como sociedades anónimas”, explicó.

De acuerdo con el legislador, estas empresas se escudan en su condición de privadas en perjuicio de una verdadera fiscalización a su gestión, pues sus gerentes y directores se niegan incluso a presentarse ante el Legislativo con el argumento de que trabajan bajo el Código de Comercio.

“¿Cuál es el problema de que estas empresas sigan funcionando como sociedades anónimas, que estas empresas se escuden en su condición de sociedades anónimas, que es una figura del Código de Comercio para las empresas privadas y, por ejemplo, no regirse a las normas de contratación de bienes y servicios del sector público, sino que contratan directamente como empresas privadas”, señaló.

El legislador señaló que en las 13 empresas nacionalizadas el Estado tiene más del 90% de la propiedad accionaria, y a pesar de que se aprobó la Ley de Empresas Públicas hace cinco años, hasta la fecha no se convirtieron en empresas estatales mixtas.

Esta situación se hace evidente en uno de los documentos presentados por Ortiz, en el cual la nacionalizada ENTEL confirma que sigue siendo una sociedad anónima y su funcionamiento es regulado por los mecanismos legales previstos en el Código de Comercio, por lo cual no se encuentra obligada a brindar ninguna información.

“En aplicación al marco jurídico citado ENTEL SA mantiene subsistente y vigente la naturaleza jurídica de sociedad anónima, consiguientemente, sus actividades institucionales y otorgamiento de información se encuentran regulados por los mecanismos legales dispuestos en el Código de Comercio, sus estatutos y normas conexas”.

Consultado al respecto, el ministro de Economía, Mario Guillén, señaló que la Ley de Empresas Públicas reconoce la existencia de sociedades mixtas en las cuales el Estado es el principal accionista.

“La Ley de Empresas Públicas y el propio Código de Comercio establecen las sociedades de economía mixta, en este sentido tenemos varias empresas que están todavía con el rótulo de sociedades anónimas, en las cuales el Estado es el principal accionista”, agregó Guillén.

Además, señaló que estas empresas están abiertas a la fiscalización de los legisladores, excepto por temas específicos.

“Todo el tiempo llegan PIE y nosotros respondemos lo que hay que responder respecto a las actividades de nuestras empresas públicas (...) Pero hay cosas que no porque ellos sean senadores o diputados tenemos que responder, a veces ellos preguntan por procesos que están protegidos por la ley, que van mas allá de la gestión de las empresas públicas”, manifestó la autoridad.

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