Las estatales no se rigen por Ley SAFCO; tampoco cambian de SA

Según el senador Óscar Ortiz, estas firmas se amparan en la ambigüedad de su situación para actuar como privadas o públicas, según su conveniencia.
sábado, 20 de octubre de 2018 · 00:04

Manuel Filomeno / La Paz

Después de casi cinco años de la promulgación de la Ley 466 de Empresas Públicas, 13 empresas con participación accionaria de más del 70% del Estado aún no cambian su estatus de sociedades anónimas (SA) a empresas estatales mixtas (SAM) y tampoco se rigen por los preceptos establecidos por la Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO).

Según la denuncia presentada el jueves por el senador Óscar Ortiz, con la Ley 466 –promulgada el 26 de diciembre de 2013– las 13 empresas debían convertirse en empresas estatales mixtas de acuerdo con un cronograma establecido por el Consejo Estratégico de las Empresas Públicas (COSEEP).

Sin embargo, estas firmas públicas aún aguardan la notificación del COSEEP con los plazos del cronograma de conversión y adecuación a la Ley 466, según evidencian las Peticiones de Informe Escrito (PIE) 701/2017; 703/2017; 704/2017-2018 y 705/2017-2018, enviadas por Ortiz a los ministerios de Hidrocarburos, Energía, Obras Públicas y de la Presidencia.

“Amparados en esto, estas firmas actúan como empresas privadas o públicas dependiendo de la situación; por ejemplo, son privadas para evitar facilitar información requerida para ser fiscalizadas y son públicas cuando reciben financiamiento estatal”, explicó el senador opositor.

Ley SAFCO

De acuerdo con el artículo 7, parágrafo II de la Ley 466, “las empresas públicas se sujetarán a sistemas de administración y control adecuados a su dinámica empresarial pública (…) de control y fiscalización establecidos en la presente ley”.

Asimismo, el artículo 55 indica que “la Contraloría General del Estado ejercerá sus competencias de control de administración sobre las empresas públicas, debiendo tomar en cuenta el régimen legal de la empresa pública y no la normativa común que rige al sector público”.

Es decir, no están alcanzadas por la Ley SAFCO.

El caso ENTEL

Para ilustrar este concepto, Ortiz hizo pública la respuesta de ENTEL a uno de sus PIE en la cual indicaba que no se encontraba obligada a otorgar información, al tratarse de una sociedad anónima.

“En aplicación al marco jurídico citado, Entel SA mantiene subsistente y vigente la naturaleza jurídica de SA, consiguientemente sus actividades institucionales y otorgamiento de información se encuentran regulados por los mecanismos legales dispuestos en el Código de Comercio, sus estatutos y normas conexas”, dijo.

De acuerdo con el legislador, esto demuestra que estas empresas las manejan como si fueran privadas. “El Gobierno las administra sin ninguna rendición de cuentas ni transparencia, nombran directores, ¿pero a quién responden los directores ¿Están sujetos a la Ley SAFCO o simplemente al Código de Comercio, cuestionó.

Por su parte, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, explicó el jueves en una entrevista con El Deber que estas 13 firmas estatales se mantienen como SA, como parte de una estrategia diseñada para agilizar los procesos.

Añadió que la participación estatal en estas empresas no llega al 100% de las acciones, ya que esto las dejaría sujetas a la Ley SAFCO, que provocaría burocratizar sus procesos. “¿Por qué hay sólo un 99% de acciones estatales y quedó un 1% para privados Porque si traspasamos el 100%, se sujetan a la Ley SAFCO; es decir, que si quieren comprar un papel, deben pedir permiso al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE). Esto, para una empresa, es la muerte”, admitió.

Confidencial

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