Dan detención domiciliaria a uno de los abogados de YPFB

Para Roger Valverde, abogado de una de las partes implicadas en el caso, no se logró demostrar que hubo daño económico.
martes, 23 de octubre de 2018 · 00:04

ANF / La Paz

El Juzgado Segundo Anticorrupción dispuso la detención domiciliaria para Julio Kjari, exabogado de la Unidad Jurídica de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB), implicado en presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación de tres taladros a la empresa italiana Drillmec por un valor de 148,8 millones de dólares.

“Tengo entendido que la anterior semana le dieron la cesación al doctor Kjari”, informó Roger Valverde, abogado de una de las partes implicadas en este caso.

El abogado dijo que corresponde que las otras personas aún detenidas por este caso también vayan pidiendo su liberación porque ya concluyeron los plazos procesales y no hay nada más que investigar ni razón para que sigan detenidos. Para Valverde, en este caso no se logró demostrar que hubo daño económico.

Kjari fue uno de los primeros detenidos en junio de 2017; junto a él también fueron encarcelados el ex director interino de Operaciones de Perforación, Bismarck Serrano Parada; el exgerente de Perforación Corporativa, David Pérez Alba; y los abogados de la Unidad Jurídica de YPFB, Félix Bustos Martin y Gisel Siles Roca.

Además de Kjari, anteriormente salieron de la cárcel con medidas sustitutivas Félix Bustos y David Pérez. Otro sindicado que cumple con la detención domiciliaria es el expresidente de YPFB, Guillermo Achá.

Por este caso también fueron procesadas y detenidas la exgerente legal corporativa de YPFB Andina Carmen Lola Tellería y la ex gerente legal de YPFB, Cynthia Novillo.

Por su parte la exgerente de contrataciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Paola Andrea Oporto Ríos, solicitará al Ministerio Público el sobreseimiento en el caso taladros informó Valverde.

“En el caso de mi cliente vamos a solicitar que se emita el sobreseimiento porque hay una imputación formal y seguramente que los demás coimputados también (buscarán esta alternativa)”, indicó el abogado.

El Ministerio Público investiga a Oporto por los presuntos delitos de conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, porque ella era la responsable de los procesos de contrataciones en YPFB y desde ese cargo habría dado el visto bueno al proceso de licitación para la compra irregular de los taladros.

Valverde negó que su clienta tenga alguna responsabilidad en el caso y dijo que han presentado varios elementos probatorios para demostrar que Oporto no ha incurrido en ningún ilícito y además tampoco se ha cometido daño económico en este caso.

Mencionó que interpusieron varios recursos judiciales (incidentes procesales) para liberar de culpa a su defendida; sin embargo, fueron rechazados por el Juzgado Segundo Anticorrupción que lleva adelante este proceso. Por esa razón ahora pedirán a la Fiscalía el sobreseimiento para Oporto y adjuntarán todas las pruebas que demuestran su inocencia.

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