Camargo Correa repartió $us 4,3 millones en 51 coimas en Bolivia

La información enviada a la comisión mixta por la Policía de Brasil alude a la construcción de la carretera Roboré-El Carmen, entregada en 2009 por Evo y Lula.
jueves, 12 de abril de 2018 · 04:04

Página Siete / La Paz


 La empresa brasileña Camargo Correa repartió 4,3 millones de dólares en 51 pagos en Bolivia, para ser favorecida con contratos para la construcción de la carretera Roboré-El Carmen, según el informe enviado por la Policía Federal de Brasil a la comisión mixta que conformó el Legislativo, para investigar los alcances del caso Lava Jato en el país.


El documento oficial precisa que el dinero entregado por la constructora llegó a destinatarios identificados con las iniciales C. Morales, C. M. y G. G., que se beneficiaron con el pago de 51 cuotas (ver infograma), que fueron certificadas por las autoridades brasileñas.


El tramo carretero Roboré-El Carmen inició sus trámites y la ejecución  en las gestiones de los expresidentes Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé, pero fue concluido en  2009 durante la  presidencia de  Evo Morales.

En el caso de C. Morales, se certificó que  recibió 24 cuotas, cada una de 18.750 dólares, que completaron un total de 450 mil de la divisa extranjera.


Con base en el expediente enviado por la institución del orden del país vecino, las coimas habrían sido pagadas hasta agosto de 2006, cuando Evo Morales ya ocupaba el cargo de Presidente del Estado.


Algo parecido sucedió con el sujeto mencionado en la documentación como C. M., quien recibió 3,7 millones de dólares, en 24 cuotas de 158 mil dólares cada una, tal cual se precisa en el informe de la Policía Federal.


En el caso de G. G. del SNC (Servicio Nacional de Caminos), los legisladores que conforman la comisión mixta sospechan que puede tratarse de un funcionario, aunque las iniciales también podrían hacer referencia a la Gerencia General del SNC, que recibió 93.334 dólares, en tres pagos de Camargo Correa.


La información enviada desde Brasil es parte de la operación denominada Castillo de Arena, por el que la Policía Federal, desde 2008, investigó a altos ejecutivos de Camargo Correa, que ejecutaba obras en 40 países de África, Asia y América Latina.


Con los primeros indicios de    actividades ilícitas, el juzgado federal que siguió la causa autorizó que se “pinchen” los teléfonos de tres altos funcionarios de la constructora, entre ellos Pietro Giavina-Bianchi, quien finalmente aportó datos sobre montos y receptores de las coimas.


El expediente de la Policía brasileña incluye 280 páginas, en las que  los “pagos a Bolivia” aparecen 17 veces, junto a menciones a la carretera Roboré-El Carmen.


El tramo en cuestión tiene una extensión de 139,2 kilómetros y demandó  una inversión de 97.156.407 dólares, financiados en parte con el PROEX del Banco do Brasil y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).


El presidente    Morales y el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva inauguraron, el 15 de enero de 2009, esa carretera y la ruta El Carmen-Arroyo Concepción, adjudicada a Odebrecht; ambas empresas fueron investigadas en Brasil y otros países por el  caso Lava  Jato.


Sus principales ejecutivos fueron enjuiciados.

Comisión paralela (oposición) investigará sólo a  OAS en Bolivia  

Legisladores de Unidad Demócrata (UD) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) son parte de la comisión paralela de la oposición, que investigará el presunto pago de coimas de la constructora brasileña OAS a funcionarios bolivianos y sus vínculos con el caso Lava Jato.


 La comisión paralela está conformada por Arturo Murillo, Yerko Núñez, Edwin Rodríguez, Trifonia Muñoz, Shirley Franco y Lourdes Millares, por parte de UD, y Jhovana Jordán del PDC.


“Nos hemos dado seis meses para presentar nuestro informe al pueblo de Bolivia. La Constitución nos obliga a fiscalizar ante cualquier sospecha de corrupción y la diferencia con la comisión  masista es que nosotros vamos a cubrir todos los gastos de viajes, hoteles y otros que se presenten”, explicó a Página Siete el senador Arturo Murillo.


El legislador de UD precisó que la semana pasada viajó a Perú, donde se reunió con funcionarios que llevaron a cabo investigaciones por el caso Lava Jato.


“El viernes he estado en Perú, donde me he reunido con un grupo de gente que con su investigación ha mandado preso a (Ollanta) Humala y h a portado pruebas en otros casos. Me explicaron todas las formas de investigación que han utilizado y todos los canales que se puede usar para conseguir información”, manifestó Murillo.


El senador Yerko Núñez explicó a este medio que la comisión hará énfasis en los contratos firmados entre el Estado y OAS, porque es una de las empresas implicadas en el caso Lava Jato que más contratos firmó en Bolivia durante la gestión del presidente Evo Morales.


“No corresponde que OAS esté fuera de la investigación. Hay una intención del Gobierno de hacer una investigación a medias. Se tiene que solicitar información a autoridades de otros países para incluir a constructoras y consultoras que hayan tenido relación con Lava Jato”, dijo.


Núñez aclaró que el trabajo de esta comisión está respaldado por el artículo 151 de  la Constitución Política del Estado, que conmina a los asambleístas a realizar trabajos de fiscalización, y remarcó que las respectivas bancadas cubrirán sus gastos.

 El Comité multipartidario de Perú comparte datos

La diputada por Unidad Demócrata (UD) Fernanda San Martín Carrasco se reunió el martes con su homóloga peruana Rosa María Bartra Barriga, para informarse de las investigaciones realizadas en el país vecino sobre el caso Lava Jato.


El encuentro se llevó a cabo en la ciudad de Lima y estuvo orientado al “intercambio de buenas prácticas para desarrollar investigaciones de los procedimientos técnicos y/o administrativos indebidos o irregulares asociados con contratación de obras públicas”, según Yerko Ilijic, asesor legislativo de UD.


La diputada Bartra preside la Comisión Especial Multipartidaria de Perú, encargada de investigar los presuntos sobornos, coimas y dádivas que hubieran recibido funcionarios públicos de diferentes niveles de Gobierno, en relación a las concesiones de obras adjudicadas a las empresas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvão.


De las cinco compañías que son investigadas por la comisión multipartidaria de Perú, cuatro se adjudicaron obras en Bolivia, aunque sólo dos son parte de las pesquisas que lleva a cabo la comisión mixta del Legislativo.


Además de San Martín, el senador Arturo Murillo también se reunió con legisladores peruanos que participaron en las investigaciones del caso Lava Jato y anunció que la comisión paralela irá a Brasil, para recabar información relacionada a Bolivia.


En el caso de la comisión legislativa oficial, se dio un plazo de 180 días para entregar un primer informe de su investigación a la Asamblea Plurinacional.

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