Interculturales y campesinos concentran el 27% de la tierra

Hasta 1996, los interculturales no aparecían en registros. La Fundación Tierra advierte que se da títulos a personas que ya tienen tierras en otras regiones.
martes, 22 de enero de 2019 · 00:04

Manuel Filomeno  /  La Paz

El 27% de la tierra saneada y titulada del país está en manos de campesinos e interculturales, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA).

Las cifras, presentadas en la Rendición Pública de Cuentas de la entidad  el pasado 18 de enero en Sucre, indican que este grupo concentra 23,2 millones de hectáreas de las 85,5 millones de hectáreas saneadas. Esta extensión  beneficia a 1,8 millones de propietarios. Hasta 1996, de acuerdo con los datos del INRA, los interculturales no figuraban en el mapa de tierras distribuidas (ver gráfica).

El resto de las tierras hasta 2018 estaba distribuida entre Territorios Indígenas Originarios Campesinos (TCO/TIOC) (28%);  empresas y medianos propietarios (14%) y tierras fiscales sin repartir (31%). 

De acuerdo con el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, el INRA ha desvirtuado su propósito y se ha concentrado en sanear tierras y entregar títulos sin fijarse en que estas vayan a las personas que las necesitan.

  “No hay una distribución  equitativa de las tierras fiscales de nuestro país. El problema elemental es que estas tierras no estarían llegando a la gente que manda la ley, a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas del lugar”, precisó.

Explicó que sólo después de priorizar a estos grupos se debería entregar la tierra  a la gente de otros lugares que no la posee.

El problemas  es la otorgación de títulos a personas y comunidades que ya tienen tierras en otras partes del país. “Hay mucha gente que ya tiene terrenos que está accediendo a nuevas tierras. Ese el  caso de la reserva de Tucavaca, donde  los beneficiarios, la Comunidad Túpac Amaru,  eran todos del occidente, donde ya tenían tierras. Esto es  una muestra de que se están creando comunidades y se les está  dotando  de  tierras fiscales a personas  que, en muchos casos, ya tienen y que, en otros casos, provienen del trópico de Cochabamba”, observó.

Tráfico de tierras

Colque indicó, además, que en los últimos cinco años, el INRA no se ha podido enfrentar al tráfico de tierras y los avasallamientos que se presentan en el país.

“El INRA no ha podido enfrentar el problema del tráfico y el avasallamiento de tierras fiscales, territorios indígenas y reservas nacionales. Por ejemplo, tenemos el caso de Río Negro donde hay  un asentamiento grande de menonitas, donde  ya había una resolución de desalojo desde el año 2009 y el Gobierno no ha hecho cumplir esta resolución”, puntualizó.

 Tampoco se reporta qué tierras han sido revertidas por no cumplir con una función social.

 

Saneamiento  llegó al 83% el año pasado, dice el INRA

El Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA) llegó a sanear y titular el 83% de las tierras del país hasta fines del año pasado. 

Sin embargo, la entidad gubernamental abandonó el objetivo de redistribuir y revertir la tierra a quienes la necesitan, denunció el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque.

Según los datos de la Rendición Pública de Cuentas Final de 2018 del INRA, hasta el 31 de diciembre del año pasado se habían saneado y titulado más de 85 millones de hectáreas y restarían  17.805.339 hectáreas (17%), cuyo saneamiento deberá concluir hasta 2020.

  Al respecto, el director de la Fundación Tierra señaló que el avance en el saneamiento es secundario, ya que lo realmente importante es que la tierra llegue a las manos de los que la trabajan.

 “La meta principal de este proceso no es terminar con el saneamiento, sino redistribuir la propiedad agraria, dotando de más tierra a los pequeños propietarios y recortando las grandes propiedades. Este objetivo estratégico se ha perdido  de vista”.

De acuerdo con  Colque, en los últimos años no se han aplicado políticas de redistribución, no se han realizado reversiones de  terrenos que no cumplen con la función económica social ni se han dado redistribuciones.

“No hay una distribución de equitativa de las tierras, existen al menos 100 propiedades que superan las 5.000 hectáreas que señala la Constitución  y no hay datos sobre quién esta beneficiando con la titulación de las tierras fiscales y en qué tamaño de propiedad”, explicó.
 

 

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