Nostas a 13 años del Gobierno de Evo: es indudable que el modelo precisa de ajustes

El presidente de los empresarios aseguró que estos años se creció con el impulso al consumo interno y un caudal transitorio de rentas, como la del gas.
martes, 22 de enero de 2019 · 18:02

ANF / La Paz

A 13 años del Gobierno de Evo Morales, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas afirmó que el modelo económico implementado precisa ajustes pues está impidiendo el desarrollo del sector privado. Observó excesivas restricciones, política laboral y salarial inestable y contraria al empresario, presión tributaria, inseguridad, burocracia perniciosa entre otros aspectos que generan incertidumbre al momento de ejecutar inversiones.

En una entrevista con ANF afirmó que la aplicación ortodoxa del modelo actualdejó temas pendientes como el contrabando, la informalidad, la burocracia, la falta de diversificación e industrialización -esto último recién se empezó a encararse-, además de la política salarial, los déficit gemelos entre otros.

El modelo, basado solamente en la inversión pública, el mercado interno y en el manejo centralizado de todo el sistema, no puede mantener el crecimiento sin el apoyo del sector privado, advirtió el máximo representante del empresariado.

ANF: ¿Cómo evalúa el sector privado el modelo económico implementado por el Gobierno de Evo Morales durante estos 13 años?

R.N: Nosotros hemos sostenido que el modelo económico que se implementó en la actual gestión de gobierno, ha tenido resultados importantes, mientras los precios de los hidrocarburos y los minerales en el mercado externo eran altos; pero cuando esas condiciones cambiaron se empezaron a notar sus  deficiencias.  Ahora, cuando hay indicadores que apuntan a una transición de ciclo y contexto, es indudable que el modelo precisa de ajustes que permitan sostener el crecimiento e impulsen una nueva forma de producir riqueza, pero no solamente desde el Estado.  La economía funciona, pero la pregunta es si tal como está puede llevarnos distancias largas sin sobresaltos. El auge de recursos que vivimos durante la bonanza, dejó varios retos importantes rezagados, como la diversificación económica, el impulso a las exportaciones y la industrialización, que va mucho más allá de la visión ligada a los recursos naturales.  Estos años se creció con el impulso al consumo interno y un caudal transitorio de rentas, como la del gas, pero se dejó de lado la promoción a la inversión privada y la visión de mercados globales, particularmente para productos no tradicionales. La aplicación ortodoxa del modelo actualdejó temas pendientes como el contrabando, la informalidad, la burocracia, la falta de diversificación e industrialización (esto último recién se empezó a encarar), la política salarial, los déficit gemelos etc. y el modelo, basado solamente en la inversión pública, el mercado interno y en el manejo centralizado de todo el sistema, no puede mantener el crecimiento sin el apoyo del sector privado.  Desde nuestra interpretación, si el modelo está impidiendo el desarrollo del sector privado, lo que hace es dificultar la formalización de la economía y el empleo, afectar la inversión, constreñir a la industria manufacturera; precarizar a las pymes y mantenernos en el ciclo de las materias primas no renovables.

ANF: Al principio del primer Gobierno de Evo Morales había mucha desconfianza por lo que sucedería con las inversiones privadas, sobre todo extranjeras, ¿ese temor se ha superado?

R.N: Yo creo que el problema no es la confianza sino las condiciones para la inversión.  Bolivia es un país con muchas oportunidades para el capital privado extranjero por varias razones: ubicación, diversidad geográfica, riqueza cultural, estabilidad, recursos naturales, costos y un mercado pequeño pero creciente.  Sin embargo, es también evidente que Bolivia está a la zaga de la captación de inversión privada extranjera en comparación con otros países.  Este desbalance tiene que ver con varios factores asociados sobre todo a la visión que tiene el gobierno, respecto a la atracción, ingreso y aprovechamiento del capital privado extranjero.  Excesivas restricciones, política laboral y salarial inestable y contraria al empresario, presión tributaria, inseguridad, burocracia perniciosa etc, pero sobre todo la permanencia de una idea en la cual el Estado debe manejar, administrar y ejecutar todo y que el sector privado es un actor de segunda categoría que no puede opinar ni reclamar derechos, constituyen un panorama muy complejo que fácilmente ahuyenta el interés de las empresas extranjeras en invertir, salvo aquellas que vienen por proyectos concretos.  Temas como la informalidad, la presión salarial, la falta de un reglamento en la Ley de Inversiones y la Ley de Creación de Empresas Sociales, son señales muy duras para el empresario nacional o extranjero en el momento de tomar decisiones sobre montos, condiciones y rubros para invertir y, de alguna manera, explican que la inversión se esté concentrando en muy pocos sectores de la economía. Se debe señalar también la ausencia de incentivos para la inversión, que, a pesar de existir una ley de promoción de inversiones, esta no se ha concretado ni en incentivos sectoriales generales ni en los denominados específicos.  La inversión privada nacional subió en una primera etapa, aunque varios factores tributarios, laborales, y de sobre regulación limitaron mayor expansión. Creemos que Bolivia tiene condiciones óptimas para atraer recursos; sin embargo, son las medidas que se toman las que paradójicamente generan dudas y aumentan la incertidumbre para los inversionistas.

ANF: Detrás del denominado modelo económico, social, comunitario y productivo se ha visto que desde el Gobierno se ha impulsado la instalación de empresas públicas que han ingresado hacer competencia a las ya establecidas del sector privado. ¿Esta competencia que en algunos casos fue llamada desleal ha desmotivado la iniciativa privada?

R.N. Una de las características de la aplicación del actual modelo económico, es la tendencia a la discriminación sistemática que sufren las empresas del sector privado en comparación con las empresas públicas, lo que se refleja en algunos ámbitos como la política laboral y salarial, la presión tributaria, el acceso a fuentes de financiamiento y la desprotección frente a la informalidad y el contrabando. Pese a que manejan recursos públicos, si las empresas estatales quiebran, no se aplica la Ley de Empresas Sociales ni se producen juicios ni se confisca ningún bien: el Estado absorbe los costos. Eso no ocurre con las privadas que, en esos casos son sujetos de juicios laborales, confiscaciones y pérdidas, de las que muchas veces no podrá recuperarse.

En el tema salarial, los únicos que están obligados a aumentar anualmente este beneficio son los privados; las entidades del Estado pueden hacerlo a su voluntad y, en el caso de las empresas públicas, se les permite tomar en cuenta factores como la disponibilidad de recursos, utilidades proyectadas y productividad.  Otro ámbito que expresa esta discriminación es el referido a la inmovilidad laboral. La norma establece estabilidad incondicionada para el trabajador en el ámbito privado, mientras en el ámbito público ésta no es absoluta y depende de la capacidad de las entidades, el desempeño de los trabajadores o las decisiones casi arbitrarias de las autoridades. Las empresas públicas, hoy se han convertido en un aparato económico paralelo, destinado a competir con las empresas privadas formales, en un reducido mercado, fuertemente afectado por la informalidad y el contrabando.  Además de las ventajas anotadas, se benefician con mecanismos muy cercanos al monopolio, ya que en algunos casos se obliga al sector público a la contratación exclusiva de sus servicios, dejando fuera al sector privado.  Esta discriminación no solo desmotiva la iniciativa privada, sino que contraviene el Art. 306 de la Constitución Política, que establece que los cuatro modelos de la economía se basan en principios como igualdad, justicia y equilibrio, pero además está generando un peligroso camino hacia la mayor informalización de la economía y el empleo, y a la precarización del sector.

1.  Desde el Gobierno se ha dicho que el sector privado, sobre todo del sector financiero, es el que más dinero ha ganado en la última década, ¿coinciden desde la CEPB con esa percepción?

R.N: Más allá que hay ciertas omisiones en las cifras que maneja el gobierno, el problema principal es que las utilidades no son uniformes ni iguales para todos, especialmente si consideramos regiones y rubros. Es evidente que en promedio, las utilidades en el sector privado, han aumentado en estos años, sin embargo, éstas están concentradas en pocas empresas; el 1,1 por ciento de padrón de contribuyentes explica el 78,9 de las recaudaciones, donde el IUE es un componente central.  De hecho, las utilidades agregadas han bajado y son menores que las de los años pico de la bonanza. Cuando se calcula la utilidad promedio, se puede apreciar una baja  a partir de 2015, con una muy leve recuperación en 2017. Con todo, el monto en valor absoluto de utilidad promedio es US$ 3.798 anual.  Si consideramos los sectores, siete de 12, reportaron en 2017 crecimiento por debajo de 4.5% y seis departamentos tuvieron crecimiento inferior al 4,5%; Solo La Paz, Santa Cruz y Oruro lo superaron. Según un estudio reciente, en 2017, las 300 empresas más grandes del mercado concentraron el 85% del total de los ingresos facturados en el país. El 40% de los ingresos por ventas de las 300 empresas más grandes de Bolivia corresponden al sector terciario o de servicios.  Sólo como ejemplo, hace algunas semanas, la Cámara Nacional de Industrias evidenció una desaceleración del crecimiento del PIB industrial, entre 3 a 3,5% a octubre de 2018, con un déficit de la balanza comercial del sector industrial manufacturero de $us 2.658 millones de dólares, superior en 1,2% a similar periodo de 2017, debido a los altos costos laborales, el contrabando, la informalidad, y la desaceleración de la economía nacional.  Industria explicó que los rubros más afectados son los de alimentos, bebidas, textiles, manufactura de madera, cuero, cemento, metalmecánica y farmacéutico. Cuando se analizan promedios, estas diferencias no se perciben y se distorsiona lo que realmente está ocurriendo en el sector privado. 

ANF: La relación empresarios –Gobierno ha estado marcada por altibajos y momentos de tensionamientos en torno a negociaciones referidas al doble aguinaldo, incrementos salariales y otros aspectos, pero también se han dado acuerdos importantes con sectores como la agroindustria y exportadores (puertos alternativos). ¿Considera que en año electoral, estas fisuras puedan ser superadas o profundizadas?

R.N: El escenario que avizoramos es que la excesiva politización de la agenda nacional, puede dejar de lado la atención a los temas económicos estructurales. Nuestra mayor preocupación es que el gobierno siga con la política de presión al sector privado, a través de medidas regresivas y muy perjudiciales como los segundos aguinaldos, el acoso impositivo y la política laboral inequitativa.  Nos preocupa que se mantenga la negativa obstinada a realizar ajustes al modelo económico, lo que seguirá incidiendo en una mayor precarización de las regiones de menor crecimiento, un aumento de la informalidad y un trato desigual y discriminatorio contra el sector empresarial.  Una de las preguntas que frecuentemente se hace el sector privado es la sostenibilidad de un tipo de cambio anclado y los costos que podría representar el tomar medidas, o el no tomarlas.

Nos preocupa los temas urgentes que no han sido abordados como el diseño de un plan para revertir la desaceleración y los desbalances macroeconómicos; las medidas para apoyar a las regiones de menor desarrollo y a los sectores de la industria manufacturera; los efectos de la política salarial y el segundo aguinaldo; los mecanismos para avanzar en la formalización y; la generación de una política seria, efectiva e integral para disminuir el contrabando.  Es importante concluir la habilitación plena de los puertos sobre el Atlántico y de Puerto Ilo y solucionar el tema de los productos genéticamente modificados; concluir los acuerdos para dar mayores oportunidades a las empresas nacionales en la construcción de las grandes obras de infraestructura y sobre todo encarar el tema de las alianzas público privadas.

ANF: ¿El crecimiento económico del que tanto se jacta el Gobierno de encabezar en América Latina refleja la realidad socioeconómica del país?

R.N: Yo creo que concentrarnos en el crecimiento del PIB como único indicador de bienestar es inadecuado, porque no permite ver las grandes diferencias en nuestra economía, especialmente si comparamos regiones y rubros.  El problema con este crecimiento es que desigual, concentrado en pocos segmentos de la economía y sustentado con inversión pública y endeudamiento externo, puesto que se viene ahogando a la inversión privada con diversas medidas, tales como el Segundo Aguinaldo y otros costos que impiden su expansión.

En el análisis sobre la realidad económica, es importante ver otras variables preocupantes como la baja en las Reservas Internacionales que marca una tendencia resultante de problemas más serios como la dependencia de divisas de pocos sectores primarios, el olvido a políticas de promoción de exportaciones no tradicionales y la incoherencia macroeconómica respecto del objetivo de mantener un tipo de cambio fijo con políticas fiscal y monetaria expansivas. Otras variables que vienen generando preocupación son las fiscales, con un déficit creciente que se financia con una acelerada subida en la deuda pública, en un entorno internacional en el que los organismos financiadores seguramente pondrán mayor atención a la capacidad de repago de nuestra economía. Por su parte, sectores clave que son generadores de rentas, como los hidrocarburos y la minería enfrentan problemas que, aunque exista voluntad y decisión para resolver, requieren tiempo para poder reaccionar.

En los últimos años el gasto público ha crecido en consonancia con la lógica del modelo de consumo y mercado interno, financiado con excedentes de exportación que hoy ya no están disponibles en la magnitud requerida. Los presupuestos sub nacionales, en un adelanto a lo que podría pasar de manera más general, han tenido que ajustarse con graves consecuencias en empleo y con costo social. Ese es el mayor problema a enfrentarse, el reto de lograr sostenibilidad en el gasto social que es indispensable para el bienestar. Sin embargo, el bienestar depende también de la posibilidad de que los ciudadanos puedan generar ingresos y esto, a su vez, está ligado a la impostergable necesidad de impulsar la inversión privada nacional.

ANF: ¿Cuáles debieran ser los desafíos con miras no solo al 2019 sino a mediano plazo en materia productiva empresarial y políticas públicas orientadas al sector?

R.N: Ya no se trata de aplicar algunas políticas dispersas y sectoriales, sino de replantear seriamente la visión que el gobierno tiene respecto al rol del sector privado en el país y que se articula a su vez con otros ámbitos fundamentales como la política salarial, la seguridad jurídica, el impulso a la producción nacional, la disminución del contrabando y la informalidad y el incentivo a la inversión privada.  Hay varios temas que se deben enfrentar en el futuro inmediato y que en realidad son barreras que dificultad y hasta imposibilitan el crecimiento sostenido del aparato productivo nacional. El tipo de cambio, la innovación y apropiación tecnológica, el comercio exterior y los acuerdos para abrir mercados, el tema de puertos y las tendencias globales en el empleo, son todos aspectos que eventualmente exigen respuestas y posiciones claras desde el Estado. El problema esencial es la persistencia en un modelo que fue muy efectivo en la época de bonanza, pero que en la actualidad ya no puede dar respuestas a los grandes problemas que dejó pendiente la década pasada. 

 

 

 

 

 

 

 

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