Por acuerdo con choferes, Estado dejó de percibir Bs 16,8 millones

El destino de 20 centavos a favor de choferes fue producto de una rebaja del peaje por acuerdos con Toll SA en 2003 y por una resolución ministerial de 2004.
martes, 19 de febrero de 2019 · 01:07

Página Siete /   La Paz

El Estado dejó de percibir aproximadamente 16,8 millones de bolivianos entre 2004 y 2018  en virtud de una rebaja de 20 centavos de boliviano  a la tasa de rodaje que pagaban los  choferes de la Federación Departamental 1  de Mayo hasta 2004 en la Autopista La Paz-El Alto. 

Un acuerdo con la exconcesionaria privada Toll SA en la gestión del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada permitió  que esos 20 centavos  se destinen  a un fondo prosalud que es retenido por Vías Bolivia.

Según información  brindada por el diputado Wilson Santamaría y el ministro Óscar Coca, entre 2008 y 2018 los choferes recibieron 12,4 millones de bolivianos de Vías Bolivia.

 Una nota publicada por el diario La Razón menciona que de 2003 a 2008 se transfirieron a los choferes 4,4 millones de bolivianos.

En total habrían recibido desde 2003 hasta el año pasado cerca de 16,8 millones de bolivianos, que debían dirigirse a cuentas fiscales.

Esto de no existir convenios suscritos entre la Federación Departamental de Choferes 1ro. de Mayo con la concesionaria de los peajes  Toll SA el 29 de agosto de 2003, para que esos  20 centavos se dirijan a ese gremio sindical.

 El destino de esos recursos está reflejado en un comunicado difundido por Vías Bolivia la semana pasada.

 En ese texto se indica también que   mediante resolución ministerial  082 del 13 de abril de 2004, durante la gestión del entonces  presidente Carlos D. Mesa Gisbert, a título de racionalización de los peajes, se reduce la tarifa de  1,80 bolivianos a 1,60 bolivianos  al transporte liviano público de la mencionada federación. 

 Según el exdirigente de los choferes y actual diputado (MAS) Franklin Durán, hasta 2003 los vehículos que realizaban el servicio interciudades pagaban 1,80 bolivianos al pasar por el peaje de la autopista, mientras que los particulares pagaban dos  bolivianos.

“Desde antes de  2003 pagábamos 1,80 bolivianos, después hemos negociado una rebaja de 20 centavos, pero igual pagamos  1,80 porque la diferencia se va a nuestro fondo”, explicó.

 En ese entonces, el   Servicio Nacional de Caminos (SNC) advirtió que de rebajarse la tarifa de 1,80 bolivianos a 1,60 bolivianos par a el transporte público liviano en la Autopista La Paz-El Alto, el Estado perdería cerca de 1.077.699 bolivianos al año, según notas de prensa de esa época.

  El exsuperintendente de transportes, Wilson Villarroel, indicó que en ese tiempo, el Gobierno tomó esa medida con el objetivo de mantener  tranquilo a un sector usualmente conflictivo. “El Gobierno de ese entonces, al intentar contentar a un sector conflictivo, hizo esa concesión con los choferes. Sin embargo, no lo hizo de la manera que debía, ya que intentó legalizar esto a través de una resolución ministerial, cuando debería haber  promulgado una ley”, puntualizó.

 Villarroel observó  que de acuerdo con el  artículo 96 de la Constitución Política del Estado de 1967 (la que estaba en vigencia al firmarse el acuerdo y promulgarse la resolución ministerial),  entre las atribuciones del Presidente estaban ejecutar y hacer cumplir las leyes sin definir privativamente derechos o alterar los definidos por la ley.

Asimismo, en el artículo 109 de la nueva Constitución Política del Estado se explica que los derechos y garantías de los ciudadanos sólo pueden ser regulados por ley.

“El Estado no puede mostrar preferencias por un sector u otro mediante exenciones o beneficios mediante resoluciones o decretos. Lo que ha pasado en el caso de los choferes está mal en ese sentido, porque se ha autorizado reducir una tarifa y beneficiarlos con la retención de sus ‘aportes’  de manera oculta y sin llevar el tema al Legislativo”, explicó.

 Asambleístas del MAS como de oposición piden investigar la transferencia de los recursos.
 

Choferes de base piden renuncia de dirigentes
 

Un grupo de choferes de base y exdirigentes del autotransporte paceño pidieron ayer la renuncia de los  dirigentes de la Confederación Nacional de Choferes, Ismael Fernández, y de la Federación Departamental 1ro.  de Mayo, Rubén Sánchez.

Los choferes, agrupados en el Comité de Defensa de los Choferes, dieron a 15 días a los dirigentes para renunciar y convocar a un ampliado nacional para rendir cuentas de los más de 12 millones de bolivianos que fueron depositados en sus cuentas por Vías Bolivia desde 2009.

“Nosotros estamos dando 15 días a los señores Fernández y Sánchez para que renuncien a sus cargos y en una ampliado nacional rindan cuentas de la plata que fue depositada en sus cuentas y las de otros dirigentes, por que de ese fondo prosalud del que hablan. No sabemos nada y ellos no han comprado ni un paracetamol para los compañeros”, expresó Eddy Condori, representante del  comité.

El representante,  además, aclaró que Fernández no puede ser dirigente de los choferes,  ya que en los últimos años se convirtió en empresario. Es  el dueño de la empresa IFA Trucks. Pidió  que se investigue el origen de los recursos con los que se constituyó la empresa.

“Cómo un empresario va a ser dirigente de los choferes, eso no puede ser. Además,  tenemos la sospecha de que Fernández utilizó los aportes de los afiliados a la federación para constituir su empresa y creemos que eso debe ser investigado por las autoridades pertinentes”, puntualizó.

 

 

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