Sabotaje industrial: proyecto de ley es aprobado y va al Senado

Diputados oficialistas defienden la norma porque “protege los derechos de los trabajadores”; la oposición teme que se genere inseguridad jurídica.
sábado, 18 de mayo de 2019 · 00:04

Página Siete /  La Paz

El Proyecto de Ley 275/19, que busca modificar dos artículos del Código Penal para introducir excepciones y reduce penas para los delitos de sabotaje y atentados contra la libertad de trabajo, fue aprobado el jueves, en sus estaciones grande y en detalle, en la Cámara de Diputados, y fue enviado sin modificaciones a la Cámara de Senadores para su tratamiento.

De acuerdo con el Informe de Comisión 008/2019-2020 de la Cámara de Diputados,  el Proyecto de Ley 275/19 fue remitido el 6 de mayo a la  Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado para su tratamiento, siendo estudiado y aprobado el 14 de mayo pasado, para ser remitido al pleno de la Cámara, donde fue aprobado el pasado jueves 16 de mayo. 

Un comunicado de prensa de la Cámara de Diputados da cuenta de que la norma aprobada “posibilita el resarcimiento de daños, protegiendo los derechos de las y los trabajadores organizados y la protección a los empleadores de llegar al resarcimiento. Esta norma permite negociar de una mejor manera entre las partes afectadas”.

El proyecto de ley fue rechazado por la Cámara Nacional de Industrias (CNI), que considera que la norma busca “eximir de responsabilidad legal a los dirigentes sindicales, actuando en el marco de un conflicto laboral y en el ejercicio del derecho a la huelga, incurran en los delitos antes mencionados, lo cual, en la práctica, significaría otorgar privilegios especiales a algunos ciudadanos en relación con los demás habitantes del país”.

La diputada Betty Yañiquez indicó a Página Siete que de ninguna manera se busca la impunidad de los dirigentes de los trabajadores y que el espíritu de la norma es racionalizar las penas y establecer condiciones para garantizar el derecho a la huelga.

“De ninguna manera se busca la impunidad de los dirigentes sindicales que incurran en estos delitos, lo que se busca es racionalizar las penas y garantizar el derecho a la protesta y la huelga de los trabajadores, sin afectar las libertades de trabajo, de empresa y el derecho a la propiedad privada”, manifestó.

En la misma línea, la presidenta de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de diputados, Valeria Silva, afirmó: “Es una iniciativa que constituye un mecanismo de protección a los dirigentes sindicales, quienes en el ejercicio de su labor sindical son procesados,  proponiendo el restablecimiento  y garantía de sus derechos laborales. Por ello resulta necesaria la modificación de la pena penal de sabotaje”.

En contraposición,  la diputada opositora Lourdes Millares indicó que la norma atenta de forma directa contra la seguridad jurídica de las empresas, ya que al reducir las penas por sabotaje e incluir la salvedad de que el hecho sea llevado a cabo con violencia para que sea considerado un delito,  se  deja la puerta abierta para la paralización de industrias sin una justificación real.

“Yo me opongo al proyecto de ley porque genera inseguridad jurídica, atenta contra la libertad de empresa y pone en riesgo a las inversiones de los empresarios. Además, al reducir las penas, se pierde el elemento disuasivo de las normas, ya que los acusados por estos delitos podrán conmutar sus penas de prisión por medidas sustitutivas”, apuntó la legisladora opositora.

Consultado al respecto, el exviceministro de Trabajo, Richard Vilca, acotó que la norma busca proteger a los trabajadores que incurran en los delitos de sabotaje industrial, al incluir la condición de “violencia” para que el acto sea considerado un delito, además de reducir el quantum de las penas de uno a ocho años, a de dos a cuatro.

 Con relación a la figura de delito de atentados contra la libertad de trabajo, establecida como la obstaculización o restricción de las labores de los trabajadores, el proyecto de ley incluye un párrafo que señala que esta práctica no será considerada un delito si es que se lleva a cabo en el marco de una huelga.

 “La libertad de trabajo es un bien jurídico de todo ciudadano para trabajar sin que nadie se lo impida, por lo que esta modificación dejaría en estado de indefensión a los  trabajadores que no estén de acuerdo con acatar las huelgas”, mencionó Vilca.

Artículos modificados del  Código Penal

  •  Sabotaje El proyecto de ley de sabotaje industrial modifica el artículo 232 del Código Penal, al introducir la figura de “violencia” en la normativa respecto al sabotaje industrial, y reduce las penas máximas de ocho años a cuatro años.
  •  Derechos  En el caso de la libertad de trabajo, la propuesta de norma introduce una excepción en la definición del delito de atentados a la libertad del trabajo, al señalar que este no será considerado un ilícito si es que la obstrucción, restricción o impedimento del trabajo se lleva a cabo en el contexto de una huelga o de la defensa de los derechos laborales de los trabajadores de una empresa.

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