Gobierno dotó fuera de norma al menos un millón de hectáreas

La ley dispone que cada Comisión Agraria Departamental evalúe una solicitud de dotación, pero el INRA dejó de informar de los procesos desde 2017.
domingo, 16 de junio de 2019 · 00:04

Página Siete / La Paz

 El Gobierno dotó de  forma irregular o fuera de norma al menos un millón de hectáreas, de modo que los procesos de dotación de tierras fiscales con resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), a partir de 2017, son nulos de pleno derecho a escala nacional, como consta en las denuncias presentadas por colonias y comunidades afectadas en Santa Cruz.

“Tenemos conflictos en Roboré, San Rafael y San Miguel que podrían haberse evitado si el INRA cumplía la formalidad jurídica de dotación de tierras que ha pasado por alto. El INRA ha empezado a distribuir tierras fiscales donde ahora se dan cuenta que hay áreas de reserva municipal forestal, áreas protegidas a nivel municipal, áreas de protección”, declaró el abogado Mauricio Rojas Orellano, quien representa a varios de los afectados.

El formalismo jurídico al que se refirió el jurista consiste en los procedimientos que se debe cumplir para dotar o adjudicar tierras fiscales en todo el país.

Los procesos de dotación de tierras son atribución del Servicio Nacional de Reforma Agraria, en cuya Ley 1715, artículo 6 (estructura orgánica), se establece que el servicio está compuesto por el Presidente del Estado, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, la Comisión Agraria Nacional y el INRA; los tres primeros, responsables de la elaboración de políticas, y el cuarto como ente ejecutor.

Sin embargo, desde 2017 el INRA comenzó a emitir resoluciones para la dotación de tierras sin seguir la vía que establece la ley, ya que no llevó los casos a consulta ante la Comisión Agraria Nacional, representada en cada región por la Comisión Agraria Departamental (CAD).

“Cuando se hace un proceso de distribución de tierras o de dotación, la ley establece, junto con el reglamento agrario, que el INRA tiene que dar a conocer estos procesos a la CAD, sobre dónde se está distribuyendo la tierra”, afirmó el abogado.

Sin embargo, desde hace dos años el INRA dejó de informar a las CAD sobre las solicitudes de resolución que tramitaba, y procedió a dotar las tierras en diferentes lugares del país, con mayor frecuencia en Santa Cruz.

En cálculos de las partes afectadas, en este lapso se emitieron al menos 200 resoluciones de dotación con superficies para asentamientos que iban desde 50 familias, que en suma dan por lo menos 800 mil hectáreas sólo en el departamento cruceño, y otras 200 mil en otras regiones.

“En Santa Cruz hay más de 200 resoluciones de dotación de tierras. Estamos hablando de fácilmente unas 800 mil hectáreas”, manifestó el jurista.

Página Siete envió un cuestionario al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con nueve preguntas sobre la denuncia de las colonias afectadas por la dotación irregular de tierras.

En esa cartera de Estado se informó que el cuestionario fue remitido a funcionarios del INRA, para que den respuesta a la solicitud, pero hasta el cierre de esta edición no dieron su versión.

“Desde que ha asumido el ministro (César) Cocarico, se tomó la decisión de que no se manda (las solicitudes de dotación a las CAD) bajo el argumento de que, en Santa Cruz, el gobernador es de oposición, se va a oponer a los procesos de distribución de tierras y no tienen por qué dar a conocer ni pedir permiso a las gobernaciones, porque la administración de las tierras es atribución del nivel central del Estado, pero para la administración de tierras, este nivel tiene cuatro componentes”, explicó Rojas.

En cada departamento, el presidente de la CAD es el gobernador de la región. A éste se suman el secretario permanente (director departamental del INRA), las organizaciones sociales, los campesinos e interculturales, entre otros, que deben sesionar para decidir sobre una solicitud de resolución de dotación.

El abogado Rojas presentó hace dos meses requerimientos para que la CAD cruceña se manifieste sobre la dotación irregular en la región, por lo que el gobernador Rubén Costas convocó a las entidades de la comisión, que no acudieron al llamado de la autoridad y emitieron un pronunciamiento contra la comisión.

La Federación Sindical Única de Trabajadores Indígena Originario Campesino Regional Gran Chiquitanía comunicó que expresaba su “rechazo a la convocatoria de la Comisión Agraria Departamental”, según el documento del 3 de junio pasado.

Rojas precisó que en muchos de los casos de dotación irregular los beneficiarios ya tomaron posesión de la tierra, pero que hay varias resoluciones que no llegaron a ejecutarse en los hechos, porque las mismas comunas dueñas de las hectáreas se resistieron a los asentamientos.

 

Punto de vista
Gonzalo Colque, experto Fundación Tierra


 “El INRA tiene que cumplir la Ley de Tierras”

El INRA no tiene capacidad de desconocer a los Consejos Agrarios Departamentales, más bien, los consejos están creados por varios sectores que tienen que definir las grandes políticas de la tenencia de tierras en el país.

Desde hace unos 12 años esto no ha funcionado a nivel nacional ni a nivel departamental, no han convocado las autoridades llamadas para el funcionamiento de estos consejos.

El INRA es una instancia técnica y operativa, que tiene que cumplir los mandatos de la ley de tierras, pero a falta de ese control, el INRA ha hecho trabajos bastante arbitrarios.

El INRA debe transparentar la información para no generar estos conflictos, se habla de que en Santa Cruz existen entre 1.000 y 2.000 comunidades con autorizaciones de asentamiento y ni siquiera los alcaldes de los municipios donde están esas tierras fiscales conocen de estos procesos.

El actual Viceministro de tierras (Juan Carlos León) ha señalado que ha iniciado procesos legales contra 100 funcionarios del INRA sobre tráfico de tierras. Entonces, el tema es de conocimiento general, existe un problema muy grande de tráfico, de corrupción en la titulación de tierras en el país.

Lo que tienen que hacer (los funcionarios del INRA) es suspender la otorgación de estas autorizaciones arbitrarias y fiscalizar, auditar e intervenir el INRA, porque no está cumpliendo con las grandes políticas de distribución equitativa de tierra en el país.

 

 

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