Liberan a Achá de cuatro delitos, pese a testimonios en su contra

De acuerdo con las versiones de al menos cinco coimputados, el expresidente de yacimientos sabía y participó del proceso de adquisición de los tres taladros.
domingo, 02 de junio de 2019 · 00:04

Página Siete  /  La Paz

A pesar de los testimonios de sus excolaboradores y coimputados, en los cuales se advierte de su participación en el proceso irregular de adquisición de tres taladros, el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)  Guillermo Achá se benefició con el sobreseimiento de los delitos de conducta antieconómica, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado y encubrimiento, para ser imputado tan sólo por incumplimiento de deberes.

A principios de mayo, el Ministerio Público acusó formalmente al extitular de YPFB por la comisión de un solo hecho delictivo y lo liberó de culpa de los otros cuatro ilícitos, de acuerdo con la resolución de sobreseimiento firmada por el fiscal Mario Germán Rea Salinas.

La resolución fue emitida luego de dos años de iniciado el proceso y después de los cambios al interior del Ministerio Público, entre los que se incluye la designación del exabogado de YPFB Williams Alave como fiscal departamental de La Paz.

La resolución, a la que tuvo acceso Página Siete, señala que no existen suficientes elementos de convicción para sostener las acusaciones, ya que en el caso del delito de conducta antieconómica “no se pudo establecer que el sindicado haya cometido daño económico al Estado”.

En el caso del delito de uso indebido de influencias, la resolución señala que no se pudo establecer a qué persona o personas podría haber influenciado Achá y cuáles serían las ventajas ilegítimas que habría obtenido, ya que el proceso de contratación de la firma italiana Drillmec no era parte de sus atribuciones.

Sin embargo, declaraciones de al menos cinco exfuncionarios de YPFB, coimputados en el caso, señalan que Achá conocía y participó en la contratación de la empresa,  e incluso  habría autorizado un incremento del precio referencial de los taladros, lo que beneficiaba a Drillmec, y le valió al exfuncionario ser imputado por conducta antieconómica.

De acuerdo con las versiones recogidas en la resolución de ampliación de imputación formal contra Achá, emitida por el Ministerio Público el 20 de junio de 2017,  se menciona que Paola Oporto, gerente de contrataciones de YPFB; David Pérez, gerente de perforación; el vicepresidente de administración, contratación y fiscalización de YPFB  Jorge Patricio Sosa, Mayra Geraldine Velásquez, del área de contrataciones, y la  gerente legal corporativa  Claudia Lenz Ardaya  apuntaron a Achá.

 Para hacer la imputación, la Fiscalía observó que el  expresidente cumplió funciones  desde el inicio del proceso de contratación hasta su resolución.

“Tuvo participación activa de manera directa a través de su personal de confianza para que la empresa Drillmec pueda verse beneficiada y como consecuencia se adjudique al proceso de contratación de los tres equipos de perforación”, se menciona.

Además, se evidenció la firma de Carmen Tellería, en calidad de secretaria de directorio, a quien se señala como la “persona de confianza” de Achá.

Otra de las observaciones consiste en que Achá tuvo conocimiento de todo el avance de contratación, incluso de las enmiendas hechas por la unidad jurídica, técnica y administrativa.

“Debe tomarse en cuenta que esta autoridad (Achá) convocaba a reuniones con los vicepresidentes y gerentes corporativos cada 15 días o cada mes, en el que se informa el avance de todos los proyectos de inversión, incluyendo el proceso de contratación de los tres equipos de perforación”, agrega la imputación .

 El caso tiene su origen en 2017, cuando el entonces jefe de la unidad de transparencia del ministerio, Edmundo Novillo, denunció que se detectaron irregularidades en la contratación de Drillmec  para la provisión de tres taladros para YPFB por 148 millones de dólares.

Página Siete buscó la versión del fiscal Rea, que sigue la causa, y del fiscal departamental Alave para conocer su versión sobre la fundamentación del sobreseimiento al extitular de YPFB, pero ninguno quiso atender los requerimientos de este medio.

 

Hay 21 imputados por el  caso Taladros

  • Acusación La Fiscalía de La Paz presentó la acusación formal  contra  21 personas implicadas en el proceso irregular de adquisición de tres taladros por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, entre otros ilícitos.
  • Imputados El fiscal Anticorrupción a cargo de la causa, Germán Rea Salinas, emitió la acusación formal que se envió al juzgado en contra del expresidente  de YPFB Guillermo Achá Morales  y los exfuncionarios David P.A., Bismark S.P., Gizel S.R., Félix M.B.M., Julio J.N., Cinthia M.N.S., Carmen L.T.G., Paola A.O.R., Maira G.V.O., María E.A.C., Roxana L.N.U., Mario A.D.V., Miguel A.B.S., Martín E. P. P., José M.R.G., Fabián R.A.T., David F.V., José P., Diego B. y Pedro P.H.F.

Auditor  acusó  presión de personal cercano a Achá

De acuerdo con el testimonio del exdirector  de auditoría interna de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)   José Mauricio Mancilla Lara, él y su equipo fueron presionados por  funcionarias cercanas al extitular Guillermo Achá mientras elaboraban  la Auditoría DRCO-CCL-GPE-186  “Adquisición de tres equipos de perforación”.

“De alguna forma me sentí presionado en el desarrollo de toda la auditoría por las señoras Carmen Lola Tellería y Claudia Lenz, que a toda costa pretendían justificar algunas observaciones, principalmente de materia legal”, señala el testimonio.

 Según su versión, en un principio Achá pidió a Mancilla la elaboración de la auditoría, para lo que se armó un equipo y se pidió apoyo a las subsidiarias Chaco y Andina, las cuales aportaron técnicos que  trabajarían con el equipo, en coordinación con Tellería, quien era parte del personal de confianza de Achá.

En un  pasaje de su testimonio, el exdirector indica que cuando se realizaba la redacción de las conclusiones de la auditoría, Tellería y la gerente legal Lenz esperaban afuera de la oficina.

“Yo les pedí que se retiraran porque nos sentíamos presionados y que aún nos faltaba bastante para concluir (...). A las tres de la mañana, cuando terminamos, Lenz me llamó y me pidió que le diera detalles de las conclusiones, lo cual hice en el trayecto a mi hotel”, testificó Mancilla.

El auditor agregó que luego dio por concluida la tarea encomendada y la remitió a la Contraloría General del Estado, lo que enfureció a Achá, quien pidió ser el primero en ver el informe.

 

 

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