Dictan detención preventiva para falsificador de certificados forestales, traficó 396 camiones de madera

“Estas personas, usando un soporte legítimo, que es otorgado por la ABT, introducen datos falsos. Primero acerca del previo a ser explotado y se colocan sellos de autoridades, validando la explotación ilegal”, indicó el director de la FELCC Santa Cruz.
martes, 16 de julio de 2019 · 17:57

Página Siete Digital

En audiencia de medidas cautelares, se consiguió la detención preventiva para Ronald Valverde, el presunto cabecilla de una organización que se encargaba de falsificar certificados forestales, sellos y firmas de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) con el fin de traficar madera de áreas no autorizadas.

“Ayer se desarrolló la audiencia de medidas cautelares y se logró la detención preventiva, en Palmasola, para Valverde. Presumimos que hay un vínculo entre Ronald Valverde y  Noel Sivila. Él está siendo buscando por otros casos iniciados por la ABT”, destacó Rossío Alcón, Directora General de Asuntos Jurídicos de la ABT.

En trabajo coordinado con la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crímen (Felcc) de San Ignacio de Velasco, en abril se desarticuló una banda de falsificadores de firmas en San Ignacio de Velasco.

“A partir de la falsificación de estos documentos, se extinguieron innumerables bosques en nuestra zona. Son 396 camiones que han sido aprovechados por  la banda liderada por Ronald Valverde Antezana y en cuyos viajes se conoce al señor Noel Sivila,  Elias Montero, Maria Lurdes Peralta, Rony Antezana, Matilde Zamudio, y Redmy Padilla”, explicó el director departamental de la FELCC,  Jhonny Aguilera.

Aguilera explicó que la ABT delega la administración de los bosques a agentes auxiliares acreditados para validar las explotaciones forestales. “Estas personas, usando un soporte legítimo, que es otorgado por la ABT, introducen datos falsos. Primero acerca del previo a ser explotado y se colocan sellos de autoridades, validando la explotación ilegal”, resumió.  

Informó que Noel Sivila se encuentra prófugo y sería parte una importante de la investigación por ser responsable del área San Ignacio. Sivila se dedicaba a firmar resoluciones administrativas para aprobar planes de desmontes menores a 20 hectáreas. De esta manera se desmontaban tierras fiscales y más tarde se procedía al “blanqueo” (tala y comercio ilegal) de la madera extraída.
Rocha explicó que el funcionario cobraba por lo menos 300 dólares por cada resolución aprobada. Para hacer los cobros, Sivila enviaba a sus intermediarios, agentes auxiliares de la Unidad Operativa de Bosques y Tierras (UOBT).
Las tierras fiscales de las que Sivila dispuso de manera irregular afectaron a seis comunidades menonitas: Riva Palacios El Dorado II, Tajibo Santa Rita, La Conquista, La Roca, Valle Verde y Cañada la Roca.

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