Empresas sociales sobreviven al contrabando y con eventuales

En el caso de Punto Blanco, a pesar de ser administrada por sus empleados, ellos no son dueños de los activos de la empresa, que sigue en manos de los bancos.
viernes, 19 de julio de 2019 · 00:04

Página Siete /  La Paz

 Las tres  empresas sociales que existen en la actualidad sobreviven pese a la falta de mercados, el contrabando y con personal eventual.

Ese es el caso de textiles Punto Blanco  y Cerámicas Victoria, que se mantienen a flote  a pesar de los problemas que atraviesan.

“Estos años han sido difíciles, pero nos hemos podido mantener, seguir trabajando, aunque la falta de mercados y la competencia desleal del contrabando no nos dejan crecer”, dijo Elisario Mamani, secretario general del sindicato de Punto Blanco.

El dirigente afirmó que las prendas importadas de forma ilegal desde China, Perú o Brasil son su principal competencia.

A esto se suma la falta de mercados para su producción, de probada calidad, pero a precios más altos al de las prendas importadas de manera legal.

A pesar de la crisis, la empresa emplea a unas 40 personas y mantiene dos tiendas en La Paz, sin embargo, hasta el momento y luego de casi cinco años de administrar la empresa los trabajadores no tienen propiedad sobre los activos de Punto Blanco.

“No somos dueños de nada, nosotros trabajamos y hemos podido pagarnos los salarios, pero la planta y las máquinas pertenecen a entidades bancarias”, precisó Mamani.

Por esta misma razón, la empresa no puede acceder a préstamos e impide a los trabajadores aportar de manera colectiva a las administradoras de fondos de pensiones (AFP), por lo que deben hacerlo de manera individual, señaló el representante.

Asimismo, ante la imposibilidad de incrementar su producción con la compra de nuevos equipos, la empresa también se ve limitada a contratar personal de manera eventual.

“No estamos en condiciones de ampliar nuestro personal de manera permanente; cuando necesitamos incrementar la producción recurrimos a empleados eventuales, esto también para no endeudarnos con ellos”, agregó.

Punto Blanco pasó a ser administrada por sus trabajadores luego de que su dueño, Raúl Valda, fue apresado por no cumplir con las obligaciones laborales de su empresa, dejando desamparados  a sus trabajadores.

La situación de Polar

De acuerdo con un dirigente de los trabajadores de Polar, otra de las empresas sociales reconocidas por la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (Cgtfb), la empresa se mantiene a flote a pesar de la competencia del contrabando.

En procura de conseguir mayor información sobre esta empresa social,  Página Siete recibió la información de que la marca Polar ahora es representada por la compañía privada Ardillatel, desde donde señalaron que Polar, como tal, ya no existe.

No obstante, una fuente cercana a los trabajadores indicó que Polar sigue en funciones, pero se negó a dar más datos por no tener la autorización del sindicato.

En lo que respecta a Cerámicas Victoria, que fue convertida en empresa social en mayo de este año, no existe mayor información, más allá de que su producción se veía afectada por la falta de mercados, ya que antes de su intervención  exportaba ladrillos de 18 huecos a Perú, un mercado que los trabajadores de la firma esperaban recuperar.

Este medio intentó comunicarse con la empresa social, pero el teléfono que figura en varios directorios empresariales y de la confederación del sector se encuentra fuera de servicio.

La CEPB presentó un recurso en contra de la ley

En enero pasado, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) presentó   una acción de inconstitucionalidad abstracta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en contra de la Ley 1055 de Empresas Sociales, y solicitó suspender su aplicación.

La acción de inconstitucionalidad está orientada contra el contenido de siete artículos y dos disposiciones transitorias de la Ley de Empresas Sociales.

La CEPB citó algunos contenidos de los artículos 2, 4, 5, 6, 7, 9 y 11, además de las disposiciones adicionales tercera y cuarta, que contienen varias “disposiciones violatorias” de derechos humanos y garantías y principios constitucionales, como la igualdad y no discriminación.

Además -reclamó- vulneran  la protección a la propiedad privada, la libertad de empresa, la libre asociación, circulación, garantía del debido proceso, derecho a la defensa y  principio de impugnación, entre otros.

Asimismo, la institución empresarial,  que agrupa a los ejecutivos de todo el país, demandó la suspensión de la aplicación de la norma  hasta que se resuelva la acción presentada.

El tema tomó relevancia desde hace algunas semanas  ante la posibilidad de que la empresa INAL Helados Panda se convierta en la cuarta firma en pasar a manos de los trabajadores.

 

Helados Panda: empresarios piden respeto de la propiedad

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) y la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz)  exigen el respeto de la propiedad privada en el caso de la empresa INAL Ltda. Helados Panda, y cuestionaron el visto bueno del Gobierno para convertirla en empresa social.

El presidente de la CNC, Rolando Kempff, dijo que  es primordial que se respete la propiedad privada. “Como empresarios, buscamos siempre que se respete la propiedad privada que es lo importante (…), se debe dialogar con los empresarios, porque hay muchos temas a resolver, temas de deudas y otros, y creemos que los empresarios han invertido de buena forma”, sostuvo el ejecutivo del sector.

“Es lo importante el clima de inversiones, creo que necesitamos un clima de inversiones adecuado”, manifestó Kempff.

Cadinpaz considera que el Ministerio de Trabajo primero debió revisar la documentación para verificar si respalda o no lo expresado por los empleados, así como la identificación de los acreedores y pasivos que pudiera tener la empresa, para no afectar los intereses de todos.

El  ministerio debe alentar una solución consensuada entre socios y representantes, acreedores y trabajadores que permita la continuidad y reactivación de la industria, dice Cadinpaz en un comunicado de prensa.

“El alentar la toma ilegal de una empresa, al amparo de una norma impugnada… puede llevar a los trabajadores al fracaso y  a la pérdida de una importante industria, desincentivando la inversión privada nacional y extranjera”, dice el comunicado.
 

 

 

6
31