Ropa usada: prevén daño de $us 210 millones en 3 años

Las cámaras del sector confirmaron una afectación actual de $us 140 millones.
jueves, 25 de julio de 2019 · 00:04

Página Siete / La Paz

 La Cámara Departamental de Industria de Cochabamba (Camind), la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía Productiva de Cochabamba (Cadepia) y la Fundación Hecho en Bolivia informaron ayer que en tres años el daño económico  por la venta de ropa usada puede llegar a 210 millones de dólares anuales.

“Estamos preocupados por el efecto multiplicador que ha tenido este flagelo, porque eso es la venta de ropa usada (…). El efecto son 100 millones de dólares que salen del país, como no se pagan impuestos, se estima que el daño económico es de 140 millones de dólares. Si esto no se frena, en los próximos tres años esos 140 millones de dólares van a crecer en 50%”, dijo el tesorero de la Camind, Ramón Daza.

En cinco años, el crecimiento de la comercialización de ropa usada ocasionó el cierre de 10 unidades productivas dedicadas a la confección de textiles en Cochabamba y pérdidas millonarias difíciles de medir.

“Toda persona tiene derecho al trabajo, al libre comercio, siempre y cuando esté enmarcada en los términos legales de nuestro país. Lamentablemente hay actividades económicas que no están enmarcadas dentro de este marco y esto está generando grandes perjuicios a los sectores productivos”, afirmó Javier Bellott, titular de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC).

Las instituciones reportaron que hasta la fecha se estima que el volumen de ropa usada comercializada alcanza las 12.000 toneladas, frente a las 8.000 registradas hace cinco años.

“En los últimos años, el peso específico sobre el PIB del sector manufacturero ha caído un 40%. Esto nos tiene que alarmar porque (este sector) es la principal fuente de riqueza para cualquier país”, agregó el tesorero.

Los industriales recordaron que el Decreto Supremo 28761 de 2006 prohíbe la internación y venta de prendas usadas, y que el Gobierno no debe atender el pedido de los ropavejeros, de continuar con su comercialización.

 

 

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