Tras 2 rescisiones, Royal firmó el contrato de terminal de Sucre

lunes, 26 de agosto de 2019 · 00:04

  Pese a la advertencia de la rescisión de contratos con   la ABC la empresa  Royal firmó se adjudicó la construcción del “Módulo 2, Bloque Central  de la Terminal Departamental de Sucre”. Según documentación a la que accedió Página Siete,  en ese momento ya pesaba sobre la empresa una orden de retención sobre sus cuentas bancarias. 

“Nos llama la atención que se haya adjudicado otra obra cuando hay dos rescindimientos de la ABC. Hay una orden de retención de cuentas bancarias ”, Julio Artola, asesor legal y socio de  Bossa, la   demandante   de Royal.

El 7 de marzo de 2019, un mes  antes de la rescisión de los contratos con la ABC, Royal SRL se adjudicó la construcción de uno  de los bloques  la terminal. El costo de la obra es de 71.7 millones de bolivianos. 

La firma del contrato se realizó el 12 de abril, cuando la empresa ya había sido notificada con la disolución de los contratos de  dos carreteras Santa Bárbara-Quiquibey y Huatina Tiquina.  El plazo de ejecución de la obra es de 430 días calendario.  

 La retención de los fondos  

    En 2016, Royal se adjudicó la construcción de la carretera Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey. Para la conclusión de tres túneles subcontrató a la empresa  Bossa. 

 La semana pasada, directivos de esta última denunciaron que  dejaron la obra a pocos meses de empezar los trabajos  por falta de pago de parte de Royal y que hasta hoy la constructora de Careaga   les adeuda 4,6 millones de bolivianos. Para el cobro, Bossa presentó un laudo arbitral que  conminó a  Royal a pagar.

Esta última, pidió la nulidad del arbitraje, pero la justicia rechazó su solicitud. 

 El 5 de febrero de 2019 el Juzgado Público Civil y Comercial 23° emitió la resolución 062/2019 en la que  declara probada la demanda coactiva para el pago de la deuda de Royal  a Bossa. Pide a  la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) instruir a toda la banca a nivel nacional la retención de fondos de   Royal. 

Esta determinación ya pesaba sobre la firma de Careaga al momento de presentarse como proponente a la licitación para la construcción de la terminal   de Sucre. Sin embargo, contradictoriamente,  el informe de la comisión evaluadora del proceso de contratación (publicado en el Sicoes) señala que Royal cumplió con la certificación bancaria que demuestra que  la empresa cuenta con líneas de crédito y la disponibilidad de efectivo mayor al 15% del precio  de la obra. 

Es decir que alguna entidad financiera emitió un certificado de solvencia pese a que la ASFI debía instruir la retención de todas sus cuentas bancarias. 

La empresa   de Careaga presentó un Amparo que fue remitido al Tribunal Constitucional. La resolución emitida por este  ente no fue publicada en su portal web hasta ahora.  
 

Dos rescisiones  por incumplimiento de contrato con la ABC

  En abril pasado, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) decidió romper  dos contratos suscritos con la Empresa Constructora Royal SRL, para la construcción de  dos tramos carreteros en La Paz.  La resolución afecta la construcción de la doble vía Huarina-Tiquina y la carretera Santa Bárbara-Caranavi-Río Alto Beni-Quiquibey, cuyos trabajos quedaron paralizados.

La decisión fue notificada a la empresa mediante las notas ABC/GLP/RJU/2019-0045 y ABC/GLP/RJU/2019-0046, del 11 y 17 de abril de 2019, dirigidas al representante legal de Royal, Rolando Careaga Alurralde. Previamente se habían enviado varias advertencias notariadas por los retrasos y falencias en la obra que ponían en riesgo la construcción y la entrega. 

En el caso de la vía en la región lacustre,  la empresa expuso tres razones que impedían la ejecución regular del objeto del contrato: mala elaboración de los términos de referencia; mantenimiento de todo el tramo sin remuneración, y el costo por kilómetro de carretera asfaltada.

En ambos proyectos  los  trabajos sufrieron una  paralización de obras debido  a la falta de pago a trabajadores, prestadores de servicio de alimentación, proveedores de maquinaria pesada y varias empresas subcontratadas. Las deudas ascienden a un monto millonario y hay una demanda por la que se presentó un laudo arbitral y que llegó hasta el Tribunal Constitucional  en Sucre.

 

Diputado y senador del MNR y Podemos

El pasado 18 de julio, el anuncio de la postulación de Orlando Careaga Alurralde como primer candidato a senador del MAS causó polémica entre la oposición y ciertos sectores del oficialismo. Cuestionaron que el empresario haya sido diputado por el MNR en la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada y senador  en la gestión de Jorge  Tuto Quiroga.

El concejal potosino René Navarro, hermano del ministro César Navarro, explicó que la decisión de invitar a Careaga fue asumida por el presidente Evo Morales. Añadió que todos tienen la oportunidad de mejorar su línea política. 

 “No hay problema con que alguien pase de la derecha a izquierda, eso está bien. Lo triste sería que de la izquierda pasen a la derecha”, dijo.   

Quienes mayor descontento mostraron fueron las organizaciones  sociales del Norte Potosí, quienes emitieron un  voto resolutivo de rechazo. Argumentaron que el “empresario millonario” no era parte e la bases.

    El año pasado, la Red Pío XII  publicó una revisión de las declaraciones juradas de varios legisladores de oficialismo y oposición del Potosí.  Recordaron que uno de los patrimonios más llamativos fue justamente el de Orlando Careaga Alurralde. 

Una declaración de 2006 señalaba que entonces el    potosino contaba con un patrimonio de 72 millones de bolivianos. Consultado sobre el origen de su fortuna, Careaga respondió que todo su patrimonio era  fruto de sus trabajos de minería. Añadió que todo lo invertía en Potosí.

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