Laudo arbitral: Bolivia paga $us 25,5 MM por Mallku Khota

El monto de la indemnización está incluido en el Decreto Supremo 4028. La compañía entregará al Estado todos los estudios de prospección y exploración.
viernes, 30 de agosto de 2019 · 00:04

Lidia Mamani / La Paz

Bolivia cerró de forma definitiva el laudo arbitral que tenía con  South American Silver (SAS)  por la mina Mallku Khota con un pago de 25,5 millones de dólares. Entretanto, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) afirma que la exploración del lugar tomará entre seis y 10 años. 

“Hoy se cierra de forma definitiva el arbitraje internacional iniciado y se consolida la propiedad del Estado sobre el yacimiento minero  Mallku Khota, que tiene un valor potencial de 8.000 millones de dólares”, afirmó ayer el procurador General del Estado, Pablo Menacho.

Afirmó que como resultado del trabajo eficiente  de defensa legal desarrollado desde la Procuraduría del Estado, se redujo el monto cancelado de  una pretensión de 385,7 millones de dólares a 25,5 millones de dólares, es decir, sólo el 6,6% del monto total demandado.

La indemnización  total pagada está incluida en el Decreto Supremo 4028, que fue aprobado  esta semana. 

Menacho afirmó que el acuerdo incluye la entrega de todos los estudios prospectivos y exploratorios realizados por la firma canadiense, mismos que fueron manejados como información “altamente confidencial” durante el arbitraje internacional.

Según el detalle, los documentos que ayer fueron entregados por uno de los ejecutivos de la SAS en  oficinas del Ministerio de Minería  incluyen los trabajos geológicos de perforación de 106 pozos en el área de las concesiones, además de los resultados metalúrgicos derivados de los análisis en laboratorios internacionales, realizados por compañías mundiales  como SGS Lakefield Research de Canadá, y el modelo geológico elaborado sobre la base de dichos resultados utilizando el software Geovia.

En noviembre de 2018,  la SAS  aseguró  que Bolivia debe pagar una indemnización de 28 millones de dólares por la reversión de 10 concesiones mineras en el norte de Potosí  a su subsidiaria Mallku Khota: 18,7  millones por indemnización y nueve  millones por intereses, desde 2012. 

Los planes para la mina

 Al respecto, el presidente de Comibol, Zelmar Andia, informó que desde 2012 se hacen cargo de la mina, donde realizan trabajos de exploración mediante la perforación a diamantina.


“Por el juicio internacional, no podíamos explorar en su totalidad para que no haya observaciones, es decir, sólo se hizo reconocimientos del mineral. Lo que nos queda es continuar con la exploración, porque la empresa no concluyó, sólo hay un promedio de ley, vamos a tener que terminar con el estudio”, afirmó.

No obstante, por sus características minerológicas y el tamaño de su superficie, Andia calculó que los estudios y evaluaciones les tomará entre seis y 10 años. Tras ese tiempo esperan que se pueda ofrecer el yacimiento a mineras privadas. 

 Andia detalló que Mallku Khota es tres veces más grande que la mina San Cristóbal, en Potosí, que opera a cielo abierto y que para su explotación se hizo una exploración por 12 años.

En noviembre de 2018, el ministro de Minería, César Navarro, afirmó que para hacer un estudio se requieren 620 millones de dólares.

En  agosto de 2012, el Gobierno emitió el Decreto Supremo 1308, para la reversión de 10 concesiones que tenía la compañía minera. En  2013 la firma dio inicio al arbitraje.

 

El  laudo

  • Fallo   El laudo  fue emitido por el Tribunal Arbitral el 22 de noviembre de 2018. En el documento se establecía que Bolivia   cumplió con el mandato del derecho internacional de otorgar un trato justo y equitativo a la empresa privada.
  • Suscripción Representantes de la Procuraduría y del Ministerio de Minería firmaron un contrato transaccional ayer en la ciudad de La Paz. El documento establece el pago del capital establecido en el laudo, la renuncia de la empresa SAS al 30% del monto de los intereses;  el reembolso a Bolivia de 209 mil dólares por concepto de costas del arbitraje;  y  la entrega de la información clasificada como “altamente confidencial” durante el procedimiento arbitral, según la Procuraduría General del Estado.

Confidencial

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