Hay más de 100 denuncias contra funcionarios del INRA, piden interpelación

Opositores piden informe al ministro Cocarico. Fundación Tierra señala que la nueva normativa flexibiliza el uso sostenible de tierra.
lunes, 16 de septiembre de 2019 · 00:04

Madeleyne Aguilar A.  / La Paz

Desde 2015,  se registran más de un centenar de denuncias por tráfico de tierras, corrupción, incumplimiento de deberes y nepotismo contra funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).  La dotación irregular de tierras en la Chiquitania es el caso más polémico y que está en pleno proceso de investigación. 

Legisladores de  oposición piden informes y una interpelación para el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, cabeza de la cartera a la que pertenece el INRA. La unidad de Transparencia de la entidad  solicita que sustenten las acusaciones.

“Hay irregularidades en el INRA. Muchos asentamientos humanos han sido realizados en tierras de producción forestal permanente, que no tienen vocación agrícola. Además, la Ley 741 da autorización para que cada comunario queme y desmonte hasta 20 hectáreas sin ningún control técnico. Si en una comunidad son 50 habitantes, estaríamos hablando de 1.000 hectáreas”, alertó la diputada por  UD Eliana Capobianco.

Sostuvo que se inviabilizó el funcionamiento de las Comisiones Agrarias Departamentales  en Santa Cruz,  que son las instancias para el tratamiento de denuncias e irregularidades. “Son más de 100  veces que no asiste el director departamental del INRA y su presencia es un requisito”, añadió.

Por esos motivos, solicitó una interpelación para el ministro Cocarico el pasado 12 de septiembre.  Espera una respuesta.

La diputada por el MAS Mireya Montaño  dijo que todos los diputados tienen  las atribuciones para fiscalizar. Recalcó que las denuncias deben ser debidamente sustentadas para no  difamar. “En este caso la comisión de autonomías, de la que la diputada Capobianco forma parte, ha debido munirse de mucha documentación para interpelar a las autoridades”, sostuvo.

70 casos del INRA y Santa Cruz 

Según registros a los que Página Siete tuvo acceso, la Unidad de Transparencia del INRA recibió  en lo que va del año más de 70 denuncias de irregularidades jurídicas y administrativas. Todas referidas a irregularidades cometidas por la institución.

Consultado sobre el tema, el director de esa unidad, Nelson Antezana –quien recién asumió el cargo hace  cuatro semanas– explicó que hay denuncias  sólo verbales que no tienen pruebas. Aclaró que los casos que atiende Transparencia son de “trabajadores de INRA que no cumplen sus funciones; hacen cobros por el proceso de  saneamiento (corrupción); o se niegan a brindar información”. 

Manifestó  que, de las 70 denuncias registradas,  se  resolvieron 60. Las demás fueron rechazadas por falta de  documentación.

Pero no son los únicos casos. En Tarija, en febrero de  2018, vecinos de  la zona  Pampa Galana,  denunciaron  al INRA  por el saneamiento del 35% de tierras que eran parte del barrio Tarijeños en Progreso,  que estaban  destinadas a ser área de  equipamiento.

En Santa Cruz el director departamental Sergio Abraham Imaná  está siendo procesado por incumplimiento de deberes, dotación ilegal de tierras y asociación delictuosa. Están involucrados  otros tres funcionarios.

 Además, ya en 2015 se había denunciado al INRA y a la ABT, por la dotación de tierras al asentamiento Túpac Amaru, en el valle Tucabaca de Roboré.

El parque Tunari

En diciembre del 2018, en Cochabamba, el exdirector del Parque Nacional Tunari, Carlos Espinoza, el director Héctor Bejarano y el jefe de Control de Tierras, Alberto Terrazas, dieron a conocer que la entidad saneaba terrenos  del área forestal.

No era la primera vez que se desvelaba el hecho. En 2017, el asambleísta departamental de la Llajta,  Freddy Gonzales,  denunció “una intención maliciosa del INRA” de parcelar y entregar a particulares tierras en  el  área protegida de 328.478 hectáreas compartidas por 11 municipios. 

“Hay avasallamientos en toda esa franja ecológica. El INRA debe controlar pero en lugar de eso están saneado”, dijo Gonzales.

En la zona de Albarrancho, en marzo pasado, la directora nacional de Asuntos Jurídicos del INRA, Vania Kora, presentó una demanda penal en la Fiscalía de Cochabamba en contra de sus empleados, por  cobros irregulares y el tráfico de unas  315 hectáreas.

Corruptos destituidos 

Una de las denuncias más llamativas fue presentada por el actual viceministro de Tierras y   exdirector Nacional del INRA Juan Carlos León. La autoridad  declaró que hubo un centenar de procesos por corrupción y tráfico de tierras durante su gestión (de diciembre de 2018 a abril de 2019). Indicó que por éstos destituyó a igual número de funcionarios. 

“Tenemos más de 100 procesos penales que se están dando no sólo a funcionarios públicos que falsificaban documentos y extorsionaban, sino también a particulares. Se ha despedido a esa gente”, señaló León. 

En la ocasión Cocarico recomendó a León concentrarse en combatir  la corrupción. “No se tolerará a funcionarios corruptos”, afirmó el Ministro. 

En 2018, el diputado Amílcar Barral (UD) denunció a Cocarico por  nepotismo, pues dos presuntos familiares: Orlando Achu Cocarico, jefe de Unidad de Producción Agropecuaria, Agroforestal y Pesca, y  Édgar Yana Chambi trabajaron en el INRA. 

Otro familiar observado fue su hermano Rogelio Cocarico Yana, enviado preventivamente a la cárcel de Palmasola, acusado de estafar a una comunidad menonita con el cobro de 600 mil dólares a cambio de sanear  tierras ilegales.

INRA en crisis: 6 directores interinos en 5 años

En los últimos cinco años  el INRA tuvo seis directores interinos. El 12  de junio de 2014 fue Jorge Gómez Chumacero. El 11 de mayo de  2016, Jhonny Cordero Núñez. Menos de un año después, el 13 de marzo de 2017, se nombra a Eugenia Beatriz Yuque Apaza.

El 24 de octubre de  2018, el exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, Macario Lahor Cortez Chávez fue posesionado. Ese mismo año, el 12 de diciembre de 2018 asume la dirección nacional  Juan Carlos León Rodas.

En   el boletín trimestral de la Fundación Tierra, Doce,  se apuntan los 22 directores que tuvo  INRA desde su creación  en 1996. El último que figura es León, quien  renunció a su cargo el lunes 15 de abril de este año, tras cuatro meses de haber asumido esas funciones.

“Desde que se ha fundado el  Instituto Nacional de Reforma Agraria  sólo ha habido un director que ha sido legalmente designado. Después todos asumieron funciones de manera interina. Lo peor es que en los últimos años eso se ha ido volviendo casi una costumbre. Nombrando autoridades casi cada cuatro meses”, aseveró el investigador de la Fundación Tierra Esteban Sanjinés.

El investigador  señala que los cambios también fueron a nivel  departamental. “Por lo general son por indicios de corrupción. En La Paz se sabe que los anteriores directores han estado involucrados en asentamientos irregulares. Todo queda oculto después del  cambio”, manifestó. 

Observó que incluso hubo  “un INRA paralelo” en 2011.  “Todo  muestra que la institucionalidad agraria está en crisis”, aseveró Sanjinés.

Ilegal: en 4 años se desmontaron 675.969 ha

Un informe de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de  Bosques y Tierra (ABT) revela que durante cuatro años, de 2012 a finales del 2016,  se deforestaron ilegalmente  675.969  hectáreas. La cifra es casi tres veces mayor a las  227.734 hectáreas desmontadas “legalmente”. La información fue solicitada por el diputado Yerko Núñez (UD).

Según el informe, en 2012, hubo 117.941 hectáreas desmontadas ilegalmente y otras 10.093 de forma legal. En 2013 los desmontes ilegales fueron en 158.149 hectáreas  y los legales 21.010. En  2014 se perdieron ilegalmente 179.687 hectáreas de bosque y 35.258 por desmonte legal. En 2015 la deforestación ilegal llegó a 155.249 hectáreas, mientras que la legal, a 85.070. 

Finalmente, para  2016 (de enero a octubre) se registraron  64.941 hectáreas en desmonte ilegal y 76.299, en legal.

“Vamos a pedir un PIE, con la actualización. Queremos saber qué ha pasado desde  2016 hasta 2019,  con los desmontes ilegales que hemos conocido en Santa Cruz y Beni”, anunció el señador Núñez.

Al respecto, el investigador de la Fundación Tierra Esteban Sanjinés señaló que  la promulgación de nuevos decretos han relativizado lo que dice la ley. Es un “perdonazo” para  deforestaciones. 

“Lo que antes era ilegal ahora es legal. Cientos de miles de hectáreas se han regularizado. Pero si tomamos como referente la ley forestal, son desmontes  irregulares”, aseveró.

En las conclusiones del informe se señala que “la legalidad aumentó gradualmente de 91.369 hectáreas  en  2012 hasta 120.909  en  2015”. El informe está firmado por el  entonces director ejecutivo de la ABT, Rolf Köhler Perrogón.

En diciembre de 2018, Cliver Rocha asumió la dirección de la ABT. En junio pasado, él  denunció que un empleado de la Autoridad de Bosques firmó 2.096 resoluciones para el desmonte ilegal de 22.000 hectáreas y recaudó 6 millones de dólares.

Director nacional a.i. 
Roberto Polo Hurtado Tiene una licenciatura en Derecho. El 5 junio de 2019 asumió el cargo de manera interina.

La Paz
Eloy Poma Machaca  En 2009 era cónsul  de Bolivia en Puno. En 2017 era director general de Administración de Tierras.

Oruro
Wilder Condori Choque  Es abogado. Trabajó en INRA Cochabamba y Oruro. El 1 de febrero asume en cargo  a.i.

Potosí
Jaime Javier Flores Ramos Es licenciado en Geodesia y Topografía. En 2009 fue técnico topógrafo en Obras Sanitarias.

Tarija
Hugo Augusto León Gutiérrez Es abogado, fue concejal y fundó  la Federación  Departamental de Transporte.

Chuquisaca
Adhemar Rivera Martínez  El abogado trabajó  en el Tribunal Agroambiental y en  saneamiento en  Cochabamba.

Cochabamba
Edwin Almendras Vásquez  Es abogado. Trabajó en la Unidad de Asesoría Legal en  la Alcaldía de Shinahota.

Beni
Nazaret Coímbra Saavedra Es ingeniero agrónomo. Nació en el municipio de San Ignacio, provincia de Moxos.

Pando
Sdenka Andrea Arab Aguada  Es abogada. Trabajó como asesora jurídica de la organización social en  2009.

Santa Cruz
Sergio Abraham Imaná Canedo  Es abogado. Fue asesor jurídico de   Trabajadores de Pueblos Originarios.

 

Confidencial

Si te interesa obtener información detallada sobre el proceso electoral, suscríbete a P7 VIP y recibirás mensualmente la encuesta electoral completa de Página Siete.

Además, recibirás en tu e-mail, de lunes a viernes, el análisis de las noticias y columnas de opinión más relevantes de cada día.

Tu suscripción nos ayuda no solo a financiar la encuesta sino a desarrollar el periodismo independiente y valiente que caracteriza a Página Siete.

Haz clic aquí para adquirir la suscripción.

Gracias por tu apoyo.

76
5