Tribunal ratifica que AIR BP es estatal, pese a registro como SA

Un dirigente que usó un auto de la estatal para irse a un motel había argumentado que no cometió falta porque la firma no fue nacionalizada y es privada.
lunes, 09 de septiembre de 2019 · 00:07

Erbol / La Paz

El Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a través de la Sala Penal Primera, ratificó que la empresa británica AIR BP Bolivia fue nacionalizada por el Estado y convertida en YPFB-Aviación. 

El fallo deja el camino expedito para el desafuero del dirigente sindical Marcos Melgarejo Fernández, imputado penalmente por delitos de beneficio en razón del cargo y uso indebido de bienes públicos.

El Auto de Vista del 24 de junio de 2019, está  firmado por los vocales David Valda y Hugo Juan Iquise y revoca la decisión del Juez Tercero de Instrucción en lo Penal, Carlos Marín, quien el 27 de agosto de 2018 declaró probado un incidente de nulidad presentado por Melgarejo.

El 29 de enero de 2018 este trabajador y dirigente  de YPFB Aviación abordó una movilidad de la empresa para supuestamente cumplir una comisión sindical, pero que le sirvió para transportarse a un motel en  Santa Cruz. La estatal había iniciado  el trámite para su desafuero sindical  en  el Juzgado Quinto de Seguridad Social de Santa Cruz, para proceder con  su despido y que enfrente un juicio penal por el uso de vehículo oficial. 

Con el fin de  eludir el proceso, Melgarejo había  presentado un certificado de Fundempresa para asegurar que no es funcionario público porque AIR BP figura como Sociedad Anónima.

El juez Marín con ese incidente había  anulado la  resolución inicial  de mandar al dirigente sindical a detención domiciliaria con permiso de salida laboral. Desde entonces Melgarejo dejó de cumplir las medidas sustitutivas y, es más, junto al ejecutivo de la Federación de Petroleros José Domingo Vásquez y Rolando Borda se hicieron elegir dirigentes nacionales.  

La actuación del juez fue apelada por la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, YPFB y el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, por considerarla un acto lesivo al Estado al otorgar valor probatorio a “un aspecto formal” como es el certificado de Fundempresa –que según las entidades– no puede estar por encima de un Decreto Supremo que dispone la nacionalización y la transferencia de las acciones de AIR BP.

El Tribunal Departamental de Santa Cruz concluye que la conducta de Melgarejo se adecúa a los tipos penales de la imputación formal por el uso de vehículo oficial y que el juez inferior hizo una incorrecta interpretación sobre la trascendencia legal del certificado de Fundempresa.

La Fiscalía cruceña  rechazó una denuncia del diputado Tomas Monasterio contra el candidato a senador por el MAS Rolando Borda   por usar  vehículos de YPFB Transporte (donde trabaja) en actos políticos. 

El argumento fue que esa empresa está registrada como SA y no con denominación estatal.

 

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