Reconsideran obra Rositas, la polémica “represa de la muerte”

El 20 de diciembre, el Ministerio de Medio Ambiente participó de una reunión con ENDE y la Gobernación cruceña para retomar el proyecto.
domingo, 05 de enero de 2020 · 00:03

Carolina Méndez  /  Santa Cruz

Hace dos semanas, el Gobierno de transición reconsideró  la implementación  de la  represa Rositas, proyecto suspendido en el mandato de Evo Morales. Si bien el  actual Gobierno descartó la ejecución,  enfatizó que es “un proyecto anhelado”.

“Nuestra postura es la misma. Rotundamente, no estamos de acuerdo con esa represa de la muerte”, afirma Lourdes Miranda Tiguayo, lideresa de Tatarenda Nuevo, comunidad guaraní amenazada por el proyecto hidroeléctrico.

La megarepresa Rositas es una ambiciosa obra que se quiso ejecutar sobre el río Grande en su cruce con el río Rositas, dentro del municipio de Cabezas, en  Santa Cruz. La propuesta  es parte de un complejo de siete megahidroeléctricas.

El costo estimado  durante el gobierno de Morales fue de más de 1.500 millones de dólares, financiados con un crédito chino casi en su totalidad. Todas las fichas técnicas advierten un drástico impacto ambiental y social, ya que se desviaría el río, se relocalizaría a las comunidades y se afectaría drásticamente a varias áreas protegidas.

Data de la década del 60, fue impulsado en los 70, retomado el 2012  y hoy “reconsiderado” por el gobierno de Añez. Este proyecto parece un fantasma. Acecha hace más de cinco décadas y pese a la resistencia indígena y campesina, vuelve a aparecer.

“Es un proyecto anhelado”

Con gran sorpresa para las comunidades, el 20 de diciembre, la actual ministra de Medio Ambiente y Agua, María Elva Pinkert, se reunió con funcionarios de la Gobernación de Santa Cruz y de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE). La  finalidad era   retomar el proyecto hidroeléctrico Rositas. 

Las comunidades indígenas denunciaron este  encuentro al asegurar que se  pretendía reencausar el proyecto sin  consenso con los afectados. Ante tales acusaciones, la ministra aclaró que la megarepresa  no será  ejecutada  sin el respaldo de las comunidades.  No obstante  manifestó: “Es un proyecto anhelado por los cruceños por ser un proyecto de desarrollo”.

Roly Aguilera, en representación de la Gobernación de Santa Cruz, puntualizó como ventajas de la obra “el control de las inundaciones en el río Grande  que afectan a los productores, la hidroeléctrica que inyectará 600 megawatios de energía eléctrica al sistema integrado nacional, el agua potable que se generará y, finalmente, el sistema de riego que se implementará”.

Varios sectores se reunieron para retomar el proyecto.

Siete días después de esa reunión, que reactivó el análisis de Rositas, el Comité en Defensa de la Tierra y Territorio se declaró en emergencia y movilización permanente. A través de un manifiesto  reiteró su negativa al proyecto y reiteró que “para riego  no es necesario construir la represa de la muerte”.

Al respecto, Lourdes Miranda Tiguayo, lideresa de Tatarenda Nuevo, aseguró que ya hicieron llegar el manifiesto a las autoridades tanto nacionales como departamentales y pidió a las mismas  enfocarse en otros temas.

 “Rositas es un proyecto que dañará a las comunidades, ha violado muchos derechos por no haber cumplido el procedimiento y ni siquiera sería rentable. Las nuevas autoridades  en vez de insistir con esto deberían estar fiscalizando las obras que actualmente ejecutan los chinos en Bolivia,  que reportan muchas irregularidades con el medioambiente”, sentenció Miranda.

Pablo Solón, investigador y especialista en el tema, advierte que el único sector que se beneficiaría realmente con la hidroeléctrica sería el de la construcción. 

Dijo que se trató de presentar el proyecto como un empuje para la agroindustria, pero en el fondo “no será así”.

 “Esta obra sólo beneficiará a un conjunto de empresas que intervendrán a distintos niveles. Aunque la haga una empresa china o cualquier otra, necesariamente subcontratará empresas locales”.

Según datos publicados por la Fundación Solón -de llegar a realizarse- Rositas sería una de las megahidroeléctricas más caras de Bolivia con un costo de inversión de 2,5 millones dólares por cada megawatt. La megarepresa generaría electricidad a un costo de 74,33 dólares estadounidenses por   megavatio-hora ($us/MWh) cuando el precio promedio de compra es de 41 $us/MWh. 

Es decir, la energía de esta hidroeléctrica supera  los costos regulares, por lo que habría que subsidiarla o elevar las tarifas.

Adicionalmente, Bolivia tiene una oferta de 3.200 MW de potencia instalada y la demanda a nivel nacional sólo alcanza a 1.600 MW. Esto muestra que   no hay una necesidad de autoconsumo que justifique la obra y tampoco existen contratos de exportación que garanticen la inversión.

La obra  debía ser emplazada sobre el río Grande.
Foto: Archivo

Entre  el desarrollo y el daño ambiental

Con pompa y promesas de “desarrollo”, el expresidente Evo Morales anunció el 2012 “la más novedosa” inversión para Santa Cruz. Entonces se refería al empolvado proyecto de la hidroeléctrica Rositas. Apuntaba  a  convertir   Bolivia en el “corazón energético de la región”.

Según datos de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), la producción de Bolivia es apenas  un 0,53% en relación a la producción de energía total de la región. Por lo que  hablar de “corazón energético” resultaba un tanto inverosímil. 

No obstante, en ese afán, el proyecto empezó a ejecutarse de atrás para adelante, saltando el debido proceso. El 15 de diciembre de 2016, ENDE adjudicó la construcción de la hidroeléctrica a la Asociación Accidental Rositas (AAR) de China. La empresa  estaba  constituida por la China International  Water &  Electric, la China Three Gorges Corporation y la boliviana Empresa Constructora Reedco Srl. 

En ese momento no se tenían los estudios a diseño final del proyecto, no se contaba con la evaluación del impacto ambiental y por último -pero no menos importante- no se había realizado la consulta previa, libre e informada a las comunidades que serían afectadas con la obra. Este ultimo punto fue obviado pese a que es un mandato de  la Constitución Política del Estado.

Según el informe de  diseño final -presentado en junio de 2017 por la empresa española Eptisa, contratada por ENDE- la hidroeléctrica provocará una inundación de 449 kilómetros cuadrados. De construirse se formará el tercer lago más grande de Bolivia, afectando a tres áreas protegidas: el Parque Nacional – Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Iñao; Área Natural de Manejo Integrado Río Grande – Valles Cruceños,  y la Reserva Municipal de Parabanó.

Al menos  23 comunidades se verían afectadas, 10 de ellas se encuentran dentro  la zona de embalse.  Despojo del territorio, una seria afectación al ecosistema, pérdidas de cultivos y una gran mortandad de animales, son algunos de los impactos previstos para el proyecto.

“No hay un proyecto, sino sólo una idea de la obra”

Ante la amenaza destructiva, las comunidades indígenas y campesinas se organizaron para resistir conformando el Comité en Defensa de la Tierra y Territorio. El 28 de mayo de 2018, demandaron al Estado boliviano para exigir la Consulta Popular. Pese a la persistencia, en estrados judiciales  no consiguieron la  victoria. 

El juez desestimó la causa a través de un argumento que los afectados calificaron como “mañoso y parcializado”.  La autoridad sostuvo que “no hay proyecto, sino una idea del mismo”, por lo cual  no correspondía la acción. 

Según información de la Fundación Solón, “la acción popular fue interpuesta en el Juzgado de la provincia Cercado de Cochabamba y posteriormente derivada por el juez a la provincia Cordillera de Santa Cruz. A su vez, el juez de Cordillera la remitió a la provincia Lagunillas. 

Las familias afectadas tenían un abogado en la audiencia, mientras el Gobierno se presentó con siete abogados de ENDE y la Procuraduría General del Estado”.

Pese a tener a la justicia del lado del Estado, en octubre de 2018, el gobierno de Morales “suspendió” la realización de la obra debido a la ascendente resistencia de las comunidades. 

La Gobernación cruceña criticó la flexibilización del Gobierno central y remarcó que Rositas es un proyecto histórico, no sólo para la región, sino para el país. Se afirmó  que su postergación frena el desarrollo de Bolivia. 

“Deja sin efecto la generación de electricidad, el avance de un importante sistema de riego, la provisión de agua potable y deja indefensa a la zona en cuanto al control de las inundaciones que afectan al cultivo y a la seguridad alimentaria”, declaró el secretario general de la Gobernación, Roly Aguilera.

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