Ordenan a la Comibol pagar $us 4,5 millones a Barrosquira

El presidente de la cooperativa afectada por la medida afirmó que la empresa minera hará una revisión de los documentos para tomar una postura en el tema.
martes, 18 de febrero de 2020 · 00:04

Lidia Mamani / La Paz

Un tribunal de arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) resolvió que la Corporación  Minera de Bolivia (Comibol) tiene que pagar 4,5 millones de dólares a la Empresa Minera Barrosquira (Embas), operadora de la mina Himalaya, ubicada en las faldas del nevado Illimani, en La Paz.

La estatal comunicó que su equipo jurídico presentó una denuncia y queja por incumplimiento a fallos constitucionales ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), y que a la fecha está a la espera de su fallo, pero si se confirma el pago a favor de la empresa privada, transferirá la obligación a la Cooperativa Cerro Negro, el operador actual de esa concesión minera.

“Actualmente sí existe una resolución judicial en la que Comibol tendría que pagar 4,5 millones de dólares a la Empresa Minera Himalaya, producto de una resolución dictada por un tribunal arbitral”, confirmó la Comibol, en respuesta a un cuestionario enviado por este medio.

 Asimismo, precisó que el fallo fue validado por el exjuez Javier Paco Condori, quien “atribuyéndose” competencias que no le corresponden “dejó  de lado las razones de un recurso de nulidad presentado por Comibol, que enervaban el monto dispuesto por dicho tribunal arbitral de la CNC”, se detalla.

Otra de sus observaciones es que Paco Condori renunció al cargo un día después de emitir su fallo en contra de Comibol.

Manifestaron que en caso de confirmarse el fallo “ilegal”, Comibol tendrá que pagar un monto que consideran “inflado”, que lo transferirán a la Cooperativa Cerro Negro, para que cumpla.

“Como indica el Decreto Supremo  1619, del 19 de junio de 2013, por el que el Gobierno central ordenó que una de las áreas mineras arrendadas a la Empresa Minera Himalaya regrese a Comibol, es decir, el área El Resguardo de la Tempestad, para que la arriende a la Cooperativa  Cerro Negro, menciona  que si se cobrara algún monto en contra de Comibol, ésta debería recuperarlo de la Cooperativa Cerro Negro”, respondieron.

  No obstante, Comibol confía en que se hará “justicia” y que el TCP será  la instancia que emita “un fallo en justicia, porque el derecho los ampara”.

Este medio se comunicó con el presidente de la Cooperativa Cerro Negro, Elvis Cano, quien señaló que no puede opinar sobre el tema, ya que tiene que hacer una revisión de los hechos.

Los antecedentes

En 1995, Comibol  firmó un contrato de arrendamiento con la empresa Himalaya, en ese entonces  de propiedad de Fernando Kyllman; el acuerdo era  por 25 años para explotar siete  áreas.

Ya en 2007, lugareños tomaron  una de esas áreas, la denominada Resguardo de la Tempestad, donde se estimaba una reserva de wólfram con potencial de 6.000 millones de dólares.

En 2013, el  Gobierno, mediante el Decreto Supremo 1619, del 19 de junio de 2013, legalizó la reversión y avasallamiento  de la mina Himalaya y, además, suscribió un contrato con la Cooperativa Minera Cerro Negro.

Luego, en  2015, la Empresa Barrosquira presentó una demanda arbitral ante la CNC, que tras un proceso judicial de demandas y contrademandas, hace poco obtuvo un dictamen a su favor  por 4,5 millones de dólares.

Página Siete se contactó con Barrosquira, donde atendieron la llamada y se comprometieron a dar su versión, que no llegó hasta el cierre de esta edición.

No obstante, fuentes allegadas a la empresa afirmaron que los 4,5 millones de dólares son una compensación de las inversiones hechas en parte de la concesión: labores mineras, tendido eléctrico, campamento y camino.

Además, durante el avasallamiento les robaron herramientas, maquinaria y mineral acumulado. Incluso, se dijo que el monto de afectación supera los 10 millones de dólares.

Punto de vista
Héctor Córdova  Expresidente de Comibol

 Fue un desacierto del otro Gobierno

La Comibol  está por sufrir un desacierto del anterior Gobierno, traducido en el decreto 1619. En aquella época, el viceministro de Cooperativas, Isaac Meneses, declaraba que se entregaba un área de Comibol, que estaba bajo contrato  a una empresa privada, a una cooperativa en retribución a su apoyo político  (https://www.noticiasfides.com/economia/viceministro-meneses-cooperativistas-recibieron-mina-himalaya-en-retribucion-por-apoyar-al-gobierno-332130-332117 ).

Pese a que el  decreto menciona que cualquier resarcimiento pedido por la empresa sería pagado por la cooperativa beneficiaria, un juez determinó que Comibol  pague 4,5 millones de dólares.

Es cierto que la empresa tenía contrato con la Comibol y que fue ésta la que lo rompió, no fue por su propia determinación ni deseo, sino por el decreto citado.

 La Comibol, es decir, el Estado, se vio perjudicado por esta decisión gubernamental, ya que la cooperativa cancela a la corporación minera un monto que es menor al que hubiera pagado la empresa.

 Los operadores mineros están conscientes de que al realizar una operación en un territorio de una comunidad, adquieren obligaciones con la comunidad  y deben cumplirlas.

 

 

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