INRA revierte 25 mil hectáreas irregulares en la Chiquitania

Se trata de 12 comunidades que no cumplían una función productiva y que acabaron abandonadas, alquiladas o en manos de cuidadores.
jueves, 20 de febrero de 2020 · 01:24

Página Siete /  La Paz

El Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA) revirtió 25.000 hectáreas en favor del Estado. Se trata de 12 comunidades asentadas en la Chiquitania que fueron establecidas sin cumplir los procesos de saneamiento de tierras.

“Hasta el momento, se han realizado inspecciones a 24 comunidades. Los técnicos han verificado y se han anulado 12 asentamientos humanos”, indicó ayer la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco.

La ministra precisó que se trata de 25.000 hectáreas que no cumplían una función productiva o social, ya que acabaron abandonadas, alquiladas o entregadas a cuidadores externos.

Capobianco sostuvo que esa decisión obedece a que para la entrega de predios no se cumplieron las normas legales establecidas en los procesos de dotación de tierras, como la consulta a las comisiones agrarias departamentales (CAD), así como el cumplimiento del Plan de Uso de Suelos (PLUS) vigente.

La ministra confirmó que en las inspecciones se confirmó que las comunidades no  cumplían su función económica social.

“Según la ley, previamente a la dotación de las tierras debía haber un dictamen de la Comisión Agraria Departamental que establezca si las tierras que iban a ser entregadas eran aptas para la actividad en la que se las pretendía utilizar. En estos casos, no se cumplieron, ninguno de los asentamientos que han sido anulados contaban con ese dictamen”, manifestó Capobianco en conferencia de prensa.

Las 12 comunidades campesinas ubicadas en la región chiquitana de Pailón son Los Tajibos, comunidad campesina Nueva Israel, Los Sauces II, Che Guevara, Sauces I, Guayacán, Comunidad Chiquitana Campesina, Cañada Larga II, Comunidad Campesina Agroganadera El Cardo, Monte San Miguel, Monte San Miguel II, Filadelfia y El Trebol.

 La ministra anunció que otras 12 comunidades se encuentran en proceso de análisis jurídico, además de que los procesos de inspección continuarán para verificar los asentamientos irregulares que se realizaron durante la anterior gestión de gobierno.

“Los procesos de revisión continúan, a pesar de que hemos encontrado alguna resistencia de algunos grupos, como el clan de Henry León, que intentó impedir el trabajo de los técnicos del INRA, razón por la cual esta persona es investigada”, apuntó.

Recordó que previo a cualquier asentamiento humano debe existir un dictamen de la autoridad competente que establezca si esas tierras son aptas o no para ese cometido, aspecto que no se cumplió con las 12 comunidades que fueron intervenidas, razón por la cual fueron revertidas en favor del Estado.

“Estamos seguros que la finalidad de entrega de estas tierras era política y la prueba de ello es que muchas de ellas fueron abandonadas, otras están en alquiler; entonces no había necesidad de la tierra”, comentó.

 

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