Procuraduría dice que el BID se niega a entregar información sobre respiradores

El organismo estatal envió por segunda vez el requerimiento y dice que el Banco no necesita ampararse en “inmunidad diplomática”.
lunes, 25 de mayo de 2020 · 18:17

Página Siete Digital / La Paz

La Procuraduría General del Estado (PGE) informó el lunes que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Bolivia se niega a brindar información sobre el proceso de adquisición de los 170 respiradores, amparado en su “inmunidad diplomática”, los que supuestamente fueron comprados con sobreprecio y por cuya causa cuatro personas fueron enviadas el domingo a la cárcel, entre ellos el exministro de Salud, Marcelo Navajas.

“La solicitud enviada tiene en consideración la carta de respuesta del BID denegando el suministro de información emitida por esta institución, amparándose en su inmunidad diplomática”, según un boletín de prensa de la PGE.

La fabricante española GPA Innova informó la semana anterior que vendió los ventiladores al Gobierno de Bolivia a través de intermediarios, informó que el respirador básico -modelo adquirido por el Ministerio de Salud- tiene el precio de 6.000 euros (6.567 dólares) y que los accesorios suman dos mil euros más. Por lo cual el modelo básico cuesta en total 8.000 euros, equivalentes a 8.756 dólares. Pero el Ministerio de Salud pagó 28.080 dólares por cada uno de los 170.

La Procuraduría explica que el BID aprobó la compra y desembolsó recursos de manera directa a los intermediarios y no así al Gobierno ni al fabricante GPA Innova. “En el proceso señalado, el BID emitió una no objeción para proceder con el desembolso para la compra de 170 ventiladores pulmonares, asimismo realizó la transferencia directa de recursos económicos a la empresa comercializadora y no al Tesoro General de la Nación”, añade.

La PGE argumenta que el BID Bolivia está obligado a facilitar la información solicitada e incluso a renunciar a su inmunidad. “Entre los principales argumentos para la solicitud emitida se encuentran los lineamientos para atender aspectos específicos concernientes a la aplicación de inmunidades, documento publicado por el Comité Jurídico Interamericano de la OEA, del año 2018, del cual es parte, en el que se destaca su lineamiento 10 referido a la renuncia a la inmunidad de jurisdicción”, añade.

Considerando los  antecedentes señalados, continúa, “la PGE dentro de sus atribuciones, exhortó al mencionado Organismo internacional a proporcionar información significativa que permita esclarecer las dudas existentes respecto al tema de la adquisición de respiradores”.

También menciona que el PGE exige la información indicada al BID con base al cumplimiento de su mandato constitucional y por ello envió un segundo requerimiento. “En el marco del cumplimiento al mandato constitucional, contenido en el Art. 229 de la Constitución Política del Estado que establece promover, defender y precautelar los intereses del Estado, la mañana de hoy (lunes) ha presentado un Segundo Requerimiento Procuradurial dirigido al Representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Bolivia”.

En días pasados, el procurador General del Estado, José María Cabrera, denunció la semana anterior que el BID no coopera con brindar información sobre los 170 respiradores. “El BID no está cooperando con las instituciones del Estado Boliviano denegando brindar información alguna, acogiéndose a la inmunidad diplomática de la cual evidentemente están revestidas sus funcionarios y su documentación”, señaló Cabrera en Jaque Mate de TVU.

El domingo, el juez onceavo de instrucción en lo penal de La Paz, Hugo Huacani, determinó la detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz para el exministro de Salud, Marcelo Navajas; el exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Geovanni Pacheco; el exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela; y para el "testigo clave", Fernando Humérez. A todos se los investiga por la presunta adquisición irregular de 170 respiradores de procedencia española. 

Las dos funcionarias técnicas, Ana Espinoza y Gabriela Pérez, contratadas con recursos del BID, obtuvieron detención domiciliaria por seis meses sin derecho a salidas laborales, informó el fiscal Ruddy Terrazas, miembro de la comisión que investiga el caso.

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