Legislativo pone tres candados al financiamiento externo

El Ejecutivo debe informar sobre el destino de los fondos y emisiones deben estar acorde a condiciones de organismos multilaterales.
martes, 23 de junio de 2020 · 00:28

Manuel Filomeno /  La Paz

La ley para el control y fiscalización del endeudamiento público y donaciones, sancionada por el pleno de la Cámara de Diputados y remitida al Ejecutivo para su promulgación pone al menos tres “candados” al financiamiento del Gobierno en plena pandemia. Parlamentarios del oficialismo calificaron la norma como redundante y política, al duplicar los controles que realiza la Contraloría General del Estado (CGE) sobre estas operaciones.

Los “candados” que pone la ley son la obligación al Ejecutivo de entregar informes trimestrales sobre el destino de los fondos obtenidos a través de la emisión de títulos valores en mercados externos, la entrega de informes sobre el destino de las donaciones y la revisión de las condiciones   financieras de los títulos valor en comparación con las de los financiamientos disponibles a través de organismos multilaterales.

La norma establece que todo endeudamiento, sea  a través de créditos con organismos internacionales, la emisión de títulos valor  en los mercados internacionales o donaciones,  deberá  ser fiscalizado  por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que determinará si éstos se realizan en condiciones favorables en términos de tasas de interés y plazos.

Asimismo, establece que estos instrumentos de financiamiento serán sometidos a control de manera trimestral una vez sean aprobados por parte de la Asamblea para conocer su destino. 

  De acuerdo con una nota de prensa de la Cámara Baja, la diputada (MAS) Otilia Choque justificó la aprobación de la ley. Señaló que los créditos y donaciones deben ser fiscalizados, pero a la vez “poner un candado” para que esas obligaciones sean contraídas en el marco del respeto a las facultades de la Asamblea Legislativa y al pueblo boliviano.

Por su parte, parlamentarios oficialistas señalaron que la ley es redundante, ya que duplica los controles que realiza la CGE, hace referencia a tareas ya establecidas en la Constitución Política del Estado (CPE) y refuerza el bloqueo legislativo al financiamiento del Gobierno durante la pandemia.

“Evidentemente esta ley busca controlar, hasta el mínimo, u obstruir el desarrollo del pueblo boliviano. Con esto no quiere decir que la ALP no ejerza el rol fiscalizador, pero seamos coherentes en lo que planteamos.  Aquí se están observando cosas que antes no se observaban, y tiene un fondo político y que además ya son objeto de control por parte de la Contraloría”, señaló la diputada oficialista Rose Marie Sandóval.

De la misma manera, el diputado Erik Morón (UD) indicó que la ley no establece nuevas responsabilidades a la ALP diferentes de  las ya existentes en la CPE y que el reciente hecho de corrupción relacionado a la compra de 170 respiradores con sobreprecio ha dado a los parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) la oportunidad de pretender dar lecciones de ética al actual Gobierno.

“Es una ley redundante, no establece nada nuevo en general, pero las acciones del Gobierno han dado la oportunidad para que el MAS haga gala de una actitud en contra de la corrupción, pretendiendo dar lecciones de ética, fiscalizando lo que en anteriores años no se fiscalizaba”, explicó el parlamentario.

 


Bloqueo  legislativo

  • Crédito La semana pasada, el Ministro de Desarrollo Productivo Óscar Ortiz denunció que el MAS utiliza sus dos tercios en la Asamblea Legislativa para bloquear créditos por 1.700 millones de dólares, luego de que la Comisión de Planificación de Diputados rechazase el proyecto de Ley de Crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 327 millones de dólares.

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