Gobernación perdió cerca de Bs 40 MM por resolución del MAS

miércoles, 15 de julio de 2020 · 00:04

Página Siete  /  La Paz

La Gobernación  afirmó ayer que el departamento de La Paz perdió alrededor de 40 millones de bolivianos por una resolución que fue aprobada por el anterior gobierno del MAS, la cual señala que si  una comercializadora de oro alega ser fundidora o refinadora es liberada de pagar el 40% de la regalía minera. La norma feneció en abril de este año.

“Esa resolución administrativa beneficia de no pagar la regalía minera en un 40%. Tenemos el dato concreto que tan sólo en un semestre, abril a septiembre de 2019, la comercializadora de oro no pagó cerca de 12 millones de bolivianos, justamente por ser alcanzada por esta resolución. Pero durante la vigencia de esta norma calculamos una afectación de unos 40 millones de bolivianos”, afirmó el secretario de Minería de la Gobernación  Esteban Pati.

De acuerdo con los antecedentes, el Ministerio de Minería aprobó el 13 de abril de 2018 la Resolución Administrativa 004/2018, en la que establece que “la empresa Goldway SRL es una compañía dedicada a la fundición y refinación de oro y no posee yacimientos mineralógicos para el suministro de materia prima por sí misma (...)”.

La normativa estuvo vigente por dos años, desde abril 2018 hasta abril 2020, pero ahora la operadora busca que se le vuelva a autorizar el beneficio, al igual que otras que también pidieron ser alcanzadas por la resolución, que les permite el descuento.

Héctor Córdova, expresidente de la Comibol,  explicó que por naturaleza es raro ver metales puros en los yacimientos a excepción del oro;  no es como el estaño, que viene combinado con óxidos, o como el zinc o el plomo, que aparecen combinados con el azufre formando sulfuros.

En estos casos, se requiere de procesos químicos a alta temperatura para separar los acompañantes de estos metales, para obtener los lingotes de estaño, zinc o plomo. Por las elevadas temperaturas a las que se llevan a cabo las reacciones químicas, se trabaja en hornos de fundición.

Mientras que el oro, como ya está en el estado metálico, sólo requiere de una refinación y la eliminación de los contaminantes que se usaron para su extracción exhaustiva. Entonces, los mineros venden ese oro a las comercializadoras con una pureza que está por encima del 90%.

“El trabajo de éstas consiste en eliminar esas impurezas y hacer lingotes de ese oro;  esto se puede realizar en un horno pequeño y sin grandes inversiones. En cambio, para obtener el estaño metálico se requiere de hornos gigantescos como el horno Ausmelt en Oruro”, explicó.

La Ley de Minería 535 establece que los operadores mineros deben pagar una regalía a los departamentos y municipios de donde extrajeron el mineral. Para la mayor parte de los metales, ese porcentaje es el 5%, para la plata 6% y para el oro, un metal por naturaleza, 7%.

Sin embargo,   problemas de contrabando de oro en las fronteras -porque en los países vecinos la carga fiscal era menor- hicieron que el gobierno del MAS tome la determinación de bajar la regalía aurífera a 2,5%, que era sólo para explotaciones de pequeña escala, con técnicas artesanales y en yacimientos marginales.

“Al final, esta medida hecha para frenar el contrabando se volvió en su contra, porque luego todas las operaciones de explotación de oro en el país declaraban que sus yacimientos eran marginales. El resultado es trágico, porque casi nadie paga el 7% de regalía por el oro extraído”, afirmó.

Pero dijo que esto no se queda ahí, ya que la Ley 535 también define que para el comercio interno de los metales, con el fin de favorecer su industrialización dentro del territorio, se pague sólo el 60% de la alícuota determinada,  lo que significa que la regalía del oro proveniente de yacimientos marginales, sólo es el 1,5%.

En la misma norma se establece que si una empresa instala un proceso metalúrgico para extraer el metal, ésta no pagará ninguna regalía y que sólo será agente de retención de los operadores mineros que le venden el mineral. El pago sólo es el 60% de la alícuota estándar.

“Todo indica que el procesamiento del oro no es similar al que reciben los otros metales;  por tanto, debe haber también una normativa específica porque de lo contrario es el Estado el que sale perdiendo”, consideró Córdova.

En 2019 se han extraído 42 toneladas con un valor aproximado a 2.000 millones de dólares. Pero para el Estado sólo quedaron menos de 50 millones de dólares. “Es decir que  1.950 millones de dólares del patrimonio de Bolivia han pasado a manos privadas. Esta historia se repite cada año”, añadió el experto.

Ante este panorama, Pati anunció que la Gobernación paceña presentó ante el Tribunal Constitucional una acción de inconstitucionalidad abstracta, para que declare inconstitucional el reglamento 004/2018 y que se excluya al oro del descuento del 40% de la regalía minera, situación que ocasiona un daño económico para las arcas del Estado y del departamento.

Dijo que de forma paralela también sostienen reuniones con el Ministerio de Minería, para que esa medida no se apruebe nuevamente.

 

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