TCP establece "ilegalidad" en el proceso al que se sometió a San Cristóbal

El tribunal estableció que el proceso al que fue sometida la minera "violó el derecho", por lo que tuvo que entregar a sus empleados un pago millonario.
viernes, 17 de julio de 2020 · 14:26

Página Siete Digital

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) estableció la ilegalidad del proceso arbitral al que fue sometida la Minera San Cristóbal (MSC), por lo que anuló el laudo arbitral que fue utilizado por dirigentes del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros para reclamar a la empresa un millonario pago por concepto de dominicales y horas extras.

"El TCP estableció la ilegalidad del proceso arbitral que se sustanció en contra de Minera San Cristóbal y que desencadenó en el laudo arbitral de 8 de agosto de 2019 al establecerse que se conformó un Tribunal Arbitral y se desarrolló el proceso sin el consentimiento de Minera San Cristóbal, que en todo momento cuestionó la competencia de dicho órgano para dictar un Laudo Arbitral", comunicó la compañía, a través de un pronunciamiento público.

Los magistrados Gonzalo Hurtado Zamorano y René Espada Navía, que firmaron la sentencia, determinaron que los funcionarios Miguel Ángel Albarracín, Mario Pacosillo Calcina y Wilson Ingala Huaygua, quienes conformaron el Tribunal Arbitral que motivó  el laudo, "violaron el derecho al debido proceso de MSC", dice el comunicado de la empresa.

La Sentencia Constitucional dispone que los funcionarios mencionados debieron responder de manera fundamentada y basados en normas legales a la excepción previa de incompetencia presentada por San Cristóbal el 19 de noviembre de 2018.

"En resumen, los funcionarios antes mencionados tenían que explicar el por qué declararon competente al Tribunal Arbitral referido, si para su conformación era condición ineludible el consentimiento de ambas partes (sindicato y empresa), condición que nunca fue expresada por MSC que rechazó, desde un principio, la constitución de este procedimiento por haber identificado distintas irregularidades".

El Tribunal Constitucional Plurinacional, la máxima instancia de la justicia constitucional de Bolivia, concluyó que la actitud "autoritaria" de los funcionarios del tribunal “provocó violación al debido proceso en sus elementos a la fundamentación, motivación y congruencia”.

La empresa observó que los tres funcionarios nunca explicaron ni fundamentaron los argumentos para declararse competentes y menos sobre su atribución para dictar un laudo arbitral en el caso indicado.

Amparo constitucional por violación del derecho al debido proceso

El 18 de abril de 2019, Minera San Cristóbal presentó una acción de Amparo Constitucional contra los funcionarios del Ministerio de Trabajo, Miguel Ángel Albarracín (exdirector de Trabajo); Mario Pacosillo (expresidente del tribunal arbitral) y Wilson Ingala (arbitro laboral) “por violación al derecho al debido proceso en su componente del juez natural competente y por la falta de fundamentación con respecto al rechazo de la excepción de incompetencia”.

El 24 de mayo del año pasado, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz concedió la tutela a Minera San Cristóbal porque constató que su derecho al debido proceso fue violado.

Sin embargo, dos meses después, el 8 de agosto de 2019, el Tribunal Arbitral dictó un laudo arbitral que le conminó a resolver previamente y de forma fundamentada la excepción de incompetencia presentada por Minera San Cristóbal.

El 23 de agosto de 2019, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dio otra vez la razón a Minera San Cristóbal porque el Tribunal Arbitral incumplió la Resolución Constitucional 097/2019.

Ya en febrero de este año, la minera pagó 35.000 bolivianos a cada uno de los 807 trabajadores para poner fin al conflicto que había afectado las operaciones de la empresa por más de dos semanas en 2019.

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