Deudores venden bienes y piden nueva norma de diferimientos

Varios sectores económicos han amenazado al Gobierno con movilizaciones si es que no da curso a la ley a través de la cual los pagos se retomarían el próximo año.
viernes, 21 de agosto de 2020 · 01:09

Página Siete  /  La Paz

A 10 días del fin de los diferimientos de pago de créditos bancarios establecido por la Ley 1294, deudores venden materiales, insumos de trabajo u otros bienes para poder retomar los pagos;  otros tratan de negociar con sus bancos y sectores anuncian medidas de presión para que la nueva ley que amplía los diferimientos hasta diciembre sea promulgada por el Ejecutivo.

“La situación es crítica, la crisis golpeó duramente a mi negocio y recién estábamos empezando a ver una tímida recuperación, pero el banco ya está encima de mí y eso me ha obligado a vender parte de las máquinas con las que estaba trabajando”, explicó Jorge Bonilla, un pequeño empresario textil.

Bonilla señala que la venta de sus máquinas no sólo responde a la  inminente reanudación de los pagos al banco, pero sí ha sido un factor determinante en su decisión, ya que no quiere entrar en mora y entrar en “la lista negra” de deudores, lo que no le permitiría financiarse a futuro.

“En este momento, si no se promulga la ley, prefiero mantenerme en buenos términos con el banco y sacar nuevos créditos, a quedar como un deudor moroso o alguien sin solvencia y después no poder volver a levantar la cabeza”, afirmó.

Como Jorge, otros deudores, dueños de pequeños negocios y profesionales independientes han empezado a prescindir de algunos bienes y personal, o se han mudado a locales menos costosos, en preparación para reasumir los pagos de sus créditos.

Alexandra, una abogada independiente, señala que, ante la reducción de sus ingresos por la pandemia y el vencimiento del diferimiento en septiembre, ha preferido poner en alquiler el departamento en el que vivía y por el que paga al banco, de manera de que el bien inmueble se pague solo.

“Me he mudado con mis padres por el momento y estoy alquilando el departamento para el que saque el crédito; así, este se paga solo y me da un pequeño ingreso para que me mantenga en pie, porque quedándome allá no me iba a alcanzar para seguir pagando al banco”.

En otros casos, los deudores intentan negociar la reprogramación de sus créditos o el establecimiento de periodos de gracia con los bancos, ante el silencio del Órgano Ejecutivo sobre la nueva norma que difiere los créditos hasta diciembre.

La norma, que fue presentada por el diputado Víctor Borda y sancionada por el Senado y remitida al Ejecutivo para su promulgación el pasado 8 de agosto, no discrimina entre deudores, ampliando el plazo de diferimiento de créditos hasta el 31 de diciembre para todas las personas o empresas que tengan obligaciones con los bancos, independientemente de si reciben un ingreso fijo o no.

“Con esta ley no se discrimina por tipo de deudor como se hizo con los decretos reglamentarios de la Ley 1294. Nosotros estamos universalizando el beneficio, entendiendo que si bien hay asalariados que reciben su sueldo íntegro, hay otros a los cuales se les han reducido sus salarios por la pandemia”, explicó Borda.

Hay presiones

Varios sectores, como el autotransporte, los microempresarios y los propietarios de pequeños negocios de servicios  han anunciado medidas de presión si es que el Ejecutivo no promulga la nueva ley de diferimientos, señalando que sus afiliados no se encuentran en condiciones de retomar los pagos a los bancos.

Según el secretario de hacienda de la Federación de Choferes Primero de Mayo Mario Silva, el 95% de su sector se encuentra con deudas bancarias por lo que se ven imposibilitados de pagar debido a que sólo están trabajando al 50% de su capacidad

De la misma manera, otros sectores se han pronunciado en todo el país. Piden  la promulgación inmediata de la norma y amenazan con marchas y bloqueos.
 

Reacciones de los  bancos y el Gobierno

  • Asociaciones El pasado 13 de agosto, a través de un comunicado, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (Finrural), la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin) y las cooperativas de ahorro y crédito manifestaron que Ley 720/2019-2020, que amplía  la vigencia de los diferimientos hasta fin de año, fue sancionada “con criterios políticos y electorales de corto plazo”, sin tomar en cuenta el ordenamiento jurídico y constitucional ni sus potenciales efectos.
  • Ejecutivo Por su parte, el Gobierno, a través del  Ministerio de Economía, calificó de imprudente la norma, cuando esta aún era tratada en la Cámara de Diputados;  señaló que esta “afecta el desempeño del sistema financiero y perjudica a una banca solvente” aseguró la cartera de Estado, a través de un comunicado. Sin embargo, el pasado lunes, el ministro de Economía  Óscar Ortiz indicó que su cartera se encuentra haciendo el análisis de esta norma tal cual ha sido sancionada en la Asamblea Legislativa, buscando el equilibrio entre los beneficios de los prestatarios como los ahorristas y las mismas entidades financieras. 

Borda: Si el Ejecutivo no promulga, la ALP lo hará

El diputado Víctor Borda, del Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo que  si el Ejecutivo se niega a promulgar la  ley que amplía los diferimientos de créditos hasta fin de año, él “no duda” de que la presidenta de la Cámara de Senadores Eva Copa lo hará.

“Si el Ejecutivo no promulga (la ley), la Asamblea, en la figura de la presidenta del Senado Eva Copa lo hará, no tengo duda de eso”, expresó el diputado y proyectista de la norma.

La Ley 720/2019-2020, que amplía los diferimientos de créditos hasta el 31 de diciembre de 2020 fue sancionada por la Cámara de Senadores el pasado 8 de agosto y remitida al Ejecutivo para su promulgación.

De acuerdo con el procedimiento, el Ejecutivo tiene 10 días hábiles para presentar observaciones a la norma sancionada, luego de los cuales debería promulgarla.

Según Borda, al momento el Órgano Ejecutivo no ha promulgado varias leyes que la Asamblea Legislativa sancionó en beneficio de la población, como la ley de alquileres, la ley de atención de la  Covid-19 en clínicas privadas y la ley de donación de plasma , entre otras.

“Estamos acostumbrados a que el Ejecutivo, en verdaderos actos de retardación de justicia, interponga recursos de consulta previa de constitucionalidad de las leyes, aun cuando la norma establece que solamente el Ejecutivo puede hacer esto cuando las normas emanan de él, mientras que cuando las normas salen de la Asamblea, sólo esta puede realizar consultas sobre la constitucionalidad de las leyes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)”, señaló.

 

 

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