Ortiz aclara: Se pagaron costos financieros y no intereses al FMI

El Gobierno garantiza que el dinero dado por el organismo internacional está en una cuenta especial y que no se ha utilizado por el rechazo de la Asamblea.
jueves, 10 de septiembre de 2020 · 00:11

Página Siete /  La Paz

El ministro de Economía  Óscar Ortiz  aseguró ayer que los desembolsos realizados al Fondo Monetario Internacional (FMI) son pagos por costos financieros y no por intereses. Entretanto, la presidenta del Senado  Eva Copa  denunció que el Gobierno canceló 1,6 millones de dólares por tasa de interés de un crédito que no está aprobado; por lo tanto, se iniciará un proceso penal.

“Obviamente hay un costo financiero porque se traspasó lo que se llama  derechos especiales de giro (DEG), que es una canasta de moneda que administra el FMI, el Banco Central de Bolivia (BCB) con eso subió su reserva. Esos recursos están en una cuenta especial que no se han utilizado por estas limitaciones de la Asamblea”, indicó la autoridad, tras su informe ante la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados.

El martes, la presidenta de la Asamblea Legislativa  Eva Copa denunció que el Gobierno transitorio pagó 1,6 millones de dólares al FMI por el crédito de 327 millones de dólares, sin que este haya sido aprobado ni sancionado por la ALP, lo que, dijo, vulnera la Constitución Política.

En criterio de Ortiz, los que están causando un perjuicio económico al país son los legisladores de la Asamblea, por impedir que se usen esos recursos y que hacen que se incurra en un costo financiero, sin que haya la posibilidad de aprovechar ese dinero para enfrentar la pandemia y reactivar la economía.

El ministro insistió en que los pagos que se hacen al organismo internacional no son por el préstamo de los 327 millones de dólares, que a la fecha no fueron aprobados, sino que es una devolución temporal de la cuota de participación, por lo  que hay que pagar comisiones.

Ante esta situación, Copa anunció ayer que se iniciará un proceso penal por daño económico al Estado contra la presidenta Jeanine Añez y el ministro Ortiz, por disponer del crédito de 327 millones del FMI sin el aval de la Asamblea Legislativa.

“Corresponde hacer un proceso penal por daño económico al país al Ministro de Economía y a la Presidenta (Jeanine Añez) porque ella está autorizando estos ingresos y porque es la MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva). Nosotros estamos preparando toda la documentación porque no puede ser que los bolivianos paguemos intereses de un crédito que no sabemos dónde ha ido. Está en nuestro país, pero no sabemos en qué lo están gastando”, manifestó en una entrevista con radio Kawsachun Coca.

Enfatizó que el proyecto de crédito con el FMI fue rechazado por unanimidad de las tres bancadas: el MAS, UD y PDC, en la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados; por tanto, corresponde que sea analizado por la próxima legislatura.

Agregó que lamentablemente el Gobierno de transición usa como campaña política el tema del crédito del FMI,   que en ninguna parte menciona que es para el Bono Salud, por lo que no puede ser utilizado para “otros fines”.

 

El presidente del Colegio Nacional de Economistas de Bolivia Jorge Akamine confirmó que este tipo de financiamientos externos requieren el pago de algunos costos financieros; por tanto, la Asamblea debería dar paso para su uso, tomando en cuenta que ya se tiene un déficit fiscal de más de 20.000 millones de bolivianos.

“Estos recursos tienen un costo financiero, estos 327 millones de dólares ya debían haber dado su fruto. Sin embargo, se han activado estos pagos financieros, que lamentablemente nos toca asumir. Lo que le queda ahora al Gobierno es renegociar las fechas para que se dilaten estos pagos y así no comprometer más las finanzas del país, que están en una situación complicada”, consideró el experto.

 

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