PGE: Valenzuela fue el que «más intervino» en caso respiradores

La Procuraduría estableció que el exasesor del MAS tuvo comunicación con Gabriela Montaño y Evo Morales. Pone en duda la firma de representante de IME.
lunes, 21 de septiembre de 2020 · 00:18

Página Siete / La Paz

La Procuraduría General del Estado (PGE) concluyó su investigación en el caso de los 170 respiradores españoles comprados supuestamente con sobreprecio en plena pandemia del coronavirus. Entres sus principales conclusiones señala que el exdirector jurídico del Ministerio de Salud  Fernando Valenzuela, exasesor de Gabriela Montaño, fue el que “más intervino” en la adquisición de dicho equipo médico.

“Es el servidor público (Fernando Valenzuela) que más ha intervenido en el proceso de contratación de los VVPP (respiradores), habiéndose extralimitado en sus funciones como director jurídico del Ministerio de Salud, incurriendo en acciones típicas de incumplimiento de deberes, porque con sus acciones favoreció a terceros y no precauteló los intereses del Estado”, se lee en el informe de 28 páginas de la Procuraduría.

“Su grado de participación es fundamental en inmediato, toda vez que se ha evidenciado una logística ya completamente consolidada para pretender ganancias con el presunto sobreprecio de los ventiladores pulmonares”, precisa la pesquisa.

El 19 de mayo de este año, Valenzuela fue detenido por la Policía como uno de los responsables de la  compra con supuesto sobreprecio de 170 respiradores de la marca española GPA Innova a la intermediaria, también española  IME Consulting. Los equipos, que por unidad tenían un precio de 7.194, fueron vendidos al Estado boliviano a  28.080 dólares, cada uno, y se pagó el 50% de su costo (2,2 millones de dólares de los 4,7). A esto se suma que no pudieron ser puestos en funcionamiento porque no venían con el software correspondiente y carecían de otras partes.

De acuerdo con  las investigaciones policiales, el día de su detención, Valenzuela, que guarda detención en la cárcel de San Pedro, habló por más de 16 minutos con Gabriela Montaño, exministra de Salud y expresidenta de la Cámara de Diputados, con la que trabajó en esas dos instancias de Gobierno. Montaño se encuentra en Argentina después de haber huido de Bolivia junto con el expresidente Evo Morales y otros funcionarios de Estado por el fraude electoral de 2019 que favoreció a su partido (MAS).

La Procuraduría también concluye que Valenzuela tuvo contacto con Gabriela Montaño, pero además con Evo Morales y otros dirigentes del MAS. “Fernando Valenzuela, exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Luis Fernando Humérez, tuvieron intercambio de llamadas con el expresidente Evo Morales, la exministra Gabriela Montaño, el hermano de la extitular y otras figuras del MAS”, indica la PGE

Otros implicados

El informe de la investigación de la Procuraduría también establece el grado de actuación en el caso del exministro de Salud Marcelo Navajas, en actual detención domiciliaria;  de Giovanni Pacheco, director general ejecutivo de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), instancia a través de la cual se realizó la compra de los respiradores; y de Alberto Lozada, cónsul general de Bolivia en Barcelona (España), además de  otras tres abogadas de la Aisem, y establece que  “ocasionaron daño económico al Estado y no precautelaron los intereses del mismo, por lo que habrían incurrido en incumplimiento de deberes y delitos penales a ser tipificados por el Ministerio Público”.

En el caso de Navajas, la pesquisa indica: “El exministro Navajas, al instruir en las formas y condiciones para adjudicar a la empresa IME Consulting, incurre dolosamente en los presuntos hechos de corrupción al haber aceptado una cotización con sobreprecio (...) por lo que su grado de participación y autoría es inmediata. La conducta típica y antijurídica se agrava toda vez que se ha generado un evidente daño al servicio público de salud”.

Procuraduría duda de firma  representante de IME

La investigación de la Procuraduría General del Estado establece  la existencia de “dudas razonables” respecto a si el contrato con IME Consulting para la compra de los respiradores fue realmente zanjado con la firma del representante legal de la empresa española.

La pesquisa encontró que la rúbrica es una imagen escaneada y pegada a los documentos que forman parte del convenio para la compra de los equipos.

“El contrato elaborado por la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (...) presenta dudas razonables en cuanto a la firma estampada por el representante legal de la empresa española IME Consulting, toda vez que se desconoce el procedimiento por el que se efectivizó la misma, lo que lleva a presumir que el contrato nunca fue firmado con puño y letra  del citado representante legal, presumiendo que este nunca estuvo en Bolivia, ni el contrato fue enviado a España, por lo que jamás se habría perfeccionado el mismo al contener una imagen escaneada y pegada con los documentos, aspecto que deberá ser definido por la instancia del IDIF”, dice la investigación de la Procuraduría.

 

 

 

 


   

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