Organizaciones: DS 4348 desconoce que Bolivia es centro de origen del maíz

Diversas organizaciones del país manifestaron su rechazo al nuevo decreto de Añez que permite la incursión al maíz transgénico en el país.
viernes, 25 de septiembre de 2020 · 18:39

Página Siete Digital

A tres días de conocerse que la presidenta Jeanine Áñez firmó el Decreto Supremo 4348 para la identificación de áreas para el uso de semillas transgénicas de maíz, con lo que se daría un nuevo paso en la incursión del uso de semillas genéticamente modificadas, sin consulta previa, más de cien organizaciones han manifestado su rechazo y aseguran que el efecto puede ser catastrófico en esferas económicas y sociales.

“Más de 100 organizaciones de la sociedad civil para la suspensión de los Decretos Supremos 4232 y 4238 que autorizan los transgénicos en Bolivia, debido a que exacerban las condiciones que incentivan la deforestación y representan un atentado al patrimonio genético y cultural de nuestro país, así como a la salud pública de la ciudadanía que han refrendado la Constitución (Política del Estado) que les garantiza una alimentación sana y saludable, en respeto de la soberanía y seguridad alimentaria”, se lee en el pronunciamiento dado a conocer por organizaciones como el Cejis, Cipca, Tierra, Iffi, Cepac, Aclo, Semta, Repam, Aplab, Ecotambo, Senda Verde, entre otras.

El DS firmado por Añez el martes, indica que se procederá a la identificación de zonas de cultivo para la “coexistencia” de las semillas nativas del maíz y las genéticamente modificadas.

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Ya el pasado 7 de mayo, de manera sorpresiva, la Presidenta aprobó el Decreto Supremo 4232, que da vía libre para que a Bolivia ingresen semillas transgénicas de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, a través de procesos abreviados, en contraposición a lo establecido en la Constitución Política del Estado.

Diversas instancias observaron que sin estudios propios, Bolivia evaluará los cinco cultivos transgénicos en procesos abreviados tomando experiencias de otros países.

Al respecto, el abogado experto en asuntos indígenas y medioambientales, Leonardo Tamburini, señala que con el DS 4348 se aprueba el maíz transgénico.

Remarca que se trata de un “patrimonio genético” del que “Bolivia es centro y origen, no el Chaco o los Andes, Bolivia es el centro, por tanto el Estado Plurinacional es responsable de cuidarlo y protegerlo (...) ¿cuántas normas ya van de este gobierno que atropellan el medioambiente y la Madre Tierra, por tanto la Constitución Política del Estado (CPE)?”, lamentó, a través de un mensaje escrito en su red social de Facebook.

En ese sentido plantea que todas las determinaciones tomadas por el Gobierno transitorio en relación a esta temática, sean declaradas nulas por el Gobierno que resulte electo el próximo 18 de octubre, por ser atentatorias a los derechos ambientales y a la vida.

“Planteo sinceramente que en los temas de normativa ambiental, las nuevas autoridades que emerjan de las elecciones de octubre tomen la decisión -para este período de transición iniciado en noviembre pasado, parecida a la que se tomó respecto a la emitida durante el gobierno de García Meza- de declarar nulas todas las resoluciones, decretos y demás normas relativas a este tema, por ser totalmente parcializadas, todas contrarias a la CPE y las leyes, pero además por ser ilegítimas, en tanto un gobierno de transición no puede hipotecar la naturaleza en favor de una visión de desarrollo que es totalmente contraria a la que funda nuestra Constitución”, manifiesta.

Y agrega que si bien el debate del modelo de desarrollo es impostergable e indispensable, deberán ser las nuevas autoridades quienes tengan la tarea de generar dicha discusión.

Asimismo, la Plataforma Agroecológica del Trópico, Subtrópico y Chaco, conformada por productores, recolectores, apicultores, transformadores, consumidores, científicos y activistas, tras conocer el nuevo decreto de Añez, a través de un pronunciamiento titulado: “nuestra Bolivia amenazada, otra vez el agronegocio quiere dar un golpe bajo a la biodiversidad boliviana”, denunciaron que el Gobierno transitorio continúa impulsando normas atentatorias a la diversidad genética.

En ese sentido, calificaron la norma como “una nueva amenaza que se cierne contra nuestros recursos naturales por parte del gobierno de transición que mediante Decretos Supremos pretende dar curso a cada una de las exigencias del agronegocio, olvidando que Bolivia tiene una ventaja con relación a otros países y esa es su alta diversidad genética, vale decir, somos ricos en biodiversidad, tenemos de todo y debiéramos saber aprovecharlo”.

“Es como si tuviéramos la gallina de los huevos de oro y los políticos de la mano del agronegocio nos quieren hacer creer que es matando a la gallina que tendremos bienestar, quieren que los bolivianos creamos que seis no es igual a media docena y por lo mismo, tengamos que permanecer callados y sumisos ante cada uno de los Decretos que a mansalva se han emitido con consecuencias graves para nuestra mayor riqueza; la biodiversidad y la seguridad y soberanía alimentaria”, señalan.

Manifiestan que el nuevo Decreto Supremo está “desconociendo que Bolivia es centro de origen del maíz, que la CPE y las leyes prohíben cualquier incursión de semillas genéticamente modificadas (transgénicos), y como pretendiendo tapar el sol con un  dedo, con el DS 4348 del 22 de septiembre de 2020, el gobierno de la señora Añez, una vez más se pone al servicio del agronegocio y pretende entre otras cosas, ´regionalizar´ el uso de los recursos genéticos”.

Indican que ese tipo de determinaciones no pueden hacerse efectivas mediante decretos supremos y denuncian que "el DS 4348 pretende generar las bases territoriales para introducir los transgénicos so pretexto de identificación y regionalización de las variedades, por lo mismo, es un decreto de mala fe, que ha sido promulgado aprovechando la pandemia y el momento político que vive el país”.

Advierten que con las normas mencionadas, se ponen en peligro de contaminación de las 2.137 accesiones distribuidas en todo el país y las 49 razas de maíz que hay en el territorio nacional. 

“Creemos que promover la regionalización de los transgénicos, es una ofensa a nuestra inteligencia, es creer que con un decreto se puede prohibir el flujo de genes de una región a otra, de un territorio a otro, de un departamento a otro, de una comunidad a otra, eso es un absurdo, es como querer evitar que el Covid-19 pase de una región a otra región por decreto. Los genes y microorganismos: no respetan fronteras”, se lee.

Asimismo, observan que el Iniaf estaría incurriendo en el delito de incumplimiento de funciones y deberes, violando la CPE y varias leyes que prohíben la introducción de transgénicos, y recuerdan que su función es la de proteger y administrar los recursos genéticos que son patrimonio del Estado y por lo tanto de todos los bolivianos.

 

 


   

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