Asoban y empresarios advierten que la estabilidad financiera está en riesgo

Página Siete/ La Paz

La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) y los empresarios privados  advirtieron  que la estabilidad del sistema  financiero del país está en riesgo tras el acuerdo suscrito por el Gobierno con el transporte para postergar seis meses más el pago de créditos  con la modalidad de períodos de gracia. 

El secretario ejecutivo de Asoban, Nelson Villalobos, indicó que para el sector este convenio se constituye en un nuevo diferimiento de seis meses,  en los que la banca no percibirá ningún  ingreso por la devolución de los préstamos canalizados y que se suma a los últimos 10 meses en los que  se postergaron los pagos.

“Para Asoban esta medida es un duro golpe y pone en peligro la estabilidad del sistema,  dada la heterogeneidad de entidades que lo componen.  Hay entidades  grandes, medianas y pequeñas, y todas pueden ser afectadas de diferente  manera con este acuerdo”, alertó.

Según Asoban, el  acuerdo logrado por los transportistas genera un peligroso antecedente para la cultura de pagos, lo que prolongará la situación de falta de recursos líquidos en el sistema bancario y postergará aún más la capacidad del sector para apoyar  la reactivación económica.

 La Asociación  recuerda que el país atraviesa   por una crisis económica y sanitaria,  y “con este diferimiento adicional se pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero, lo que creará condiciones desfavorables para que las personas, emprendedores y empresas accedan a recursos para reencaminar sus actividades económicas”. Refiere que antes de este acuerdo, el Gobierno señaló que cualquier medida que postergue el pago de los créditos,  más allá de lo planteado por la ASFI,  en el Programa de Reprogramación y Refinanciamiento con cuatro meses de gracia,  planteados en principio, representaba una amenaza a la estabilidad del sistema financiero. 

“La banca no entiende este súbito cambio de posición de las autoridades sectoriales, al acordar con el sector del transporte seis  meses de gracia, sin pago de capital ni intereses, lo que representa prácticamente un diferimiento que se suma a los 10 meses del año pasado”, remarcó.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó su  preocupación por la decisión gubernamental de ampliar una vez más los plazos para pagar los créditos bancarios diferidos, debido a que esa determinación motivada por la presión de un sector, produce el corte del flujo de recursos y debilita la moral de pago construida en décadas, poniendo en riesgo la estabilidad de todo el sistema financiero.

Señala que si la recuperación de cartera e intereses es cortada,  las entidades financieras afrontarán dificultades para otorgar nuevos préstamos y, eventualmente, tendrán problemas para realizar sus operaciones. “Esto   puede atrasar aún más la recuperación económica”, afirma.

Para la CEPB, decisiones como las tomadas por el Gobierno en este tema, pueden derivar en el debilitamiento de la institucionalidad económica y la afectación de la confianza del público. “Asimismo, la señal que envían las autoridades, que cedieron en una exigencia que inicialmente habían rechazado por los riesgos que conlleva, es que la presión genera resultados, de modo que este desenlace tiene el potencial de extenderse a otros sectores, afectando seriamente los balances de la intermediación financiera”, sostiene  la CEPB.

Según  los empresarios, la  búsqueda de soluciones debe ser un factor de unidad y no de división ni de medidas desequilibradas que por favorecer a unos perjudica a otros.

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) señaló que la decisión gubernamental genera un ambiente de incertidumbre,  desequilibrio financiero y deterioro del clima de negocios. 

La viceministra de Pensiones, Ivette Espinoza, aclaró que sólo el 10% la cartera de préstamos ha ingresado en diferimiento. “Hay  que aclarar frente a lo que establecieron Asoban y Asofin que dicen que esto  les afecta y que no tendrían liquidez. De total de la cartera, sólo  el 10% ha sido diferido,  no es que el total ha sido diferido, las empresas han estado pagando créditos”, precisó.

Asofin alerta  consecuencias por acuerdo

La Asociación de Entidades Especializadas en Microfinzas (Asofin) expresó  su rechazo  al acuerdo suscrito  por el Gobierno con el  transporte por las “severas consecuencias que puede tener sobre la estabilidad del sistema financiero nacional”. 

“Ese acuerdo representa un pésimo antecedente para la cultura de pago, ya severamente afectada en el pasado inmediato y no contribuye a mejorar la situación de liquidez en nuestras entidades asociadas”, alerta.

“Estamos frente a una difícil situación de posible contracción del crédito, que no permitiría a los microempresarios y pequeñas empresas pueden rehabilitar sus actividades, accediendo a  nuevos recursos”, dice Asofin en un comunicado.

De acuerdo con la Asociación,  el acuerdo firmado con los transportistas demuestra un inexplicable cambio de posición de las autoridades de Gobierno que hace pocos días, con acierto, declaraban que un nuevo diferimiento podría poner en riesgo la estabilidad del sistema.

  El Gobierno niega atentado a  la estabilidad 

Página Siete  / La Paz

El Ministerio de Economía,  en un comunicado,  desmintió el supuesto atentado contra la estabilidad y vulneración del sistema financiero, expresado por Asoban en un comunicado que criticó el acuerdo suscrito con el sector transporte. 

Esa cartera de Estado reiteró  a las entidades de intermediación financiera el compromiso de responsabilidad que tienen con la población  y las convocó a sumarse al esfuerzo del Gobierno para lograr un futuro con estabilidad y retomar la senda del crecimiento económico.

Resalta la  vocación de diálogo del Gobierno que, luego de haber escuchado a distintos sectores sociales, vio  por conveniente hacer una apuesta decidida para recuperar y reafirmar la cultura de pago,  característica del pueblo boliviano.

 Además de dar un proporcional apoyo a quienes fueron afectados por la pandemia de la  Co- vid-19, para que puedan sostener y dar continuidad con los proyectos basados en financiamientos. En este contexto es necesario el concurso tanto del Gobierno como del sistema financiero.

Según el Ministerio de Economía,  las determinaciones asumidas en el acuerdo suscrito con el sector del autotransporte,  y que además benefician al conjunto de los prestatarios que hubieran diferido sus créditos, se amparan en lo dispuesto en la Constitución Política del Estado (CPE), artículo 330, que   faculta al Gobierno a regular el sistema financiero sobre la base de criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa.