UIF crea categoría de «persona expuesta políticamente»; notarías deberán dar información

Los notarios tendrán que remitir trimestralmente su base de datos.
miércoles, 13 de octubre de 2021 · 10:01

Página Siete Digital

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) creó la categoría de "persona expuesta políticamente" (PEP) e instruyó a las notarías de fe pública entregar información sobre operaciones "sospechosas".

La institución estatal difundió un instructivo dirigido a las notarías, en el que explica la creación de la figura de PEP y cómo las oficinas notariales deberán entregar una base de datos actualizada de forma trimestral.

El instructivo especifica que una PEP es aquella persona que "cumple funciones públicas prominentes dentro del país, en calidad de titulares o interinos, como por ejemplo los servidores públicos de alto nivel de los Órganos del Estado, del Tribunal Constitucional, del Ministerio Público, militares o policías de alto rango, ejecutivos de alto nivel de empresas o corporaciones estatales, dirigentes de partidos políticos importantes y otros que cumplen funciones prominentes y/o de toma de decisiones". 

La condición de PEP se mantendrá hasta 10 años después de que la persona haya cesado en sus funciones y los "sujetos obligados" (los notarios y notarias) deberán remitir a la UIF "trimestralmente su base de datos actualizada de clientes PEP, hasta el 20 del mes siguiente a través del sistema definido por la UIF".

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Sobre la instrucción a las notarías para entregar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), justifica la medida para la prevención de la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

"Todas las notarias y los notarios de Fe Pública en el territorio nacional deben remitir los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y el Reporte (PEP) a través del Sistema Informático SISO V2 en los plazos establecidos en el Parágrafo I del Artículo 22 y el Parágrafo V del Artículo 17 del referido instructivo, respectivamente”, se lee en el comunicado de la UIF de fecha 30 de septiembre, al que accedió ANF.

El abogado constitucionalista Williams Bascopé denunció que esta resolución administrativa vulnera derechos constitucionales establecidos en el artículo 56 referido al derecho a la propiedad privada y el artículo 21 sobre el derecho a la intimidad, que tiene que ver con su hogar, su patrimonio, sus movimientos económicos.

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Por ello recomendó presentar una acción constitucional de acción de privacidad, conocida como hábeas data. “Se puede plantear este recurso. ¿Por qué están clasificando a las personas con esta categoría?”, cuestionó, según Brújula Digital.

El hábeas data es una acción jurisdiccional propia del derecho, normalmente constitucional, que confirma el derecho de cualquier persona física o jurídica para solicitar y obtener la información existente sobre su persona, y de solicitar su eliminación o corrección si fuera falsa o estuviera desactualizada.

“El Estado tiene derecho de vigilar pero no es un Estado policial que se meta a la intimidad del ciudadano y al patrimonio con el argumento de lucha contra lo ilícito, eso no es un Estado de carácter constitucional, es un Estado de carácter fascista sindical”, aseveró Bascopé.

Etapa de identificación y verificación

La resolución administrativa de la UIF establece para la etapa de identificación, que el sujeto obligado debe solicitar la información que permita determinar la identidad de un cliente, su personal dependiente y/o beneficiario final, ya sea persona natural o jurídica.

En la etapa de verificación el sujeto obligado debe verificar la información proporcionada por su personal dependiente y de sus clientes, con documentos, datos o información. Asimismo, debe tomar las mismas medidas para verificar la identidad del beneficiario final.

Por su parte, el sujeto obligado aplicará la debida diligencia examinando los actos o acciones realizadas durante la prestación del servicio notarial, con el fin de asegurar que los mismos, sean consistentes o compatibles con el conocimiento que tiene sobre el cliente, beneficiario final, personal dependiente, actividad societaria, incluido el origen de los fondos para realizar la compra-venta o para inversión y garantizar que los documentos, datos e información que se disponga sean veraces.

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El funcionario responsable debe guardar confidencialidad y reserva del ROS y de la documentación relacionada, para permitir el acceso irrestricto a la UIF como parte de sus atribuciones.

El funcionario responsable no podrá poner en conocimiento del cliente ni de persona alguna, el hecho de que está entregando a la UIF el reporte de la operación sospechosa e información relacionada, bajo responsabilidad.

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