SIN asegura que Ley de Antilegitimación respeta CPE y Código

El presidente de Impuestos dice que se garantiza la confidencialidad tributaria.
sábado, 9 de octubre de 2021 · 05:00

Página Siete  /La Paz

El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, aseguró que el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo “respeta la Constitución Política del Estado y el Código Tributario boliviano”. El Gobierno socializa la norma.

Un comunicado emitido por el SIN señala: “El Servicio de Impuestos Nacionales  aclara a la opinión pública que su presidente ejecutivo, Mario Cazón, declaró  en la ciudad de Santa Cruz que el Proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo respeta la Constitución Política del Estado y el Código Tributario boliviano y que en ningún momento dijo que no era conveniente su aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional”.

El miércoles, Cazón realizó declaraciones en Santa Cruz. El comunicado del   SIN recalca  que el  presidente de Impuestos defendió entonces la legalidad del proyecto de ley :  “Respeta lo que señala  la CPE y taxativamente el Código Tributario, que en el Artículo 67 establece la confidencialidad de la información”.

El boletín institucional sostiene  que cuando Cazón declaró en Santa Cruz: “No sé por qué habrán planteado eso”, la autoridad “se refería expresamente a las objeciones de la oposición que señalaban que con la vigencia de la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo se levantaría la confidencialidad de la información, siendo que el Artículo 67 del Código Tributario garantiza la confidencialidad de la información”.

El artículo 67 del Código Tributario denominado Confidencialidad de la información tributaria dice: “I. Las declaraciones y datos individuales obtenidos por la Administración Tributaria  tendrán carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o procedimientos cuya gestión tenga encomendada y no podrán ser informados, cedidos o comunicados a terceros salvo mediante orden judicial fundamentada, o solicitud de información de conformidad a lo establecido por el Artículo 70 de la Constitución”

El Gobierno socializa estos días  la norma,  que es cuestionada por varios  sectores sociales.

 

 

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