Analistas: El Gobierno retiene recursos por falta de liquidez

Expertos del sector observan desesperación por la falta de recursos que experimenta el Ejecutivo. La retención de fondos vulnera la autonomía, aseguran.
sábado, 27 de febrero de 2021 · 05:24

Página Siete / La Paz

La decisión del Gobierno de retener recursos de Santa Cruz, debido a un presunto incumplimiento de contraparte local para una carretera en la región, responde en el fondo a la falta de liquidez del nivel central y es una vulneración a la Ley Marco de Autonomías, coincidieron dos analistas.

En 2015, la Administración Boliviana de Carreteras (ABC) suscribió el contrato con la empresa china Railway, obra que cuesta 253 millones de dólares, es financiada en un 85% por un crédito del Eximbank (215 millones de dólares ) y un aporte del 15% de la Gobernación de Santa Cruz (40 millones de dólares). Este último proviene de un fideicomiso  otorgado por el Fondo Nacional de Desarrollo Rural (FNDR).

El jueves el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, denunció   como irregular el débito de 47,9 millones de bolivianos de las cuentas de la entidad  departamental,  presuntamente por incumplir la contraparte para construir la carretera.

Sobre el tema, el analista económico Alejandro Arana afirmó que el débito automático aplicado por el Ministerio de Economía, no sólo vulnera la Ley Marco de Autonomías, sino que constituye una “abusiva e irregular apropiación” de bienes departamentales de parte del Gobierno.

“El débito tiene su origen en la iliquidez del Gobierno nacional y su consiguiente incapacidad para cumplir con sus compromisos financieros, correspondientes a la  contraparte local que debe entregar para el proyecto carretero El Espino-Charagua-Boyuibe, cuyo principal financiador es el Gobierno chino, a través del Eximbank”, mencionó el analista.

En su explicación, la contraparte local que la Gobernación debía proporcionar del 15% (40 millones de dólares),  fue desembolsada de manera regular.

“Sin embargo, lo que el Gobierno central convenientemente olvida mencionar es que los pagos que la Gobernación debía realizar tenían como fuente recursos provenientes de un fideicomiso (FNDR), dinero que hasta la fecha  no se ha desembolsado a cabalidad, a pesar de constar en actas todos los proyectos que debían ser financiados con esos ingresos, entre los que se encuentra El Espino-Charagua-Boyuibe”, aclaró Arana.

 Además se  ignora, dijo,  que en el convenio intergubernamental entre la  ABC y la Gobernación  se señala que el aporte local  tendrá  como única fuente de financiamiento los recursos provenientes del fideicomiso.

El analista indicó que el Gobierno no puede desconocer estos antecedentes, al tomar en cuenta que en ese entonces Luis Arce era el ministro de Economía.

“Lo anterior no sólo demuestra una desesperación por la falta de recursos que experimenta el Gobierno central, sino las malas decisiones a la hora de invertir los pocos recursos con los que sí cuenta, ya que recientemente inyectaron más de 37 millones de bolivianos para salvar a la empresa BOA, una de las muchas empresas públicas deficitarias que crearon y que siguen manteniendo”, cuestionó.

Entretanto, el vicepresidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Juan Pablo Suárez, lamentó que los débitos automáticos que se hacen desde el Órgano  Ejecutivo vulneren   la autonomía.

 “El Gobierno central  mete la mano cuando quiere a las cuentas de un gobierno autónomo departamental como sucede con Santa Cruz. Eso  demuestra que no hay autonomía. El hecho de sacar dinero de cuentas particulares también refleja  que lo hacen  por la crisis económica”, añadió.

En criterio de Suárez, el  Gobierno ya no sabe de dónde sacar dinero, pese a que “maneja” el 86% de los recursos del país.  El 14% restante se distribuye entre las nueve gobernaciones, los 339 municipios  y las universidades.

Demanda de Sucre

Este medio informó que en  1989 la Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado (Elapas) de Sucre gestionó una deuda  de más de 350 millones de bolivianos con el Gobierno de Alemania,  mediante el nivel central,   que  fue condonada en 2000. Pese a ello, los cobros continúan y la deuda vence en 2071.

Al respecto, la exdiputada Lourdes Millares dijo que esa es  una deuda imposible de pagar, por eso en 2020 se impulsó  un proyecto de ley que condona el pago, pero no se lo promulga.

“Luego de  aprobarse en las dos cámaras de la Asamblea,  correspondía que Sergio Choque, como presidente de Diputados,  la sancione y remita al Órgano Ejecutivo, pero no se lo  hizo. Ahora el actual presidente (Freddy Mamani) debía remitir al Ejecutivo, lo que no sucede hasta ahora. Entonces se han hecho la burla de Sucre y Potosí y eso es un acto de omisión”, enfatizó.

Para Millares,  con esta actitud política de parte de la Asamblea, es el Gobierno el  que  tiene que analizar el tema y darle una solución, de lo contrario provocará que Chuquisaca se movilice desde la siguiente semana.

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